Las ONG exigen una investigación nacional e internacional. En el ámbito interno aspiran a que el Ministerio Público averigüe a fondo el asesinato de cinco miembros de una misma familia el 25 de marzo en El Ripial.


Caracas. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) junto con otras organizaciones no gubernamentales de la región elevaron su voz a través de un comunicado para condenar los sucesos de violencia acaecidos en la parroquia Urdaneta del municipio José Antonio Páez, estado Apure, donde se han dado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las FARC, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de 4000 personas al país vecino.

Exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las FAES en El Ripial.

“Estas personas fueron sacadas de sus hogares en el barrio 5 de Julio, los funcionarios alegaron que eran ‘guerrilleros’”.

También señalan que los enfrentamientos entre la FANB y las FARC “han afectado a productores y habitantes del lugar contándose entre ellos población vulnerable: niños, ancianos, mujeres, y familias en general. Son numerosas las familias desplazadas forzadamente por estos violentos hechos, las cuales han tenido que huir de sus propiedades a través del río Arauca. Un aproximado de 4000 ciudadanos han pasado hacia el vecino país, los cuales han sido atendidos en albergues de campaña y han recibido atención médica, alimentación y resguardo”.

Las ONG informan que, de acuerdo con informes extraoficiales, aún se continúan presentado enfrentamientos por parte de las FARC, “quienes atacaron las siguientes instalaciones: sede de la Aduana, y las oficinas Seniat, donde se evidencia un uso desproporcionado de la fuerza, convirtiéndose en tragedia, violando todos los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en el año 1948 a través de la ONU”.

Destacaron que el 25 de marzo “fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES en El Ripial, municipio Páez. Estas personas fueron sacadas junto con otras personas de sus hogares en el barrio 5 de Julio, los funcionarios alegaron que eran guerrilleros hecho que conmociona a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional”.

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Apuntaron: “Aquí se está violando el derecho de todos los lugareños, campesinos que abandonan su siembra, sus cosechas, al tener una huida forzada, así mismo su vivienda, basándose en los principios de libertad e igualdad, la declaración Universal de los Derechos Humanos hace especial énfasis en la necesidad de desarrollar una orden de justicia en el ámbito internacional que garantiza la plena vigencia de los derechos contemplados en ella”.

“Desde Fundehullan, la Red de Justicia Libertad, condenamos enérgicamente estos hechos crueles y denunciamos las violaciones ocurridas ante la comunidad internacional, el sistema Interamericano, Cruz Roja Internacional, la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y en el orden interno, a la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de Protección a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la Fiscalía de Protección del Niño, Niña y Adolescente a tomar las medidas de restitución de estos derechos civiles vulnerados en esa Parroquia y sus comunidades afectadas en la región llanera”.

Exigen una investigación exhaustiva al fiscal general de la República ante los hechos que se registraron el jueves 25 de marzo.


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