También entran a sus casas, los tildan de terroristas, les dejan mensajes intimidantes. Pasan sus datos a los cuerpos de seguridad y montan falsas acusaciones para debilitar el tema de las denuncias.

Caracas. Velar por el bienestar de un vecino o un líder comunitario es una tarea no muy bien vista por personeros del Gobierno y cuerpos de seguridad del Estado.

Este viernes, durante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), su presidenta Delcy Rodríguez, dijo que van a ir tras la derecha fascista. No crean que vamos a esperar semanas, meses o años. Desde mañana empezamos a actuar, fueron parte de sus declaraciones durante el acto realizado en el salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo.

La persecución a quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro es el pan nuestro de cada día. Desde que se iniciaron las protestas el pasado 1° de abril en contra de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, y luego para rechazar el llamado a la ANC, los líderes de las comunidades sienten marcado a sus espaldas el paso de los cuerpos represivos y de los consejos comunales de sus zonas.

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Se esconden o dan la cara, pero cuando ejercen su derecho a la denuncia, las amenazas también recaen sobre quieren defienden sus Derechos Humanos (DDHH).

Andrés Colmenarez, director de la ONG Funpaz, que trabaja en beneficio de los DDHH, denunció que el trabajo que hacen se criminaliza en el momento en el que apoyan a una persona de tendencia opositora.

Es constante el señalamiento, sobre todo a través de las redes sociales, e incluso en la calle. Estando en una cadena de comida rápida con mi familia una señora me identificó y me dijo terrorista financiado por el imperio. Quizás eso no es trascendental. Pero forma parte de la cadena de hostigamiento.

Citó el caso de Ehisler Vásquez, quien recibió muchas heridas de perdigonazos en 2013 y que ahora trabaja en la ONG. Este muchacho ha recibido mucha presión pues vive en una zona popular de Barquisimeto.

Su casa está muy cerca del hospital Pastor Oropeza del Seguro Social, donde hacen vida grupos oficialistas y la milicia.

Hace dos semanas en esa zona atacaron una sede del Ministerio Público y él recibió citación del Cicpc, luego de ser señalado por los consejos comunales de su sector como uno de los promotores de la quema. Esa denuncia infundada generó una alerta de Amnistía Internacional, porque lo que se ostenta es criminalizar de labor de investigación y documentación de las denuncias.

Nelson Freites, sociólogo y director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Ucla en Lara, y su pareja, representante en Lara de Transparencia Venezuela, recibieron un ataque en su casa. Irrumpieron en su hogar y les dejaron mensajes intimidatorios por ser activistas de los DDHH.

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¿Qué están haciendo las ONG?

Según Colmenarez, están reivindicando el derecho a la denuncia. Lamentablemente, muchos han perdido confianza por la inacción del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Pero siempre es necesario, dijo, que la víctima haga la denuncia púbica, siempre y cuando no haya peligro de muerte. “Si es muy grave el hostigamiento y la persecución les aconsejamos ponerse en resguardo en un sitio seguro alejado de la casa”.

En casa de herrero, cuchillo de palo

Cabe destacar que el pasado mes de julio, el Gobierno envió un comunicado rechazando las agresiones a líderes sociales en Colombia. Un discurso que no profesa en su propia tierra, donde hay dirigentes comunitarios, como Carlos Julio Rojas —quien además es periodista—, que están siendo juzgados por un tribunal militar y los otros tantos casos de ciudadanos de a pie que por el simple hecho de tener una posición política y no “tener caretas” en el barrio, son amenazados por representantes de las comunas y de los Clap.

Aquí el comunicado:

 

Foto referencial: Archivo Crónica.Uno



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