Sin mucho ruido, en asambleas de ciudadanos, se gestiona una iniciativa para remozar las instituciones del Estado y cambiar el actual gobierno. Ya cuentan con firmas para llamar a una ANC, las cuales serán verificadas por organizaciones nacionales e internacionales, pues sus promotores alegan que, por ser una idea popular, no requiere aval del CNE o TSJ.
Caracas. Aunque a simple vista pueden verse discrepancias en la oposición, desde diversos sectores sociales no solo describen al actual gobierno como “una dictadura”, sino que han optado por enfrentarlo mediante una estrategia de “guerra de guerrillas”. Por un lado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) enarbola la bandera de las elecciones regionales para 2017 como un táctica política de obligar a Miraflores a reconocer el derecho al voto —conquistado en el país hace 71 años—; y, por el otro, hay movimientos que propugnan lo que consideran es “la última carta u opción”: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ACN) en un plazo de 120 días.
El trabajo se desarrolla desde 2011 sin que tuviera acogida en factores de la alianza opositora. Sin embargo, al ver que el referendo revocatorio, la enmienda y reforma constitucional fueron bloqueadas por el oficialismo, el grupo Asamblea Nacional Constituyente Originaria (ANCO) resolvió moverse en 2016 y, desde el pasado 17 de enero, anunciaron que emprenden la cruzada por conseguir las firmas que requieren para activar este mecanismo constitucional, cuyo fin sería redactar una nueva Constitución y cambiar toda la estructura del Estado —desde el Ejecutivo hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Firmas adelantadas
La meta es conseguir 15 % de firmas del Registro Electoral —3 millones de votantes—, aunque ya el trabajo está adelantado y ha sido ejecutado sin mucho escándalo por medio de asambleas de ciudadanos que se han hecho en todos los estados del país en 2016.
Uno de los promotores, el exministro Enrique Colmenares Finol, explicó que los responsables de esta tarea son las “juntas activadoras de la ANC”, las cuales hacen vida en los 23 estados y en Distrito Capital de forma sencilla: contactan a la junta nacional a través de los e-mails: ancoficial@gmail.com y ancoficial@hotmail.com y les informan cómo y cuándo pueden ser recibidos.
El plazo es que la ANC funcione en 4 meses, pero para ello deben recoger las firmas y concretar las “juntas” en aquellos lugares que falten. Colmenares Finol aseguró que cuentan con apoyo político internacional e instituciones dispuestas a verificar las firmas, resguardar la identidad de quienes avalen la propuesta constitucional y evitar otra “Lista Tascón” —de exclusión y persecución.
“No habrá intervención del Poder Constituido [es decir poderes como Ejecutivo, Electoral y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] porque se trata de una iniciativa popular; las firmas y las planillas no tienen que ser aprobadas por el CNE, sino que son presentadas por los ciudadanos en asambleas que tienen carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades. ‘Se trata de un acto de rebeldía ciudadana’”, adujo.
No obstante, admitió que el oficialismo bloqueará una eventual constituyente por lo que instó a los ciudadanos a luchar: “La pelea no es fácil pero se logrará porque contamos con apoyo nacional e internacional. 90 % del país quiere un cambio, incluido el chavismo, que son bienvenidos. La AN es para la reconciliación, no para la venganza. La constituyente tiene el aval de 75 % de los venezolanos”.
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La iniciativa de ANCO no discrepa de otras ideas de la MUD. Por ejemplo, Colmenares Finol dijo que participarán en la marcha del 23 de Enero en Caracas, convocada por la Mesa, para hacer presión por las elecciones regionales y comicios generales.
ANCO presentó las líneas de acción en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, que se caracterizó por la condena contra el Gobierno por reprimir la disidencia y por llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a respetar y hacer respetar la Constitución.
El otro dato fue la dirigencia presente: la exmagistrada Blanca Rosa de Mármol; el exsenador del Movimiento V República, Luis Alfonso Dávila —exaliado de Hugo Chávez—; el exsenador de La Causa R, Alexander Luzardo; los dirigentes de Copei, Nelson Maldonado, Nelson Chitty La Roche, Oswaldo Álvarez Paz, y Apolinar Martínez; Egildo Logan (secretario de Gente Independiente); Tinedo Guía (presidente del Colegio Nacional de Periodistas); Augusto Uribe; José Gil Yépez (Datánalisis); y organizaciones como Electores Libres; Nuvipa; IPP; OPG; y BR.
“El fin no es solo hacer una Constitución sino rescatar la soberanía popular”, afirmó Mármol de León.
En otras palabras, sacar a los representantes de los poderes Ejecutivo, Moral, Electoral, Judicial y Legislativo y sustituirlos por nuevas autoridades que respeten y acaten las leyes y no se subordinen a gobernantes algunos.
“La FANB no puede estar bajo mando de militares de Cuba. ¿Dónde están nuestros oficiales?”, pregunta la exmagistrada. Empero, Mármol considera que Nicolás Maduro ya no es presidente de la República por cuanto fue declarado su “abandono del cargo” y lo que procede es la elección de un nuevo mandatario:
“Maduro está de facto; no es constitucionalmente presidente del país por violar los derechos, descuidar su función y por doble nacionalidad. Es un gobierno sin validez: es una dictadura y los responsables de garantizar los derechos, como la fiscal general, tendrán que responder”.
Foto referencial: Prensa Miraflores
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