El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo con más actuaciones irregulares en el lapso entre abril de 2018 y enero de 2019, denuncia una ONG regional.
Ciudad Guayana. 68 personas fueron víctimas mortales de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas gubernamentales, detalla una organización de investigadores del estado Bolívar.
Se trata del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE), de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que en su cuarto informe destaca que Caroní fue el municipio con más casos: 14 entre octubre y enero.
“Observamos con preocupación los factores comunes en cada uno de los casos registrados, que perpetúan el círculo vicioso en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima”, denuncia el OEE.
El segundo municipio con mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales fue El Callao, con ocho muertes entre octubre de 2018 y enero de 2019.
“En 10 de las circunstancias registradas por el observatorio, en el estado Bolívar, actuaron cuerpos del Cicpc; mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apareció en siete. Estos dos organismos del Estado venezolano, encargados de garantizar la seguridad ciudadana, fueron los que en más casos destacaron de presunta ejecución extrajudicial”, añade.
En ascenso
El OEE ha entregado cuatro informes desde su fundación: en el primero, de abril a agosto, registra 12 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el estado.
El segundo informe, que sintetiza agosto y septiembre, 15 víctimas. El tercero, de septiembre a octubre, 8. Y el cuarto, de octubre a enero, 33 casos: 68 en total.
La OEE resalta lo siguiente: “Mientras que el tercer informe reflejó dos casos de personas que murieron bajo custodia del Estado, este nuevo documento registró cuatro circunstancias del mismo tipo. Una de estas se trató de Luis Morao, joven de 18 años, que murió en los calabozos de la policía científica en Ciudad Bolívar, municipio Heres, por una ‘enfermedad contraída dentro del centro de reclusión’, como reflejan los reportes de prensa”.
En todos los casos se ha negado a los familiares de los asesinados tres necesidades: saber la verdad, justicia y reparación de daños.
“Estas cifras que muestran los informes del OEE proporcionan una radiografía de la ineficacia de los funcionarios para aplicar la justicia y de la poca conciencia de los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal que tienen estos mismos”, concluye el informe.
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