Parientes de los detenidos en el contexto de las manifestaciones poselectorales hicieron un plantón en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, para pedirle a Nicolás Maduro la libertad de los jóvenes y adolescentes.
Caracas. Viste una franela que pide libertad para su hermano. Nicole Garrido llora desconsolada. Al verla un grupo de mujeres que, al igual que ella, tienen a sus familiares detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, la rodean para abrazarla.
Aunque no comparten lazos consanguíneos ahora se sienten como una “gran familia”.
Desde hace un mes ellas viven juntas en una habitación en Maracay y viajan todos los días, aproximadamente 40 minutos, hasta el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, para llevar medicinas o conocer sobre la salud de los reclusos.
La decisión de las 10 mujeres, entre ellas madres, hermanas y tías, se debe a que todas residen en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por lo que ir a Tocorón se les dificulta.
Al principio podían costear el pasaje, pero entre el pago de la estadía y alimentación ahora piden la cola a quien vaya a la misma vía, con tal de llegar hasta el centro penitenciario.
“Mi hermano salió a comprar y al regresar pasó un grupo policial que se paró, lo golpeó para bajarlo de la moto y se lo llevó. Él no estaba en ninguna marcha”, dice sobre Anthony Pérez, quien participa en la selección nacional de Taekwondo.
Junto con su tía, que la acompaña a las visitas al penal, Nicole cuenta que tiene que dejar solos a sus hijos y el negocio de su tía casi se va a la quiebra.
“¿Cómo tu vas a pasar una Navidad feliz con un familiar allá preso, que te falte un integrante de la familia sentado ahí en esa mesa. No es justo”, lamenta.
Aunque debe pasar cerca de dos horas para entrar al penal y ver a Anthony por 10 minutos, y a través de un vidrio, igual se moviliza para verlo.
Nicole destaca que la limitación en las visitas es solo con el grupo de presos por motivos políticos, porque al resto de la población penal de la cárcel de Tocorón le pueden hacer visitas de una hora completa. Además los familiares tienen contacto directo con ellos y menos restricciones en la cantidad de insumos permitidos en las entregas.
Tun tún
“No puede ser justo que a ellos los van a acusar de terrorismo sabiendo que no es cierto”, dice Yohana*, quien tiene a su hermano, de 23 años de edad, detenido desde el 3 de agosto durante un operativo de la Operación Tun Tún.
Aunque trataron de demostrar que el joven, quien ahora se encuentra recluido en la cárcel de Tocorón, se encontraba en el trabajo durante las protestas, no les permitieron entregar las pruebas que incluían fotos videos y cartas de buena conducta.
“Mi hermano es un muchacho emprendedor. Él no es ningún terrorista”, señala sobre uno de los cargos que le imputan al joven, quien se dedica a la barbería.
Insiste en la inocencia de su hermano, así como la del resto de detenidos. Una de sus mayores preocupaciones es la alimentación de él, porque ha bajado considerablemente de peso desde que está en el penal del estado Aragua.
Desde hace una semana, gracias a una petición hecha en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, les permiten llevar hidratación, agua e insumos básicos.
Yohana asumió la responsabilidad de estar pendiente de su hermano, quien desde hace un mes está en Tocorón. Y para eso tuvo que alejarse de su hijo de cuatro años, situación que le afecta. Sin embargo, estará «hasta el final» donde haga falta, con tal de probar la inocencia de él.
Pedir justicia
Durante un plantón frente al Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, los familiares que viajaron desde Carabobo, Nueva Esparta, Barinas, Miranda, Bolívar y comunidades de Caracas pidieron por la pronta liberación de sus familiares detenidos en Tocuyito, Tocorón, Yare, así como en centros de detención para adolescentes.
“Nuestros corazones nos duelen, señor. Nuestros corazones nos duelen como madres”, dice un grupo de mujeres, que se agarró de manos y se arrodilló.
En el piso, con los ojos cerrados y entre rezos, claman por justicia y por tener unas navidades realmente felices.
Frente a las puertas del palacio, custodiado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y del Servicio Bolívariano de Inteligencia Nacional, las mujeres leyeron una carta dirigida al mandatario Nicolás Maduro, en la que le solicitan un “diálogo sincero”.
“Cada día sin ellos es un recordatorio del dolor que nos consume como madres, y nos preguntamos qué futuro les espera si continúan encerrados en condiciones inhumanas”, sostienen en el escrito.
Tres meses
Desde el 28 de julio los dos hijos de Yuleidi*, de 20 y 22 años de edad, están detenidos. Ambos fueron arrestados cerca de su residencia en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
La madre, de 46 años, además perdió a uno de sus nietos, ya que por el estrés de la detención la pareja de uno de sus hijos tuvo un aborto espontanéo.
Yuleidi no puede viajar seguido por la distancia y el gasto económico que representa, por eso se queda a la intemperie en una plaza cercana a la cárcel de Tocorón ‒donde sus hijos están presos‒ cuando no puede pagar la habitación a donde se mudó.
También perdió su trabajo al que por mudarse, tuvo que dejar de asistir. Lo único que quiere es que sus hijos vuelvan a salir y pasar Navidad junto a ellos.
“No entiendo por qué nos pasó esto. Lo único que pedimos al Presidente es que se pongan la mano en el corazón y que nos entreguen a nuestros hijos”, dice la madre.
Hasta el 28 de octubre la OGN Foro Penal contabilizó un total de 1958 personas detenidas desde el 29 de julio, día en que iniciaron las protestas en rechazo a los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que adjudicaron a Nicolás Maduro como ganador.
De la cifra, 1889 son adultos y 69 adolescentes.
(*) Los nombres fueron cambiados como medida de protección
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