La crisis generada por 15 años de controles

La crisis generada
por 15 años de controles

15 años de controles que desmoronaron la economía

Entre enero y febrero de 2003, el Gobierno instauró controles de cambio y de precios. Las regulaciones desplomaron la producción, por lo cual los venezolanos padecen fallas de abastecimiento de artículos básicos e hiperinflación.

Por Mayela Armas @mayearmas

Caracas. En 1999 el para entonces presidente Hugo Chávez Frías iniciaba su gobierno con un llamado a los inversionistas para reactivar la producción, pero al poco tiempo decidió que el país tenía que girar hacia un modelo en el que el Estado tuviera mayor participación en la economía, lo cual logró mediante controles y nacionalizaciones.

Tras el paro petrolero y empresarial de diciembre de 2002 y enero de 2003, aumentó la incertidumbre política y económica que generó una mayor demanda de billetes verdes. Las reservas internacionales bajaron a 11 millardos de dólares y frente al descenso, el Banco Central de Venezuela (BCV) suspendió la venta de divisas por unos días, siendo la medida posterior: regular el grifo.

“Querían llevarse todas las reservas internacionales y hemos establecido una medida de defensa y contraataque”, dijo Chávez en enero de 2013 para justificar la instrumentación del control de cambio, con lo cual el Gobierno determinó quiénes recibirían los dólares a tasa preferencial.

En paralelo al control de cambio, el Ejecutivo instauró el control de precios. “Tendremos que instalar un sistema nacional integral, pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez”. Mediante resolución fueron fijados los precios de 106 alimentos, 63 artículos de higiene personal y 1140 productos farmacéuticos.

Lo que sería una medida temporal se volvió permanente. Los controles pasaron a un ser un instrumento político y se convirtieron en la base para cercar al sector privado. Acción que luego fue acompañada por las nacionalizaciones de industrias y la creación de empresas de producción social, todo ello apadrinado por la visión del exmandatario, quien sostenía que se debía avanzar hacia el modelo socialista.

Esas acciones desmoronaron la economía. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señala que hoy Venezuela tiene “la peor crisis de su historia” y el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, agrega: “Esas medidas ocasionaron un daño inmenso y el país está colapsado”.

Entre el boom de ingresos y las regulaciones

La aplicación de los controles coincidió con la fase de boom de ingresos por el salto en los precios del crudo que estuvo entre 2004 y 2008 y en la que la administración de Chávez disparó el gasto público e impulsó el consumo. El economista Ronald Balza señala que en este período “no se requería mantener los controles porque ya había ingresos. No se justificaba”.

En esos años, el volumen de dinero —290 millardos de dólares— permitió que las autorizaciones de dólares oficiales fluyeran, sin embargo, el retardo en la revisión de los precios regulados generó problemas porque las industrias debían ofrecer los productos a valores que estaban por debajo de sus costos de producción, lo que llevó a bajar la fabricación de esas presentaciones.

Ya para fines de 2006, el esquema de controles generaba dificultades. Los rubros controlados, especialmente alimentos, desaparecían por períodos de los anaqueles, y en ocasiones, los negocios disponían de más bienes importados.

El crecimiento de la economía —que en el lapso de 2004 a 2008 estuvo entre 8 y 10 % del PIB— fue sustentado por los egresos del sector público y las importaciones.

Pese al mayor consumo y gasto, la inflación avanzaba para ser la más alta de la región, aumentaba el riesgo país, se ampliaba el déficit en las cuentas públicas y las compras externas llegaban a niveles preocupantes.

Durante cinco años, las autoridades no devaluaron, lo que potenció la demanda por el dólar barato y cuando se registraban los ajustes no se corregía lo suficiente. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, destaca que “mantener la tasa sobrevaluada desestimuló la producción nacional”.

La mayor disponibilidad de recursos le permitió a Chávez —luego de su reelección en diciembre de 2006— acelerar las nacionalizaciones de industrias en las áreas de alimentos, construcción, finanzas, electricidad, telecomunicaciones, comercio y servicios y, adicionalmente, presentar una reforma constitucional para impulsar el modelo socialista y con él, afianzar los controles.

Para diciembre de 2007 —cuando se efectuó el referendo constitucional que fue rechazado— las fallas de abastecimiento se incrementaron.

En 2008 la fórmula de gasto, endeudamiento, nuevos marcos legales para acorralar a las industrias y los comercios, y el mayor número de empresas estatales acentuaron las dificultades que se venían arrastrando y con el declive de los precios del petróleo en 2009 y 2010, la actividad económica se desplomó. En esos dos años las industrias sufrieron un recorte en la entrega de dólares a lo que se sumó un retardo en los ajustes de precios de los bienes controlados y la merma de insumos nacionales.

Hacia fines de 2010, la administración de Chávez volvió a beneficiarse del incremento de los ingresos porque el barril llegó a los 100 dólares. Ante ese aumento, la campaña para la elección de 2012 empezó con meses de anticipación y el gasto subió a un tope de 47 % del PIB, de acuerdo con los datos oficiales. Con todo, los aportes tributarios y los ingresos petroleros —pese a ser elevados— no fueron suficientes para cubrir los salarios, misiones y necesidades de entes oficiales e industrias públicas, por lo cual la brecha fiscal fue 15 % del PIB.

En medio del desorden fiscal, el Gobierno congeló los precios de los rubros de higiene personal, limpieza del hogar y alimentos —como agua, jugos y compotas— lo que generó que la producción de esos artículos mermara en los ejercicios siguientes.

Para ese año (2012), las importaciones alcanzaron los 65 millardos de dólares, sin embargo, una parte de esos billetes verdes fueron a empresas de maletín.

Con altos precios del petróleo, la economía creció pero no de manera igual que en el lapso de 2004 a 2007, y por ejemplo, la actividad manufacturera, que tenía un peso en el PIB de 17 % en 2006, bajó a 14 % en 2012.

Dicho resultado fue por los controles, las nacionalizaciones que llevaron a las empresas estatales a generar menos insumos, la merma de las inversiones y el desequilibrio en las cuentas fiscales. El gasto no motorizó. Balza agrega que las regulaciones fueron para “ahogar a los privados, hubo caída de la inversión y corrupción”. José Guerra, economista y diputado, destaca que los controles “no sirvieron para regular las salidas de capitales ni la inflación”.

El hundimiento

En 2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia, ya el modelo hace aguas y frente a las distorsiones, las regulaciones continuaron en ascenso. Al principio, el nuevo Jefe de Estado anunció que buscaría vías para reactivar la manufactura, la construcción, la petroquímica, entre otras áreas. Se efectuaron diversas reuniones para evaluar los cuellos de botellas que enfrentaban las industrias a fin de incrementar la producción y allí las autoridades se comprometieron a reducir los trámites; revisar los precios de los rubros regulados y agilizar la entrega de dólares, lo cual no se concretó. La economía apenas repuntó 1,3 % y las áreas claves tuvieron saldos negativos.

La coyuntura se extendió. Para 2014, Maduro anunció un plan nacional de facilidades de inversión para el desarrollo económico y repitió que se impulsarían los 11 motores. La asignación de dólares fue menor y la revisión de precios se quedó corta. En ese período, la economía cayó 3,9 %. En 2015 se mantuvo la misma línea, las industrias siguieron enfrentando obstáculos para producir y el desplome fue de 6,2 %.

En 2016 Maduro intensificó los controles y aplicó medidas desordenadas. El mandatario arrancó el año con un conjunto de leyes aprobadas —mediante la Habilitante— que tuvieron como fin restarle poder a la Asamblea Nacional, tras el dominio de la oposición. El grifo de billetes verdes se siguió regulando. A los privados se les prometieron revisiones de precios y fueron escasos los ajustes. A la par de esto, se les ordenó a las empresas de alimentos y artículos de higiene personal dar parte de la producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La economía cayó 16,5 %.

