Gilber Caro y Renzo Prieto, ambos de Voluntad Popular, fueron recibidos entre abrazos, lágrimas y las letras del himno nacional. Otros presos políticos con medidas cautelares como Raúl Baduel (hijo) y Daniel Ceballos también estuvieron presentes. La AN acordó solicitar a la fiscal de la Corte Penal Internacional que visite Venezuela. También crearon comisión de seguimiento a los acuerdos de Cúcuta.

Caracas. El aire que se respiraba este martes en los jardines, pasillos y salón de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) era una mezcla de alegría y recogimiento. Dos integrantes de la cámara que habían permanecido presos pese a gozar de inmunidad parlamentaria se reincorporarían este martes.

El primero en llegar —a eso de las 10:20 a. m.— fue Renzo Prieto, diputado suplente proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en diciembre de 2015. Prieto no había podido juramentarse ni ejercer su diputación porque el 15 de julio de 2016, la Sala Constitucional del TSJ determinó que, por tratarse de un suplente, no le amparaba la inmunidad parlamentaria, ni le era aplicable la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia que dictaba el cese de la prisión para los funcionarios electos por voto popular. El pasado 10 de mayo, Prieto cumplió 4 años tras las rejas.

El diputado pasó a la antesala de sesiones donde ya se encontraban otros presos políticos que recibieron medidas cautelares durante el fin de semana y a quienes el Parlamento rendiría un homenaje: Raúl Baduel (hijo), Alexander Tirado, José Vicente García, Tony Real y Gabriel Vallés. Más tarde, ya iniciada la sesión, se incorporaría también Daniel Ceballos.

A las 11:00 a. m. llegó Gilber Caro, luego de cumplir 17 meses preso, 12 de ellos en aislamiento. Antes de su captura en enero de 2017, Caro no solo se había juramentado como diputado suplente, sino que se había incorporado activamente al trabajo parlamentario. Expertos en derecho constitucional y derecho parlamentario han afirmado que su captura violó flagrantemente el artículo 200 constitucional que establece el alcance de la inmunidad parlamentaria y el procedimiento para la detención de un diputado en caso de flagrancia.

Pasado el mediodía, instalada la plenaria y leída el acta de la sesión anterior, el presidente del Parlamento, Omar Barboza (UNT-Zulia), sin ocultar su satisfacción, designó a una comisión para la verificación de las credenciales de Prieto. Posteriormente el diputado ofreció unas breves declaraciones a la prensa.

Con los brazos abiertos

El diputado Edgar Zambrano (AD) fue el encargado de verificar las credenciales de Prieto e informar a la presidencia la legalidad de la documentación que lo acreditaba desde diciembre de 2015 como diputado.

Luego de tomarle juramento, en medio de los vítores, abrazos y aplausos de la cámara, Barboza expresó: “Queda usted juramentado y lo recibimos con los brazos abiertos en esta Asamblea Nacional donde siempre ha debido estar por decisión del pueblo de Venezuela”.

Los diputados de la oposición entonaron el coro y la primera estrofa del Himno Nacional en señal de bienvenida a sus compañeros perseguidos políticos, pues pese a estar fuera de prisión, tienen prohibición de salida del país, orden de presentación periódica y prohibición de declarar a los medios de comunicación sobre sus casos.

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De inmediato, Barboza tuvo emotivas palabras de bienvenida para Caro, quien subió hasta el segundo piso del palco de invitados donde desde enero de 2017 estaba colgado un contador de los días de su presidio y visiblemente emocionado gritó: “¡Por Venezuela, por la libertad!”, mientras desprendía la gigantografía.

Liberar al opresor y al oprimido

Excarcelados por el Gobierno el fin de semana recibieron un homenaje en el Parlamento/ Foto Maru Morales P., Crónica Uno

En presencia de los recién excarcelados, diputados y dirigentes políticos de la oposición, el pleno denunció una vez más la existencia de presos por disentir en Venezuela, uno de los signos, dijeron, de la falta de democracia en el país.

Adriana Pichardo (VP), una de las diputadas más comprometidas con la visibilización y libertad de los presos políticos, subió al podio de oradores y le solicitó a todos los excarcelados presentes en la cámara que le acompañaran.

