Además de los destrozos al mobiliario urbano, la gente dice que les cambió la rutina diaria: no llevan a sus niños a los colegios, tampoco sacan a las personas de la tercera edad que están en tratamiento médico por temor a la represión y no cuentan con transporte público a toda hora del día.
Caracas. Dos meses llevan los vecinos de zonas como El Paraíso y La Vega tragando bombas lacrimógenas. Dicen que soportan porque quieren un cambio para el país. Pero lo que ya no aguantan es la fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos civiles armados, que arremeten no solo afectando sus vidas sino también dañando la propiedad privada.
Apartamentos, carros, ascensores, comercios, espacios públicos y colegios se han visto afectados en medio de las refriegas que desde hace 67 días se escenifican en varias comunidades del oeste capitalino.
Por eso, vecinos de El Paraíso, La Vega, Montalbán, Caricuao, Antímano y Carapita fueron este martes a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir medidas de protección y sanción para aquellos funcionarios que han participado en las acciones violentas.
Algunas de las residencias afectadas: Plaza Paraíso, El Pinar, Morochí, San Francisco, La Villa, Turpial, Conjunto Residencia El Paraíso (Los Verdes), Victoria, Plaza Paraíso, Terrazas de El Paraíso. Todas tienen severos destrozos en las instalaciones.
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Específicamente en el Victoria fueron quemados tres apartamentos, en Terrazas de El Paraíso destrozaron ascensores y el portón principal, en el Victoria también arrancaron parte el portón principal. En este último caso, los residentes acusan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De hecho, en el edificio tienen una pancarta que dice “GN devuelve el portón”.
En general, las paredes de estos edificios tienen marcas dejadas por el efecto de las lacrimógenas y muchas ventanas tienen los vidrios rotos. Pero además de los destrozos al mobiliario urbano, la gente dice que la rutina diaria les cambió: no llevan a sus niños a los colegios, tampoco sacan a las personas de la tercera edad que están en tratamiento médico por temor a la represión. Tampoco cuentan con transporte público a toda hora del día.
Y lo peor es que los vecinos estamos asumiendo todos los costos. No hemos sacado las cuentas de las pérdidas, pero esas reparaciones las debemos hacer nosotros mismos. ¿Quién va a pagar cuatro carros quemados completamente y cinco perjudicados por las llamas? Las cuotas de condominio van a tener que subir para arreglar las áreas comunes. Y todo porque la represión militar ha sido fuerte”.
Los afectados dijeron que caminar por El Paraíso, por ejemplo, ya no es lo mismo. “Salimos con temor, la circulación se ha visto afectada por el cierre de vías y siempre hay presencia militar en la zona, situación que atemoriza a los niños”, contaron.
Beatriz Rachadel, vecina de las residencias Victoria en El Paraíso, denunció que desde el 19 de abril cuando se iniciaron las protestas, la arremetida de la GNB no se ha detenido.
En esa torre suman ya tres los apartamentos incendiados y varios carros dañados por el efecto de las bombas lacrimógenas.
“Desde esa fecha [19A] muchos no duermen en la madrugada por temor a represalias y al amedrentamiento de los civiles armados. Ahora tenemos la amenaza de que van a lanzar una OLP en la zona”.
La concejal Metropolitana por el partido de oposición Alianza Bravo Pueblo (ABP), Adriana Aguilera, denunció que se ha visto la actuación “sin precedentes” en la historia republicana de Venezuela de los organismo de seguridad que, de manera conjunta con grupos irregulares alzados en armas y con el rostro cubierto, se han ensañado en contra de las comunidades de La Vega, El Paraíso, Antímano, Macarao y Caricuao.
En compañía de su homóloga Gladys Castillo y del diputado Richard Blanco, la dirigente consignó un documento en la Fiscalía General de la República, respaldado por vecinos de las comunidades antes citadas, en donde piden que se inicie una investigación exhaustiva de carácter penal, sobre la actuación irregular de los organismos de seguridad que han cometido una violación masiva de los Derechos Humanos de los habitantes de las parroquias del oeste capitalino.
“Los uniformados han atacado y violado lo establecido en el artículo 68 constitucional, que en su primer aparte señala: ‘los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley’”.
Destacó que durante la represión ha habido una lluvia de balas, perdigones, cartuchos con metras y trozos de cabilla, así como de bombas con sustancias toxicas. “Además. las autoridades han permitido la incursión de grupos delincuenciales que con los rostros cubiertos han saqueado establecimientos y dañado la propiedad privada“.
A su salida de la Fiscalía, el diputado Blanco informó que ya designaron fiscales metropolitanos para investigar las denuncias y levantar las experticias correspondientes.
Foto referencial: Francisco Bruzco
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