A lo largo del 2017, el Presidente siguió usando los poderes especiales de los decretos de emergencia de económica. La reducción en la entrega de dólares fue mayor, de manera que aquellos que intentaron operar recurrieron al mercado paralelo, cuya tasa se disparó. En medio de una baja oferta —pues las empresas operaron a 34 % de su capacidad— la inyección de bolívares subió y el país entró en hiperinflación.

De manera que en 15 años, las regulaciones, junto con la injerencia estatal en todas las áreas, han hecho que los ciudadanos hoy en día tengan que “cazar” artículos por la ausencia en los comercios y que su ingreso no rinda por la inflación de cuatro dígitos. Ronald Balza expresa que “tener controles con boom petrolero fue lo peor que pudo pasar”. Puente apunta que “los controles lo que hicieron fue descontrolar”.

Infografías: Milfri Pérez
Foto referencial: Francisco Bruzco @bruzco1

Bajas reservas, fuga de divisas y corrupción es el saldo del control de cambio

El régimen cambiario generó un cerco a las industrias y su sostenimiento llevó a una aceleración del endeudamiento. El sistema enfrenta un desajuste debido a la amplia brecha entre la paridad oficial y el tipo de cambio en el mercado paralelo.

Por Mayela Armas @mayearmas

Caracas. A principios de febrero de 2003, el gobierno de Hugo Chávez arrancó el control de cambio con el objetivo de frenar la caída de las reservas internacionales, pero el mecanismo que se planteó como defensa en medio de la coyuntura pasó a ser permanente y fue usado como herramienta política. 15 años después, el sistema no evitó la fuga de capitales, parte de los dólares fueron a empresas de maletín, la producción cayó y para sostener el régimen el endeudamiento se disparó.

“Estableceremos una restricción muy firme a la salida de capitales. Es decir, lo que se conoce en criollo como control de cambio. Llegó la hora. Yo no quería hacerlo. Ese es un torniquete, tomaremos muy en cuenta errores cometidos por gobiernos anteriores cuando aplicaron el control de cambio para proteger también la economía, la moneda, para minimizar los errores”, dijo el fallecido mandatario a finales de enero de 2003 cuando se autorizó la medida, y quien llegó a agregar que “estableceremos un control de cambio, porque esa plata es de la República, esa plata no es de los oligarcas”.

 

La inestabilidad que se generó tras el paro petrolero y empresarial de diciembre de 2002 y enero de 2003 se reflejó en una mayor demanda de billetes verdes, por lo cual las reservas bajaron a 11 millardos de dólares y, con el fin de frenar la caída, el Banco Central de Venezuela (BCV) suspendió la venta de divisas. El 5 de febrero comenzó el control.

Se creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para autorizar los dólares a los diferentes sectores de la economía previo cumplimiento de requisitos que iban desde registros hasta la presentación de certificados. Con la medida, las reservas subieron a los 20 millardos de dólares

En el contexto de los controles, los precios del petróleo subieron y se generó una etapa de boom de ingresos entre 2004 y 2008. A pesar de ese mayor volumen de fondos, las regulaciones continuaron. El economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, señala que “el control se justificó por el paro petrolero, pero ha debido durar tres meses, no 15 años”.

Al inicio, las asignaciones de dólares fluían, pero la demanda por el tipo de cambio barato y los cambios en la distribución de los ingresos petroleros a fin de que una parte fuera a fondos paralelos —como el Fonden— hizo que la disponibilidad de dólares en el BCV no cubriera todos los requerimientos. Los privados se enfrentaron a un cerco con los marcos legales y a un rezago en los precios de los rubros regulados, mientras la inflación se aceleraba.

Con el objetivo de “oxigenar”, las autoridades permitieron a las empresas adquirir títulos de Cantv —que estaba en manos privadas— para obtener billetes verdes. Y adicionalmente, empezó a operar el mercado permuta que facilitaba a los inversionistas tener bonos en bolívares y cambiarlos con otros que tuvieran bonos en dólares y quisieran bolívares. De manera que durante tres años las divisas eran obtenidas por varias vías. Tras la nacionalización de Cantv en 2007, las divisas a los privados eran por Cadivi y el mercado permuta, que para sostenerlo el propio Gobierno emitió bonos.

El esquema de aprobaciones cambia con el declive en el precio del crudo que se registró en 2009 y 2010, debido a que se recortó la entrega de dólares y las autoridades fijaron prioridades.

A mediados de 2010, el para entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, aseveró que por las operaciones en el mercado permuta subían los precios y, por ello, fue eliminado. Se cerraron casas de bolsa y hasta hubo operadores detenidos. Al poco tiempo, el Ejecutivo dio paso al Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) para permitir a las empresas adquirir dólares nuevamente por medio de la compra de bonos, y así durante tres años, los privados recibieron dólares por Cadivi y Sitme. La tasa oficial estaba anclada.

Para 2011 y 2012, el barril llega a los 100 dólares y si bien las autorizaciones de divisas aumentaron, se orientaban más hacia algunos sectores.  En aquel periodo, Giordani destacaba en uno de sus libros —Impresiones de lo cotidiano— que con el régimen cambiario fijo se obtendrían mejores resultados de la inflación. Lo que no sucedió. Las obligaciones pendientes de otros ejercicios se postergaron y hubo actividades que se estancaron.

En 2012, por ser un año electoral, las importaciones se dispararon y llegaron a los 65 millardos de dólares. La economía creció, pero no como en 2006 o 2007.

En 2013, y con un precio del crudo en 90 dólares, baja la asignación de dólares. Reducción que siguió en 2014 y que se profundizó en 2015, 2016 y 2017 por el menor precio del petróleo y la ausencia de esquemas de ahorro. Y aunque en el lapso de 2013 a 2017 se conformaron mecanismos complementarios como el Sicad I y II, Simadi y Dicom, dichos esquemas no garantizaron dólares para que los privados pudieran adquirir insumos para producir.

La administración de Nicolás Maduro optó por afianzar el control. En alocución de 2016 expresó que “me dicen, Maduro ha llegado la hora de asumir el libre mercado, libera todo, libera el cambio, es decir, que les regale los dólares a ellos, que acabe con el control de cambio. Yo le pregunto a ustedes: ¿hay que destruir el control de cambio como mecanismo de defensa de los dólares de la República?”.

En 2017 las compras externas terminaron en 11,8 millardos de dólares, según las estimaciones de Ecoanalítica, una caída de 80 % respecto a 2012. Y de esas adquisiciones de bienes en el exterior, 73 % fueron realizadas por entes oficiales.

La disminución en las aprobaciones de billetes verdes golpeó a la producción. El dólar barato llevó a que productores se convirtieran en importadores, y aquellos que mantuvieron operaciones se enfrentaron a trabas burocráticas y retardos en los desembolsos. El economista  Ronald Balza destaca que “el objetivo del Gobierno era tener el control sobre los empresarios”.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, agrega que “mantener la tasa sobrevaluada generó desincentivos a la producción. Los controles más las expropiaciones, la ausencia de materia prima nacional y la falta de Estado de Derecho empequeñecieron al sector industrial”.

En 2006 las industrias trabajaban a 62 % de su capacidad, en 2017 estaban a 34 %. Lo que se refleja en las fallas de abastecimiento de alimentos, medicinas, pañales, papel higiénico, jabón, repuestos, entre una larga lista de bienes que buscan los ciudadanos. Grisanti agrega que “el control destruyó la capacidad productiva del país”.

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, complementa y añade que “la regulación cambiaria creó una distorsión y hoy no hay capacidad para producir y abastecer”.

La sobrefacturación

El régimen cambiario llevó a sobrefacturaciones, aprobaciones a empresas de maletín, asignaciones a dedo, entre otras irregularidades.

Un tipo de cambio barato fue incentivo para la corrupción. En 2013 Edmée Betancourt, quien estaba a la cabeza del BCV, expresó que 20 millardos de dólares entregados vía Cadivi respondieron a una “especie de demanda artificial”.

