En el refugio II, ubicado en la carretera Petare-Guarenas, parroquia Caucagüita, las bolsas del Clap llegan cada dos meses y no para todos los habitantes del albergue gubernalmental, que existe desde hace más de 10 años.
Caracas. Una llama grande, de color amarillo y naranja se veía en medio de la oscuridad. El flash de un celular alumbraba la grabación en medio de la fuga de gas de una bombona que no dejó dormir a los habitantes del refugio II, nombre de un albergue gubernamental ubicado en el kilómetro 13 de la carretera vieja Petare-Guarenas, parroquia Caucagüita, que existe desde hace más de 10 años.
Niños, niñas y adultos corrían mientras gritaban “¡corran!”, “¡sal de ahí!”, “¡échale tierra!”. Así se escucha y se ve en el video que hizo un habitante del refugio, la noche del 27 de mayo
Una mujer con un bebé en brazos observaba la llama desde una reja roja, esa es la entrada del lugar. A su alrededor otros habitantes trataban de escapar del fuego, con el temor de que las llamas crecieran y se expandieran por las paredes del galpón, y a su vez, por el cartón piedra que divide los cubículos que ocupa cada familia.
Desde el portón a la entrada del galpón hay un espacio al aire libre. A un costado una construcción de paredes de bloque, en donde vive una familia: mamá, papá y dos hijos. Esa noche prendieron el horno para hacer una torta. Pero no se percataron del escape de gas de la bombona.
A la espera de vivienda
En ese galpón habitan 26 familias, la mayoría con menores de edad y adultos mayores. Cada una con una cantidad de tiempo distinta allí dentro, pero todas a la espera de la asignación de una vivienda por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Al menos 15 grupos familiares llegaron allí luego de perder sus viviendas por deslizamientos de tierra en Hoyo de la Puerta y en Petare. Otras estaban en condición de calle.
La vida en el refugio
Un día después el refugio estaba en silencio, mientras sus habitantes limpiaban las paredes llenas de hollín y sacaban los enseres quemados. No hubo fallecidos, la familia afectada perdió la cocina y otros enseres. Pero al final del día todo prosiguió como si nada hubiese pasado, a pesar de las condiciones de vida en ese refugio.
El baño principal de la parte de abajo no tiene inodoros. Las bolsas de comida del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un beneficio de alimentación creado por el Gobierno, llegan cada dos meses y no para todos.
No hay casi bombillos, así que cuando cae la noche es poca la iluminación dentro del galpón. Otro problema es la mala convivencia y la falta de higiene.
Lo único que hay es agua y eso porque viene de un río”, dijo una fuente consultada dentro del refugio.
Cuando llueve fuerte una quebrada que pasa cerca suele desbordarse y se mete hacía al galpón. El servicio de electricidad falla constantemente, hasta cuatro veces se puede ir la electricidad en un día tanto en el refugio como en la comunidad aledaña.
Sobre las paredes de cartón hay cables visibles, muchos de ellos interconectados. En la mayoría de los cubículos hay cocinas eléctricas. Lo rudimentario de las conexiones eléctricas genera cortocircuitos, otro tipo de susto que experimentan los habitantes de este refugio.
Aquí vivimos como desechos humanos”.
El estado de los baños
Ante la falta de pocetas hay habitantes que hacen sus necesidades fisiológicas en tobos y los desechos los tiran a la quebrada. El baño de la parte de arriba sí tiene pocetas pero con las tuberías rotas, además está sucio.
La convivencia también es un problema. No hay distinción de hora para tener música a volumen alto durante las fiestas que se celebran en el lugar. Y si no es la música, son gritos o peleas, que no dejan dormir al resto de los habitantes.
Las amenazas
Un equipo de Crónica.Uno acudió al refugio un día después del incidente con la bombona. La visita le no gustó a tres mujeres del lugar, quienes advirtieron que sus superiores debían ser notificados. Poco tiempo después la prensa fue desaloja.
Pablo Díaz, coordinador del refugio, acudió al lugar y se reunió con las mujeres del refugio. La reunión duró más de una hora.
Las mujeres que hablaron con el equipo de prensa de Crónica.Uno presuntamente serán sancionadas con el “levantamiento de un acta”. Las supuestas actas son una especie de sanción disciplinaria. Quien acumule tres actas queda “fuera del listado”, es decir, sin la opción de recibir la vivienda por la que tanto esperan quienes viven en los refugios.
Quienes se van del lugar, así sea para un “refugio solidario”, también reciben amenas con quedar por fuera del listado. Esta opción, implementada por el mismo Gobierno, se entiende como la posibilidad de que a las familias las reciba algún familiar o allegado mientras les asignan la vivienda.
La ley
En el año 2011 fue promulgada la Ley Especial de Refugios Dignos, con la cual el Gobierno se compromete con las familias que permanecen en estos lugares a la “procura de una nueva vivienda, en caso de riesgo vital o pérdida irreparable de la misma”.
También establece que “los refugios servirán como espacios dignos para la vida y la convivencia en comunidad, y como sitios de protección de derechos, cumplimiento de deberes y ejercicio pleno de ciudadanía por parte de todas las familias y personas refugiadas”.
Según lo que establece la ley, este galpón entra en la categoría de refugio tipo B, que comprende edificaciones divididas en habitaciones unifamiliares, con servicios comunes: “baños, cocina, almacén, lavandería, comedor, área de esparcimiento y, de ser posible, un espacio para el desarrollo de actividades formativas y productivas de bajo impacto ambiental, cercano al sitio de refugio”.
Pero la única condición favorable dentro de este lugar es que tiene áreas al aire libre.
En 2010 hubo una vaguada que dejó a 38.000 familias sin vivienda en Caracas, según datos oficiales. Para ese entonces el gobierno del expresidente Hugo Chávez anunció la construcción de 286.180 viviendas, adicionales a otras 95.912 que comenzaron a construir en abril de ese mismo año.
Desde 2010 hasta 2017 solo en el municipio Libertador había siete albergues con 775 familias en total, como fue reseñado en un reportaje publicado por Crónica.Uno en 2018. A lo largo de estos 23 años de gobierno chavista, las autoridades habilitaron oficinas gubernamentales, ministerios y expropió galpones y hoteles, entre otras edificaciones, para el refugio de familias damnificadas.
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