Los programas impulsados por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para incentivar y garantizar la asistencia de los docentes a los centros educativos, son una compilación de beneficios que ya eran otorgados por otros organismos.
Caracas. Planes para adquirir vivienda, dotación de uniformes, calzado y bolsas de alimentación fueron algunas de las promesas que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, mencionó al inicio del período escolar 2024 – 2025. Pero, ¿se trata de algo nuevo?
La verdad es que no. Todo lo ofrecido por Rodríguez, quien ya ocupó el cargo como máximo representante de la cartera educativa en el año 2014, ya se encontraba en varias clausulas mencionadas en contratos colectivos de los educadores.
Desde 2018, el Gobierno de Nicolás Maduro eliminó estos acuerdos en el sector público y privado, lo que significó una desmejora para los trabajadores en materia salarial, puesto a que según el tabulador, los educadores con mayor grado de instrucción superaban el sueldo mínimo.
Sin embargo, con este cambio al vencerse el plazo del contrato que no fue renovado, los sueldos se empezaron a regir por el mínimo, por lo que perdieron su valor y se mermó la capacidad de compra de los educadores.
En cuanto a los beneficios, Yslenis Pulido, docente y dirigente sindical de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), ratifica que en el contrato colectivo están claras las clausulas firmadas por el gobierno y las federaciones sobre las tablas salariales.
«Es decir, las jerarquías, la meritocracia, la seguridad social en general; teníamos derecho a viviendas, a créditos personales e hipotecarios, a línea blanca, préstamos de salud y actividades recreativas», dice.
En este sentido, menciona el club Villa Ipasmar, uno de los hoteles que el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) tenía asignado para la recreación de sus trabajadores, y que en la actualidad no presta servicio.
Rechaza que el ministro ofrezca algo que ya está contemplado y que les han quitado.
«Por eso decimos que no quieren resolver porque el Contrato vencido hace cuatro años está vigente hasta tanto no se firme un nuevo contrato que sea para mejorar todas esas clausulas que teníamos en los contratos anteriores, tomando el principio de progresividad de nuestros derechos», resalta.
Asimismo, critica que se intenten resolver los problemas de los docentes con «pañitos de agua tibia» y que no exista voluntad de llevar a cabo soluciones efectivas; entre esas, mejorar los salarios.
Nada nuevo
Raquel Figueroa, educadora y dirigente sindical de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), recuerda varias de las promesas fallidas del ministro Héctor Rodríguez durante su corto paso por el Ministerio de Educación, cuya duración en el cargo fue de tan solo un año y ocho meses.
Para ella no es muy difícil traerlas a colación, puesto a que varias se repiten en 2024.
«En el 2014, la VII Convención Colectiva de los educadores dejó sin efecto de ejecución el Programa de Alimentación a los educadores activos y jubilados. Quedando esto en el tiempo como un beneficio y una conquista. No se dio en ese año, ni en los venideros, una política para accionar esta conquista contractual», sostiene Figueroa.
Apunta que en este 2024, Rodríguez ejecuta una política llamada la «bolsa magisterial», que tienen los mismos productos que ofrecen los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sin proteínas.
Sustituir lo que existe
En una nota anterior de Crónica.Uno, Figueroa criticó que los programas anunciados por el ministro en septiembre, pretenden sustituir beneficios que ya otorgaba el Ipasme.
Es por ello que señala que en 2014 Héctor Rodríguez tuvo la oportunidad de impulsar una política de vivienda para los educadores a través del ente adscrito al Ministerio de Educación y el Ministerio para el Hábitat y Vivienda.
«En el 2024 su discurso enuncia una política habitacional, pero sin tener aún una planificación. Es importante destacar que en la cláusula 31 de la VII contrato colectivo se señala como caso especial la atención de otorgar vivienda a los educadores jubilados», indica.
A su juicio, el Héctor Rodríguez de 2024 se burla de los educadores jubilados al convocarlos a que retornen a las aulas de clases sin contar con este beneficio.
El programa que atenderá a docentes en salud y créditos, es otra oferta que también le compete al Ipasme y que el ministro intenta instaurar como nueva.
No es suficiente
Yslenis Pulido, de Fetrasined, recuerda cuando durante el ejercicio de su labor, podía gozar de los privilegios que le otorgaba su carrera.
«Teníamos becas de estudio, clínicas que nos atendían. Solo bastaba con llevar nuestros carnet del Ipasme», rememora.
Ella misma fue operada en clínicas en las que no tuvo que pagar nada debido a que todo era cubierto por el ente. Su madre, quien era beneficiaria, pudo hacer lo mismo. Por eso en la actualidad ve con mucho dolor no poder acudir al organismo destinado a satisfacer distintas necesidades de los educadores. No obstante, ya no hay suficientes especialistas para atender.
Lamenta no tener calidad de vida y un salario suficiente que le alcance para ir a trabajar.
«Poder sentir que soy una profesional que puede dar ejemplo de vida, con dignidad y no estar haciendo una cola por horas para que me den un par de zapatos que no me gustan, o una bolsa de comida que es como para personas que no aportan nada al país», manifiesta.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calculó que los educadores necesitan el equivalente a 29 veces su salario para pagar la canasta básica de alimentos.
En septiembre esta cerró en $531,57 para una familia de cinco personas. Mientras tanto, el sueldo mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Lea también:
Lluvias en Táchira, Zulia y Falcón causan anegaciones y dejan un fallecido