Un estudio de Ecoanalítica reveló que entre 2003 y 2013 las importaciones ficticias por sobrefacturación alcanzaron los 83,6 millados de dólares, de los cuales 30,4 millardos de dólares correspondieron al sector público y 53,2 millardos de dólares al sector privado.

No solo en las asignaciones por Cadivi hubo descontrol, también en los esquemas complementarios. Giordani llegó a indicar que “el Sitme nació genéticamente perverso”.

En 2013 y 2014 las autoridades indicaron que se revisarían las aprobaciones de dólares de los años anteriores. El Gobierno creó una comisión cuyo informe se desconoce a la fecha y la lista de empresas de maletín no se divulgó. Fueron pocos los casos investigados por el Ministerio Público y solo un exfuncionario fue detenido.

La administración de Maduro ha mantenido una brecha entre las tasas oficiales, y la más baja ha sido para las compras públicas, que realizan entes cuyas cabezas son militares. El peso de las adquisiciones del sector público subió. En 2007 era 20 % del total de importaciones, en 2017, 73 %.

Endeudamiento y fuga de dólares

Además de irregularidades, el sistema cambiario fue costoso.

Para sostener el régimen, el Gobierno central y Pdvsa se endeudaron aceleradamente y entre 2004 y 2006 más de 20 millardos de dólares en emisiones fueron para atender la demanda de los importadores y sostener los mecanismos adicionales de divisas.

En noviembre, el expresidente de Pdvsa y ahora exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, escribió un artículo en el que mencionó el impacto que tuvo la materia cambiaria en la industria y destacó “emitir deuda para respaldar una política cambiaria que no terminaba por revisarse y mantener el llamado ‘[dólar] implícito’ a un nivel establecido como objetivo por el BCV y Ministerio de Finanzas”. Con todo, en su época de ministro decía que era una estrategia exitosa. En 2012 Ramírez expresó que las emisiones permitían controlar el paralelo. “Estamos creando las condiciones para mantener controlado el dólar a través del Sitme. Y esa ha sido una política exitosa que ha permitido que la inflación esté por debajo de la meta”.

Las acciones no permitieron mantener a raya el dólar paralelo, debido a que frente a la menor asignación de dólares, aquellos que intentaron seguir sus operaciones recurrieron a ese mercado. Y la brecha entre la tasa oficial y la paralela se amplió. De hecho, por la vía del mercado paralelo se financiaron 56 % de las importaciones privadas de 2017, lo que impacta en la inflación que ya es de cuatro dígitos.

Además de acelerar el endeudamiento, el régimen no controló la fuga de divisas. El economista Efraín Velásquez apunta que “el control de cambio se usó para proteger las reservas internacionales, pero sucedió lo contrario. No se evitó la fuga de dólares”.

Entre 2003 y 2016 salieron por las cuentas financieras y de capital, y de errores y omisiones de la balanza de pagos, 155,4 millardos dólares, más de ocho veces lo egresado en los 40 años entre 1959 y 1998, revela un documento firmado por economistas en enero de este año.

Hoy en día, las reservas están en 9,3 millardos de dólares, el nivel más bajo que existe desde marzo de 2002. Frente a esa baja disponibilidad, el Gobierno no puede afrontar sus compromisos.

El cupo de viajeros pasó de impulsar el consumo a su desaparición  

“Aquí no se va a dar ni un dólar para los viajeros de la dolce vita, que quieren andar por el mundo gastando los dólares que tanto nos cuesta a los venezolanos acumular en reservas internacionales”, dijo Hugo Chávez en febrero de 2003 cuando el control de cambio tenía una semana de vigencia. Al año esa posición cambió.

El 5 de febrero de 2003 arrancó el régimen para asignar dólares para las importaciones y otros conceptos como remesas, líneas aéreas y deuda externa privada. Pero en 2004 el fallecido presidente —y meses antes de un referendo— decidió aprobar los cupos para viajes en el exterior y operaciones electrónicas.

Previa presentación de requisitos, aquellos que tuvieran tarjetas podían utilizar en el exterior hasta 2000 dólares al año. Tope que fue subiendo hasta que en 2007 llegó a 5000 dólares para viajes y 3000 dólares para compras por internet. El ajuste, según las autoridades, fue para combatir “la especulación cambiaria”, sin embargo, los aumentos se registraban en el marco del impulso al consumo por el aumento del gasto.

Para 2007 y 2008, las autorizaciones con las tarjetas de crédito superaron los 8 millardos de dólares, pues la brecha entre la tasa oficial y el paralelo era amplia. En 2009 las aprobaciones se revisan y en 2010 se define que los límites se autorizarán según el destino del viaje, llegando hasta un máximo de 3000 dólares. No obstante, el diferencial cambiario seguía siendo un incentivo y en 2014 la Vicepresidencia de Economía modificó el esquema para viajes.

En aquel momento, Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y vicepresidente de Economía, indicó que “la gran discusión es, ¿le damos los dólares a los raspacupos o traemos los medicamentos, les damos los dólares a los viajeros o traemos alimentos?”. En 2013 las autorizaciones por esa vía alcanzaron los 4 millardos de dólares.

En la medida que el recorte en las asignaciones para importaciones seguía, lo mismo sucedía con los cupos para viajeros que en 2015 solamente fueron aprobados por la banca pública. Ya en 2017 no hubo más activaciones de tarjetas.

Las regulaciones no sirvieron para disminuir los precios y 15 años después hay hiperinflación

La prolongación del control de precios llevó a las empresas a fabricar artículos por debajo de sus costos de producción. Se generaron fallas de abastecimiento y la medida sirvió de base para crear un entramado legal que cercó a las industrias y comercios.


Por Mayela Armas @mayearmas

Caracas. En febrero de 2003, el Gobierno de Hugo Chávez Frías decidió que junto con control de cambio había que supervisar los precios de alimentos, medicinas, artículos de higiene personal y materiales de la construcción, y el resultado de estos 15 años de regulaciones es que los venezolanos enfrentan diariamente problemas de abastecimiento e hiperinflación.

“El control de precios es una medida que hemos tomado y la mantendremos hasta que sea necesario para defender la capacidad de compra del pueblo, para defender el valor de la moneda, para evitar más devaluación, más inflación, más desempleo, para comenzar la contraofensiva económica, porque la ofensiva va en todas las direcciones, ya lo he dicho, en lo ideológico, en lo político, en lo social, en lo económico. Vamos pues a defender los precios justos”, dijo Chávez en alocución luego de autorizar las acciones y mediante decretos fueron fijados los precios de 106 alimentos, 63 artículos de higiene personal y 1140 productos farmacéuticos.

A los meses de la vigencia de los controles, la cotización del barril subió y de 2004 a 2008 hubo un boom de ingresos que permitió que los dólares para la adquisición de insumos y equipos para producir fluyeran, pero los entes oficiales rezagaban la revisión de precios en un contexto en el que la inflación se aceleraba, dado que la oferta de bienes no respondía a la demanda impulsada por el gasto.

Ya para 2005, los ajustes a los rubros eran esporádicos, por tanto, los industriales tenían que vender artículos a valores que estaban muy por debajo de sus costos de producción, de manera que la fabricación de las presentaciones reguladas bajó.

La distorsión entre los costos de producción y los precios regulados, especialmente en alimentos, derivó en ciclos de escasez que se repitieron cada cierto tiempo, de hecho, desde 2007 el abastecimiento ha sido intermitente. Cuando los artículos desaparecían de los anaqueles por un tiempo era cuando el Gobierno hacía revisiones selectivas.