“Ellos son la prueba de que en Venezuela hay presos y secuestrados por el Gobierno por el simple hecho de pensar distinto”, dijo y a continuación le cedió la palabra a Caro.

El diputado suplente por el estado Miranda contó detalles de su presidio que calificó como “secuestro”. Dijo que estuvo aislado 12 de los 17 meses que duró su cárcel. Que no se le permitía ver la hora y que por no tener contacto con ningún otro ser humano, nunca sabía si era de día o de noche. Que le prohibieron el acceso a cualquier libro que tuviera la palabra democracia y que el único libro que le permitieron, la Biblia, le fue arrebatado. Que su celda medía 2 metros por 4 metros, sin nada más que una sábana. Que le hicieron pasar mucha hambre y mucha sed. Contó que a su hija de 12 años solo la pudo ver tres veces en un año, la más reciente hace un par de semanas. Que le dieron de comer comida “que ni a los animales se les da”. Dijo también que en una oportunidad lo mantuvieron esposado durante 9 días con sus noches, encerrado con otros dos presos.

Pese a todo ello, en ningún momento de su discurso, Caro transmitió palabras de venganza ni revancha contra sus carceleros. En ese año traté de no llenar mi corazón de odio. Le pedí a Dios la fuerza para orar por nuestros opresores. Mandela dijo una vez que nadie nace odiando y que el ser humano en el camino aprende a odiar o a amar. El que arrebata la libertad de otro es preso del odio y la maldad. Necesitamos liberar tanto al opresor como al oprimido para ser verdaderamente libres, fue su reflexión.

Luego tomaron la palabra Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia), Carlos Valero (UNT-Táchira) y Henry Ramos Allup (AD-Caracas). Guanipa afirmó que ni siquiera con las libertades condicionales concedidas a unos cuantos presos políticos, Nicolás Maduro podría ganar su legitimidad, perdida, a su juicio, tras el proceso “amañado del 20-M”.

Valero acusó al gobierno de Maduro de haber “violado los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y pidió un minuto de aplausos para los excarcelados y los que siguen presos por sus ideas.

Ramos Allup, por su parte, confesó que la intermediación de los cuatro gobernadores de AD (Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Táchira) con el Gobierno para lograr las medidas cautelares le fue consultada por los mandatarios y que todos estuvieron de acuerdo en que había que hacer lo que hubiera que hacer para lograr las excarcelaciones. Ellos pensaron que debían hacerlo y yo también. Y si a mí el Gobierno me dice que tengo que firmar una fianza para lograr la libertad de más presos políticos, la firmo. Y si me exigen ir a la ANC, voy. Y eso no significa que la reconozca ni que la prostituyente deje de ser ilegítima por eso, señaló.

Rumbo a La Haya

Los diputados tocaron otros dos puntos este martes. Por un lado, aprobaron la creación de una comisión especial que estará presidida por Tomás Guanipa (PJ-Caracas) para dar seguimiento a la Declaración de Cúcuta, adoptada el pasado viernes en la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.

El objetivo de la comisión es mantener el contacto permanente con los congresos de los países firmantes, para velar por la implementación de los acuerdos de legislación para la protección de la diáspora venezolana y también para la persecución y recuperación de activos producto de la corrupción.

En el último punto de la agenda, los diputados aprobaron un acuerdo que respalda en su totalidad el contenido del informe presentado el pasado 29 de mayo por el panel de expertos convocado por la OEA en 2017, y que determinó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad “al menos entre 2014 y 2017”.

Los parlamentarios acordaron remitir el informe de la OEA a los países firmantes del Estatuto de Roma para que suscriban una solicitud de investigación penal ante la Corte Penal Internacional. Además, conforme al artículo 54 del Estatuto, acordaron solicitarle a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que realice una visita in situ a Venezuela, para constatar las denuncias contenidas en el informe.

“La justicia internacional es lenta, pero avanza”, afirmó Williams Dávila (AD) en el debate.

Hay que recordar que para los efectos de la CPI no hay privilegios ni inmunidades. En el informe se señala expresamente a 11 altos funcionarios del Gobierno. Esta Asamblea contribuyó con el contenido del informe del comité de expertos y avalamos sus resultados, acotó Delsa Solórzano (UNT).

Fotos y vídeo Maru Morales P., Crónica Uno



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