Para fines de 2007 y principios de 2008, el índice de escasez —que divulgaba el Banco Central de Venezuela— llegó a ser mayor a 20 %. Ausencias que se fueron paliando con las importaciones en los períodos siguientes. En ocasiones, los ciudadanos conseguían más productos de Nicaragua, Ecuador o Uruguay, que locales. Ante los problemas de producción, el Ejecutivo dejó algunos artículos fuera de la regulación, pero aquellos que seguían bajo el control mantenían fallas de abastecimiento. El economista Ronald Balza dijo que el control de precios afectó a los industriales “que se vieron obligados a producir menos”.

En 2011 se dio otra estocada a las industrias. Previo a las elecciones de octubre de 2012, Chávez ordenó la congelación de 204 productos, en 19 categorías de cuidado personal y limpieza del hogar además de agua, jugos y compotas

La mora en revisar los precios, en un contexto en el que la inflación impactaba con fuerza en la producción, generó que la fabricación de esos artículos siguiera disminuyendo y desaparecieron presentaciones. Dos años después fue que el Ejecutivo revisó los precios de esos artículos y los importes eran menores a los costos de fabricación.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, apunta que “el control de precios fue otro mecanismo de control político que derivó en escasez, mercado negro, desinversión y disminución de marcas”.

El entramado legal

A la par de la fijación de precios, el Gobierno estructuró un entramado legal que contempló topes de producción, elevadas sanciones y amenazas de expropiación.

En 2004 fue aprobada la Ley de Protección al Consumidor con el fin de soportar el régimen de control, y a los tres años —en el marco de las fallas de abastecimiento— la administración de Chávez autorizó un decreto contra el acaparamiento, especulación y boicot que permitía declarar de utilidad pública los bienes y servicios. Aspecto que se extendió con la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, texto que luego registró reformas con el objeto de imponer más sanciones a las empresas.

A esas normativas se sumó la Ley de Soberanía Alimentaria cuyo fin fue regular la cadena de producción de los alimentos controlados. Este instrumento luego fue complementado con las guías de movilización a través de las cuales el Gobierno controla la distribución de comida y está al tanto de cuánto se produce y hacia dónde va.

El Ejecutivo continuó el cerco y aprobó la Ley de Indepabis que impuso mayores sanciones por acaparamiento, boicot y especulación. Esta norma fue derogada en 2011 cuando se autorizó la Ley de Costos y Precios, en el marco de la congelación de los precios de los productos de higiene y algunos alimentos. Con este instrumento fue ampliada la regulación a todos los bienes y servicios de primera necesidad.

A los meses que Nicolás Maduro asume la presidencia, el asedio a las empresas persistió y con el uso de la Habilitante autorizó la Ley de Precios Justos que fijó “precios justos” en toda la cadena de producción. Se estableció que la ganancia máxima de las empresas fuera 30 % y se declararon de utilidad pública todos los bienes para desarrollar la producción, fabricación e importación de productos. Esta Ley fue reformada en 2014 para elevar las multas y penas de prisión por especulación, acaparamiento, reventa de productos, entre otros delitos. Montos que volvieron a modificarse con la reforma de 2015.

En 2016, por medio del decreto de emergencia económica, el Jefe de Estado estructuró los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para distribuir bolsas de comida y ordenó a las empresas de alimentos y rubros de higiene dar más de 50 % de su producción a esas instancias, cuyas atribuciones aumentan debido a que pueden fiscalizar comercios y plantas.

El saldo

La ampliación de las regulaciones y los atrasos en las revisiones de precios acentuaron los problemas de abastecimiento y el mercado negro de productos controlados —donde los artículos cuestan el triple del importe marcado— aumentó.

Las firmas económicas estiman que la ausencia, por ejemplo, de alimentos ha sido mayor a 50 % desde hace cuatro años. Oliveros agrega que “no hay disposición de productos para alimentarnos y se han afectado los patrones de consumo”.

De los productos de higiene personal que se elaboran en el país, la escasez es elevada y los artículos que suelen aparecer son importados.

El control de precios en las medicinas derivó en la desaparición de productos para enfermedades crónicas, y en otros casos, en alzas progresivas en los precios de los medicamentos. La escasez llega a 80 %, según la Cámara Farmacéutica.

A pesar de esto, el Gobierno insiste en la vía del control para contener la inflación,  así como en la generación de instrumentos para lograr ese propósito. Pero frente a la restricción en la entrega de dólares, las empresas que mantienen operaciones han terminado recurriendo al paralelo, lo que se ha reflejado en los precios, que hoy día son de cuatro dígitos. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, agrega que “con la elevada inflación las empresas se descapitalizan”.

Bajo un control, el país está en hiperinflación, y el ingreso de los ciudadanos está pulverizado.

Control de cambio fue implementado para hacer dependientes a los ciudadanos

Politólogos indicaron que las limitaciones a la libertad cambiaria le han servido al Gobierno para consolidar su proyecto político de control del Estado sobre la sociedad.

Por Carlos Crespo @carloscrespor

Caracas. “Si quitamos el control de cambio, nos tumban, el control de cambio aquí es una medida política no una medida económica”. Así explicaba Aristóbulo Istúriz, en 2016, las razones por las que el gobierno de Hugo Chávez decidió poner en marcha limitaciones a las libertades económicas de los venezolanos hace 15 años, restricciones que ha mantenido Nicolás Maduro.

Para los politólogos Luis Salamanca y Piero Trepiccione, el expresidente Chávez tenía claro el objetivo de esta medida desde febrero de 2003, cuando decidió implementarla.

“Aristóbulo Istúriz tiene razón, porque toda la política económica viene de una visión política de la sociedad, de un control, por parte del Estado, que pasó por la economía” (sic), indicó Salamanca.

El experto añadió que la medida es una forma de hacer más dependientes a los ciudadanos de la discrecionalidad del Estado. “Es una forma de impedir la libertad de los ciudadanos, para que no puedan disponer de divisas de manera libre en el mercado. El Gobierno controla los recursos del país a través del control de cambio e introduce una serie de controles en la vida de los actores económicos y particulares que restringen la vida. Es un mecanismo que está liquidando o ya ha liquidado el patrimonio de familias y empresas, la vida económica del país”.

Con esta óptica coincide Trepiccione, quien expresó que el principal propósito es tener un control político sobre factores económicos y la ciudadanía en general. “Ha servido para aumentar, considerablemente, los niveles de discrecionalidad administrativa del Gobierno. Vemos como, más recientemente, esa discrecionalidad es usada para fines de control político y social: el carnet de la Patria, todos estos instrumentos de afianzamiento del estado partido, se soportan sobre el régimen cambiario, sobre esta discrecionalidad absoluta del manejo controlado de las divisas en el país”.

El experto agregó que el Gobierno extendió este tipo de control a todos los poderes públicos y componentes del Estado, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos altos mandos también se han beneficiado de la discrecionalidad del Estado en el manejo de las divisas. “Es el fomento del clientelismo político, del pretorianismo en la FANB, para que esté, no al servicio del Estado, sino de un proyecto político particular”.

En los 15 años de controles, ocho años las divisas fueron administradas por militares. Y la importación de alimentos ha sido llevada por efectivos de la FANB.

Salamanca añadió que, aunque el control del Estado sobre la economía ha generado gran “ineficacia y corrupción”, también le ha servido a los integrantes del Ejecutivo obtener beneficios particulares. “Vemos como ese control de la moneda le permitió, no solo controlar a la sociedad, sino enriquecerse. Lo que hay es una oligarquía que se hizo en el poder y no pretende darle paso a nadie. Esa poca cantidad de divisas que ingresa, la usa políticamente con fines puramente clientelares para mantener una base de apoyo”.

Opinión distinta es la del politólogo Ricardo Sucre, quien considera que Chávez hizo un “pacto” con la sociedad. “Chávez hizo otra cosa. Él entendió que la estabilidad política de Venezuela depende de los dólares (…) y el país se comió eso. Hizo su pacto de los dólares; ‘le quito el poder político a los que me quieren tumbar, pero los lleno de dólares’. Muchos de los que hoy hablan muy duro antes no hablaban, ese fue el pacto de los dólares de Chávez y la sociedad lo aceptó”.

A su juicio, la famosa frase de Istúriz dejó de tener vigencia. “Hoy ese control de cambio es subversivo contra el Gobierno. Yo invertiría lo que dijo, si dejas el control de cambio, te tumban, creo que ya perdió el sentido”.

Foto: Cortesía

El régimen cambiario y la fijación de precios pusieron en la mesa más restricciones que alimentos

El economista Alejandro Gutiérrez destaca que en 2008 se importaron 341 dólares en alimentos por cada habitante, en 2017, apenas fueron 80 dólares. Una caída de 80 %.

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa

Caracas. El plato venezolano tiene más espacios en blanco que porciones servidas. El régimen cambiario anunciado en 2003 puso en la mesa más restricciones para digerir que alimentos para consumir. Los ciudadanos padecen el hambre que se sembró desde hace 15 años. Y es que ni el patrón de consumo ni los hábitos alimenticios son los mismos

Carla Medina, de 22 años de edad, recuerda la diversidad de alimentos que formaban parte de su dieta: “En mi casa siempre comíamos variedad, pescado, carnes, pollo. Y ahora solo verduras, acelgas y espinacas”. La arepa la acompañaba con queso y mantequilla. “Le ponemos berenjena porque ya no tenemos queso ni mantequilla”, dice. Su almuerzo se limitó a caraotas con pasta o arroz. “Sin tajadas ni queso. Ya no podemos incluir más de dos cosas”.

En días recientes, Medina estuvo enferma del estómago y el médico le sugirió una sopa de pollo: “Mi papá lo compró única y exclusivamente para mí”.

Las restricciones que enfrenta Medina y su familia obedecen a las distorsiones que generaron los controles. El régimen cambiario y la fijación de precios en el sector alimentos se comenzaron a sentir desde el mismo momento en que se tomaron esas medidas, según reconoce el economista y especialista en políticas agroalimentarias, Alejandro Gutiérrez: “Mientras hubo un solo tipo de cambio se podían realizar transacciones en el mercado legal y el desabastecimiento no fue tan acentuado. Pero ahora la mayor parte de lo que se necesita se debe adquirir a precio de dólar negro, porque el Gobierno no entrega divisas. Además, no hay insumos agrícolas ni para importar alimentos”.

El sector alimentos era el prioritario en la asignación de dólares oficiales, pero desde 2013 esa actividad recibe menos billetes verdes. Las industrias no han contado con dólares suficientes para adquirir materia prima y tienen altas deudas con sus proveedores. Por esos recortes, y la fijación de precios, la producción ha bajado y en diciembre de 2017 terminó con un retroceso de 15,7 %, de acuerdo con datos de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cadivea).

“Esos dólares preferenciales, que una porción se utiliza para alimentos y medicinas, ahora son menos porque bajaron los ingresos petroleros, cuya producción está desplomada. Pero además, son utilizados para pagar la deuda externa y matar así de hambre a la población porque no hay abastecimiento”, dice Gutiérrez.

En 2008 se importaron 341 dólares en alimentos por cada habitante, en 2017, apenas fueron 80 dólares, indica Gutiérrez. Esto representa una caída de 80 %.

Yngrid Candela, docente investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y especialista en seguridad alimentaria, señala que Venezuela llegó a importar 70 % de los alimentos:

Por limitaciones en el manejo de divisas y por la crisis, el Estado tuvo una menor capacidad para importar. De ese 70 % pasamos a 30 %. En un país donde no hay producción, donde no hay capacidad de tener autosuficiencia alimentaria, 30 % de alimentos importados no va a cubrir las necesidades de la población. Eso es lo que agrava este problema de escasez y alto costo en alimentos.

Mientras tanto, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) estima que solo podrán cubrir de 25 % a 30 % del consumo requerido por los ciudadanos.

Para Candela, quienes han estado en desventaja para tener acceso a divisas son los grandes productores de alimentos, quienes, a su juicio, mantenían la disponibilidad alimentaria. “En Venezuela no se producen suficientes semillas para producir alimentos. La mayor parte se importa, y si no hay acceso a las divisas, disminuye el acceso a ese insumo que es tan necesario. Así también los fertilizantes” (sic).

Mientras la oferta privada de alimentos se ha reducido, la oferta estatal no ha sido capaz de soportar la demanda. El Estado tiene un tejido de empresas de alimentos que, hasta los últimos datos disponibles, trabajaba entre 20 % y 30 % de su capacidad, porque también tienen dificultades para operar.

El salto en los precios y el deterioro del ingreso

Los controles se plantearon para “proteger al pueblo”, llegó a decir el fallecido presidente Hugo Chávez, pero sucedió lo contrario. Los ingresos familiares se quedan cortos frente al salto en los precios.

Ante la menor producción de bienes, el Banco Central de Venezuela (BCV) inyecta bolívares de forma desordenada para atender el gasto público y parte de ese dinero va al mercado paralelo, lo que presiona los precios. Aquellos que no reciben dólares preferenciales tienen que ir a ese mercado para poder seguir operando. Por tal motivo, la inflación en 2017 cerró en 2616 %, según los cálculos de la Asamblea Nacional. Y en ese resultado incidió el costo de los alimentos.

“La inflación alimentaria siempre es más alta, sobre todo en los cereales, que son los más consumidos por la población y la principal fuente de energía, así como también la proteína de origen animal”. En diciembre del año pasado, la canasta alimentaria fue de 7,8 millones de bolívares, mientras que el salario integral (sueldo básico más bono de alimentación) cerró en 797.510 bolívares.

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, complementa a la profesora Candela y apunta que “los controles acabaron con los mercados y el consumidor no tiene nada que comprar”. El Banco Central revela que desde 2014 ha sido constante la caída del consumo privado y en 2016 —último dato oficial— el descenso fue 16 %. Ecoanalítica proyectó para el 2017 una caída de 15 %.

La línea del hambre

La restricción de consumo de alimentos avanza. Según Candela: “Lo primero que ocurrió fue que las personas disminuían la cantidad de comida. Luego comenzaron a eliminar el desayuno, luego la cena. Hasta que se quedaron con una sola comida porque la cantidad de alimentos disponible daba para una sola. O un desayuno a mitad de mañana y otra comida a las cuatro de la tarde, esa era una práctica que tenían los hogares muy pobres en el siglo pasado”.

La línea que narra Candela para explicar este deterioro en la ingesta de alimentos inicia en 2012 cuando en los anaqueles dejan de estar disponibles productos como harina de maíz precocida, leche, aceite, azúcar. “En Venezuela se comenzó a ver una situación de escasez de alimentos nunca antes vista y que nunca esperamos su avance tan vertiginoso y severo. Ya para 2013 y 2014 el desabastecimiento fue mayor a 40 %”.

Las cifras de Datanálisis revelan que desde 2014 la ausencia de comida en los anaqueles es superior a 50 %, por tanto, los venezolanos tienen años sufriendo fallas de abastecimiento. Entre 2007 y 2013 había problemas con determinados rubros.  

Con la escasez, aumentan las colas, la adquisición de productos esenciales se estableció por número de cédula. En paralelo, creció el mercado negro de alimentos. La violencia alimentaria también tomó cuerpo y los conflictos estuvieron presentes en las colas: “Pero más allá de eso, la persona comienza a ser violentada desde el punto de vista alimentario cuando el Estado no le garantiza los alimentos suficientes, cuando no es capaz de garantizar un mínimo para que el ciudadano sienta saciedad”.

Si para 2012, 2013 y 2014 los especialistas hablaban de “crisis”, en 2015 inicia la emergencia alimentaria y nutricional, que en palabras de Candela, es uno de los principales indicadores de desnutrición.

“Vemos que la cantidad de calorías aportadas consumidas se reducen. En el país pasamos de tener 110 % de disponibilidad de alimentos a 100 %. De la disponibilidad al consumo se pierden muchos alimentos, por lo que hay que tener ese 10 % de seguridad para poder garantizar el 100 %. Eso quiere decir que si está por debajo, los alimentos le van a llegar a 90 %. En la medida en que se acerca a esa cifra, quiere decir que hay inseguridad alimentaria”.

La Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos correspondiente al segundo trimestre de 2015 ya advertía que los alimentos identificados como principales en la ingesta diaria debían “ser objeto de políticas de protección, con el fin de mantener su disponibilidad y accesibilidad en todo momento para la población venezolana”. El documento también alertó la disminución de la adecuación calórica y de los valores de calcio.

Lo primero fue la disminución de vegetales y el consumo de proteínas por el alto costo y escasez de ciertos rubros. Y la proteína más económica del mercado, que era una alternativa en aquellos hogares donde no se consumía carnes, era el huevo. Hoy día es igual de costoso que la carne, asevera Candela.

En 2016 la emergencia alimentaria tomó aún más fuerza, la escasez desbordó y las personas salieron a la calle en busca de comida. Ese año la pérdida de peso fue drástica, 8 kilogramos en promedio: “Y las consecuencias las vivimos en 2017 con reportes de niños desnutridos y adultos mayores que fallecieron por esta misma razón”. Pese a que el año pasado se importaron alimentos calóricos (pasta, arroz) los altos costos con que fueron colocados en el mercado imposibilitaron su compra en gran parte de la población.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) refleja que el patrón de compra cambió. En 2017 hubo un repunte en el consumo de arroz y bajaron las compras de carnes, pollo y hortalizas. Para entonces, 89 % de los encuestados aseguraba que los ingresos percibidos no eran suficientes para la compra de alimentos. En 80 % de los hogares hay inseguridad alimentaria y 8,1 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día.

En palabras de Gutiérrez, el nivel de insuficiencia en la disponibilidad calórica es crítico, lo cual se refleja en el aumento de personas comiendo de la basura: “Estamos en una situación donde está creciendo el hambre y no se avizoran posibilidades donde el Gobierno tome medidas para mejorar la situación. Solo mantenerse en el poder”.

El especialista destaca que es necesario el cambio en la política económica, lo que supone un mercado legal de divisas donde se pueda comprar y vender dólares sin restricciones: “El Gobierno por un tiempo podría tener un tipo de cambio controlado y un mercado legal para que la gente pueda comprar insumos. Vemos que la poca producción agrícola que hay, la mayor parte se da con productos adquiridos en el exterior a precios de dólar negro”.

Clap para una semana

En abril de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para “garantizar” los alimentos a los ciudadanos. Así, a través de las divisas protegidas, importó los productos. Sin embargo, por esta vía se ha administrado la escasez.

La distribución de las bolsas y cajas es irregular en las comunidades. “Hay corrupción, obviamente, debe haber una sobrefacturación. Los Clap se derivan hacia los mercados negros de alimentos y funcionan como un mecanismo de control social y político. Se discrimina a aquellas personas que no están apoyando al Gobierno, los consejos comunales tienen el poder para eso. Es un mecanismo que agudiza el racionamiento de alimentos ante unas circunstancias en que no hay divisas”, explica Gutiérrez.

Candela expresa que la cantidad de calorías que contienen las cajas Clap alcanza para que una familia de cinco personas pueda comer durante una semana.

Sugiere que con dos salarios mínimos que se aporten al hogar el tiempo se puede extender a cuatro días más: “Pero ¿qué come [la familia] el resto de los días? Estamos en unos niveles bastante precarios. Hasta el año pasado podía dar sugerencia de cómo sustituir alimentos, en este momento, con la experiencia que tengo, puedo decir que cualquier sustitución que plantee no es factible para las personas que están padeciendo esta situación. Porque si no tienen carnes, uno les dice que traten de comer granos, huevos, que son igual de costosos”.

Los regulaciones acabaron con las medicinas

Por el recorte de divisas y la fijación de precios existe una escasez de más de 80 % de medicinas en el país. Incluso hay pacientes que han tenido que traer de Cúcuta vacunas —como neumococo— saltándose peajes, extorsiones y requisas militares. Han tenido que vender objetos personales para pagar un tratamiento dolarizado o irse a vivir a otro país para tener una mejor calidad de vida.

Hace más o menos cuatro o tres años, en el país se fabricaban más de 9000 productos farmacéuticos. Hoy en día no llegan a 1500. De esos, 450 son medicinas —muchas de ellas repetidas, como es el caso de las variadas presentaciones de acetaminofén o ibuprofeno— y el resto es lo que califican los empresarios como “misceláneas”, es decir, crema para la pañalitis, toallas húmedas y jabón, entre otros.

Por Mabel Sarmiento Garmendia @mabelsarmiento

Caracas. Algo tan sencillo como un antibiótico, un medicamento que ayuda a destruir o inhibir el crecimiento de bacterias patógenas y que todos en algún momento de nuestras vidas hemos usado, no se consigue en la farmacia de la esquina. Hay que hacer un peregrinaje en la ciudad, en el interior del país o cruzar la frontera para por lo menos tener un tratamiento de ocho días, eso sí, pagando una cantidad que ni siquiera reúne un trabajador juntando las utilidades y el pago de sus vacaciones.

¿Por qué no hay antibióticos en Venezuela? Porque desde 2012 las industrias farmacéuticas no reciben las suficientes divisas para la importación de insumos y aditivos básicos para elaboración no solo de antibióticos, sino también para fabricar medicamentos para el cáncer, antirretrovirales para el VIH, para la diabetes, la hipertensión, los anticonvulsivos y antidepresivos, los necesarios para las afecciones cardiovasculares, para preparar un jarabe para la tos y hasta para producir un anticonceptivo.

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, dice que, ciertamente, en el país “tenemos 15 años con el control cambiario“, pero es desde 2012 cuando empieza a resentirse la industria, con la afectación a todo el sector salud, público y privado.

“Las últimas liquidaciones de divisas han venido cayendo en promedio y no hay posibilidades de sostenibilidad. Hace más o menos cuatro o tres años fabricábamos más de 9000 productos, y hoy en día no llegamos a 1500, de esos, 450 son medicinas [muchas de ellas repetidas como sucede con el caso de las variadas presentaciones de acetaminofén o ibuprofeno] y el resto es lo que calificamos de misceláneas, es decir, crema para la pañalitis, toallas húmedas y jabón, entre otros”, agrega.

Peregrinaje por medicinas

La elaboración de medicinas ha venido en picada indetenible y, por eso, Nahomis González peregrina —cual judío errante— en busca de los inmunosupresores que necesita de por vida.

A diario va a las farmacias de alto costo, dependientes del Seguro Social. La respuesta es “no hay”. Su médico tratante hace maromas para ayudarla. Revisa entre colegas y con pacientes a ver si hay disponibilidad de alguno de los tres fármacos que necesita: myfortic, prograf y prednisona.

En su condición de trasplantada es un riesgo inminente no tener el tratamiento en casa. Volver a dializarse ya no es una opción. Por eso la búsqueda es incansable.

Como ella, otros 3500 pacientes desde agosto de 2016 no están cumpliendo con la dosis recomendada debido a la escasez.

En Venezuela, según la coalición de organizaciones que defienden el derecho a la salud, Codevida, hay más de 30.000 pacientes crónicos cuyas vidas penden de un hilo por la misma causa: no hay medicinas.

Con el sector salud, el Estado tiene una deuda en dólares que supera los 5 millardos. En el caso de la industria farmaceútica, las obligaciones suman 746 millones de dólares y apenas el pasado año recibieron 6,4 millones de dólares, cuando en 2016 les asignaron 76 millones de dólares; en 2015, 142 millones de dólares; y en 2014 unos 575 millones de dólares.

Pero de eso no solo vive la industria farmacéutica. Depende de un pool de proveedores, que también se ven afectados por la caída de la producción de plástico, de aluminio, de cartón y de azúcar. De manera que el sector no dispone de insumos importados ni nacionales.

“98 % de los insumos con los que trabajamos son importados y se compran en dólares, muy pocos se cotizan en otra moneda como el euro. Y por la no asignación de esos recursos, la producción ha caído 35 % en 2016 y, para noviembre de 2017, 28 %”.

La medición actual no la manejan, pues esos términos se calculan con un mes de atraso, es decir, la de diciembre de 2017 la tendrán en enero. Sin embargo, 28 % es mucho y eso se ve en el abastecimiento.

Donde más ha habido impacto es en la fabricación de medicinas cardiovasculares, que tienen la mayor demanda. Le siguen los antibióticos, fármacos para enfermedades crónicas como cáncer, Sida, diabetes, hipertensión, artritis, cuya escasez —en algunos casos puntuales— es más de 50 %.

En el país hay tres grandes plantas transnacionales y un conjunto de industrias nacionales que están en capacidad de producir 40 % de la producción, si se genera un trabajo mancomunado con el Gobierno. Eso significa 60 o 70 millones de productos al año.

recorrido, Farmacias, vacios, anaqueles, escasez.

Menos establecimientos 

“Farmacias que forman parte de una red nacional medio se sostienen, pero los pequeños puntos, como es mi caso, que tengo una botica que tiene más de 35 años, es muy difícil mantener los anaqueles llenos. Tengo productos variados, comida, detergente, chucherías, lo menos que hay son medicinas. Cuando llega una vitamina o un antibiótico, los precios son exorbitantes y la gente huye. No cierro porque es de la familia, pero ya no tengo personal, es insostenible”, dijo José Vásquez, farmaceuta independiente.

Según la Federación Farmacéutica, desde 2015 han cerrado cerca de 40 farmacias. Solo en 2016 bajaron la santamaría 14 en el estado Anzoátegui, 10 en Nueva Esparta, 3 en Barinas, 10 en Lara y 3 en Portuguesa. Y en la medida que hay menor disponibilidad de medicamentos e insumos la crisis en el sector es mayor.

Falsas políticas 

Como Nahomis González no consigue desde hace dos meses las medicinas, lo que hace es picar las pastillas para que le duren. Es decir, consume a diario menos de la dosis indicada. “Me da miedo quedarme sin las pastillas, son dos diarias. Es una angustia vivir así”.

Otros, como Larry Larrazábal, recurren a la prednisona de uso animal. Le dura 40 días, pero ya esto le está pasando facturas: las piernas se le están hinchando y ya tiene punzadas cerca del riñón.

En noviembre de 2016, Luisana Melo, para entonces ministra de Salud, durante el Examen Periódico universal (EPU) —donde se analizaba el Estado de Derecho en Venezuela— aseguró que más de 289 millones de medicinas —a razón de 1,1 millones en promedio por día— se distribuían en el país.

En ese entonces las organizaciones no gubernamentales y las empresas farmacéuticas hablaban de 90 % de desabastecimiento. Los pacientes con hipertensión no tenían medicinas. Muchos venezolanos conocieron de enfermedades como hipertensión pulmonar y colitis crónicas, cuando mujeres y hombres mostraron ante la luz pública las críticas condiciones en las que estaban por no tener medicamentos.

Ya habían pasado 9 meses de la activación del Motor Farmacéutico para alcanzar la prometida “soberanía en salud”, con el que solo pagaron 10,4 % de la deuda que el Gobierno tenía con la industria.

Y hay más: desconociendo una crisis humanitaria, el Gobierno puso a disposición la línea 0800 Salud para la tramitación de medicinas, mientras los venezolanos por el mundo hacían recolectas para enviar fármacos al país, que pueden costar miles de dólares.

Incluso hay pacientes que han tenido que traer de Cúcuta vacunas como neumococo, saltándose peajes, extorsiones y requisas militares. Han tenido que vender objetos personales para pagar un tratamiento dolarizado o irse a vivir a otro país para tener una mejor calidad de vida.

Con todo y la crisis generada por los 15 años del control de cambio, Tito López cerró diciendo que están al pie del cañón y dispuestos a trabajar junto con el Gobierno y a hacer un plan de producción que beneficie al país. “No somos políticos, somos fabricantes y dependemos de la asignación de divisas”.

La falta de dólares y la ausencia de inversiones colapsaron el transporte público

Desde 2012 hasta la actualidad, el transporte público se ha venido a menos por el alto costo de los insumos y repuestos. De las aproximadamente 1500 piezas que tiene una unidad, más del 90 % se compran con billetes verdes.

Por Mabel Sarmiento @mabelsarmiento

Caracas. Un servicio de transporte de calidad, cómodo, accesible a todos los venezolanos, prestado por trabajadores que gocen de condiciones laborales justas. Así se resume el objetivo de la Misión Transporte, un programa social lanzado por el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, el 27 de marzo de 2013, a través del cual prometía dar un giro “revolucionario” en el sector para hacer posible el anhelo de un sistema ordenado, planificado e incluyente.

En la teoría, un postulado considerado por algunos como muy romántico. En la práctica, no se puede hablar de calidad ni de comodidad y ese “giro revolucionario” se traduce en que en el ámbito nacional, de acuerdo con los datos aportados por la Federación Nacional del Transporte (FNT), hay cerca de 300.000 unidades —incluidas las de rutas largas y troncales— de las cuales cerca de 80 % están paradas por falta de algún insumo.

La crisis en el sector arranca en 2011 y con el tiempo se ha profundizado. Las trabas para la obtención de dólares oficiales y de permisos para importar han frenado el desarrollo de la industria, que abarca a las unidades que se usan en el transporte público.

Primeros pasos de la misión

En 2013 la Misión Transporte dio sus primeros pasos. Pero también los problemas agarraban cuerpo por las restricciones en las compras externas de unidades, insumos y repuestos, comentó el ingeniero Fernando Mora, vocero del comando.

Luego de la disminución de los ingresos como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, el Gobierno decidió reducir la liquidación de divisas al sector privado y entre 2017 y 2012 la caída fue 90 %. 

Mora citó el caso de 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro liquidó al sector 350 millones de dólares. “De ese dinero solo se le otorgó a la industria [caucheras, fabricantes y proveedores] 33 %. El resto no se sabe dónde fue aparar. No hubo transparencia en la asignación de los dólares, no informaron a quién le dieron ese dinero. Supimos que a Encava y a otra empresa, pero Cencoex nunca publicó la lista de los beneficiados”.

Explicó que uno de los graves problemas es que el Cencoex estableció unas reglas de juego que no permitían que el sector transporte participara. “No podíamos importar directamente, nos ponían como condición que debíamos tener dos o tres años en el negocio. En consecuencia, no quedaba de otra, sino comprarles a los proveedores naturales, que dicho sea de paso algunos nos vendían con referencia a una tasa elevada sin nosotros saber si estaban recibiendo el preferencial. No hubo transparencia”.

En medio de todo esto, desde el Gobierno se hablaba del éxito de la Misión Transporte: creados 60 sistemas de transporte con 2960 autobuses Yutong de última tecnología en 175 ciudades del país, 43 proveedurías de insumos y repuestos en toda Venezuela (lubricantes, baterías, frenos, cauchos y otros consumibles para vehículos).

“Esa fue otra traba. Con las proveedurías nunca se acabó el problema. No las dotaron y tampoco, en el caso de los lubricantes, les dieron un código para que compraran directamente a Pdvsa. Siguieron abasteciéndose de proveedores. Nunca tuvieron capacidad de suplir el mercado con todos los rubros. Llegaron a tener 4 o 5 % de los insumos que necesitábamos y, frente a la estructura de costo que tenemos con un carro de transporte, fueron insuficientes”.

Las limitaciones no solo se registraron con los vehículos adquiridos por los entes oficiales, también las tenían los privados que ensamblaban unidades de transporte. Por ejemplo, los modelos de Iveco para transporte de pasajeros ya no se producen. En 2013 esa industria realizó 24 unidades, en 2017 fue 0.

Cojeando de una pata

En cuanto a los usuarios, lo poco que podían saber de la crisis del sector se limitaba a lo más “visible”, esto es, carros con los asientos rotos, con la latonería golpeada, con los cauchos lisos, con fallas en la aceleración y con recalentamiento. A esto se añadió la exigencia en los incrementos del pasaje, que los choferes respaldaban en esa otra parte que no era del dominio común de los pasajeros: el costo de cauchos, cambios de aceite y otros insumos.

El control de cambio que llevó al recorte en el acceso a las divisas y al receso en la inversión en el sector fue lo que terminó de poner en puertas aquello que el gremio tanto previno: el colapso del transporte público. Así, llegaron al 2017 anunciando paros y recortando la prestación del servicio, por no tener cauchos, baterías y lubricantes.

Todo el sector de autopartes está en retroceso. En el país hay 100 fabricantes localizados en 12 estados del país y, de acuerdo con Omar Bautista, presidente ejecutivo de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) están sufriendo una caída de 94 % desde 2007.

Redoma de La India, transporte publico.

Por eso, cada día hay menos camionetas, autobuses para rutas largas y unidades para las zonas troncales.

Sin solución

A 15 años del control de cambio, los transportistas sufren un paro técnico y han tenido que eliminar rutas esenciales, por ejemplo, hacia los sectores populares. Los venezolanos pasan las de Caín para trasladarse. En algunas zonas usan camiones, que llaman “perreras”, las cuales incluso han sido promovidas por autoridades locales.

Ahora, además de la Misión Transporte, el Presidente Maduro anunció la creación de un banco para los transportistas, “para el crédito oportuno, para la caja de ahorro, para la ayuda, para la inversión en el transporte, es una idea maravillosa”, dijo el pasado 24 de enero en una asamblea del sector transporte.

Con la creación de este banco, el Gobierno podrá asignar créditos en moneda nacional, extranjera, en la criptomoneda Petro, oferta que cuesta digerir en la base de los choferes. “Lo que queremos es poder comprar cauchos sin especulación y tener los lubricantes. De lo contrario este servicio va a desaparecer”, sentenció Rubén Díaz, conductor.

Transporte público. Camiones del gobierno, El Junquito. El uso de las “perreras” ya es oficial para ir y venir de El Junquito

Infografía: Milfri Pérez
Fotografías: Francisco Bruzco

Control cambiario dio luz a la corrupción en el sistema eléctrico

Para el ingeniero y exdirector de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, Miguel Lara, el caso más notorio de transformación desmedida e indebida de bolívares en divisas es el adenda número 4 en el contrato de la represa de Tocoma.

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa

Caracas. “Desde que se estableció el control cambiario este solo sirvió para incentivar la corrupción y el despilfarro de divisas en el sector eléctrico, principalmente al centralizarse y concentrarse bajo el control del Estado”, considera el ingeniero Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados.

En 15 años el sector eléctrico ha enfrentado una serie de problemas que van desde las congelaciones de las tarifas —que impidieron a las eléctricas garantizarse más recursos para inversiones— y siguieron con las nacionalizaciones, lo que generó opacidad en las gestiones e irregularidades que profundizaron una crisis que sigue sin superarse.

En 2007, tras la firma de un decreto presidencial, se creó la Corporación Eléctrica Nacional (Coporelec) el organismo estatal arropó a 14 empresas existentes. Entre esas, a Electrificación del Caroní (CVG Edelca), que para 2006 aportaba hasta 70 % de los requerimientos de energía del país, según se lee en el informe 2016-2017 “Empresas propiedad del Estado en Venezuela”, de Transparencia Venezuela.

Lara señala que las empresas propiedad del Estado que luego se fusionaron en Corpoelec, inclusive esta última, tenían acceso directo y sin mayores limitaciones al cambio preferencial: “Esta prerrogativa les servía para tramitar a ese tipo de cambio preferencial todas sus adquisiciones, de cualquier índole en el exterior, así como para pagar asesorías y viajes desde y al exterior de los asesores y de los propios funcionarios”.

De hecho, productos como bombillos, que se fabricaban en el país, se preferían comprar en dólares en vez de incentivar la producción interna.

Las empresas, como asevera Lara, no tenían trabas para proceder con la firma de contratos y la mayoría de estos estipulaban pagos en divisas: “Dentro de esas contrataciones con empresas extranjeras, partidas presupuestadas y acordadas inicialmente para ser ejecutadas con partes en bolívares, se modificaban cláusulas originales y para transformar parte de esas partidas en bolívares a divisas”.

Transparencia Venezuela, tras los presupuestos presentados por Corpoelec en 2016 (273,8 millardos de bolívares) y 2017 (595,2 millardos de bolívares) ante la Oficina Nacional de Presupuesto, estima pérdidas de 149,3 millardos de bolívares en 2016. Mientras que en 2017 estimó 201,6 millardos de bolívares en pérdidas.

Caso Tocoma

Para Lara, el caso más notorio de transformación desmedida e indebida de bolívares en divisas es el adenda número 4 en el contrato de Tocoma: “Hasta los viajes internos estipulados en bolívares luego se pagaban en dólares”.

Transparencia de Venezuela explica en su informe que Tocoma, la cuarta represa del Sistema Hidroeléctrico del Caroní, “fue dejada en total planificación por la antigua Edelca. Debió ejecutarse entre 2006 y 2010. El Gobierno entregó el contrato de las obras civiles al Consorcio OIV (Odebretch y asociados) y el de las obras electromecánicas (fabricar turbinas, y otros) a la argentina Impsa con la intercesión de Felipe Pedroza y Argenis Chávez por Venezuela y Julio DeVido y el embajador de Argentina para la fecha, por Argentina”. En el periodo en que fue escrito el reporte de Transparencia Venezuela, la central aún no existe.

Estos trabajos ya tienen tres años paralizados. Las obras civiles están avanzadas, mientras que la electromecánica apenas tiene 10 % de avance. “Una sola turbina llegó y no pudo ser encajada en el foso, los ductos de desvío de agua están tapados y las presas de enroscamiento tienen raíces y plantas que rompen el cemento”, señala Transparencia. Y agrega: “Hay una grave escalatoria de precios y numerosas denuncias. No disponer de sus más de 2000 megavatios afecta severamente la crisis del Sistema Eléctrico Nacional tanto como la semiparálisis de buena parte de las plantas termoeléctricas”.

Cambios en las medidas eléctricas arrancan en el lunes

La congelación

Desde mediados de 2002, el Gobierno congeló las tarifas eléctricas. La necesidad de que las empresas, previo a la nacionalización, incrementaran sus fondos llevó al diseño de esquemas tarifarios que no se concretaron. Las revisiones, después de que el Estado asumió el control de las eléctricas, se analizaron, pero con la crisis de 2009 y 2010 acabaron postergándose.

El argumento de las autoridades para no ajustar era que no “estaban dadas las condiciones” debido a que cuando se formulaba la evaluación había un evento electoral y fue en 2014 cuando se aplicó el Plan Banda Verde que implicó el aumento en los costos de este servicio, esquema que sigue vigente.

Foto: Cortesía

Especiales CrónicaUno

Créditos

Coordinación y conceptualización editorial:
Mayela Armas

Textos:
Mayela Armas
Carlos Crespo
Carmen Victoria Inojosa
Mabel Sarmiento

Fotografías y videos:
Francisco Bruzco
Luis Miguel Cáceres

Multimedias e infografías:
Milfri Pérez

Edición de textos:
Natasha Rangel

Visualización y desarrollo:
Betzy Barragán


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