Los pequeños y medianos comercios en Venezuela enfrentan una crisis marcada por altos impuestos, bajas ventas y cargas administrativas que reducen su rentabilidad. Aunque la recaudación es necesaria, muchos comerciantes perciben mayor presión fiscal en diciembre para obtener ingresos adicionales.
Valencia. El estruendo metálico de las santamarías al bajarse a toda velocidad en el Centro Comercial Gran Bazar de San Diego, estado Carabobo, desata el pánico. Es la señal de una nueva redada: en segundos, se produce un efecto dominó y entre el ruido resurge el grito que lo explica todo: “Cierren todo, es el Seniat”.
Es diciembre y los recaudadores comienzan sus inspecciones, parte de la rutina para verificar que los comercios cumplan con sus obligaciones, aunque en muchos casos no es así.
El Seniat, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es el organismo encargado de la recaudación fiscal en Venezuel, y este ritual se ha vuelto tan común que los comerciantes ya anticipan los movimientos de esa institución, como si fuera un escenario que se repite año tras año.
Gran Bazar San Diego es un centro comercial de mini tiendas que agrupa principalmente a pequeños comerciantes, aunque también hay medianos. Con más de 600 locales, la crisis ha reducido a la mitad los que permanecen abiertos.
Los pequeños comerciantes, generalmente negocios familiares con pocos empleados, son los más afectados por la recesión y las cargas fiscales.
Antes de la crisis, la mayoría de los locales funcionaba regularmente, lo que permitía una dinámica de ventas más constante y competitiva, pero la situación económica actual ha transformado el flujo comercial en un reflejo de precariedad y desconfianza.
Con la llegada del Seniat, en cuestión de cinco minutos hay pasillos donde ni un solo comercio permanece abierto; la mayoría de los trabajadores se sientan en la plaza central o esperan junto a sus locales.
Seniat de cacería
Crónica Uno visitó el centro comercial durante una semana; en tres oportunidades, los funcionarios del Seniat, con camisas rojas y gorras institucionales, llegaron al mediodía, siempre a la misma hora. Esta puntualidad genera un estado de alerta permanente, obligando a los comerciantes a reorganizar sus actividades y horarios para evitar multas o sanciones.
Para Marieth Vidal*, quien pide ser llamada así para proteger su identidad, el mes de diciembre se convierte en una temporada de acoso. Desde su puesto de trajes de baño, aseguró que los recaudadores inventan cualquier excusa para apropiarse de sus ingresos.
“Te pongo un ejemplo, aquí todos somos comercios pequeños, ellos vienen y nos piden que tengamos la máquina que emite las facturas. Una de esas cuesta $3000, nosotros no tenemos el dinero para poder pagar eso. Hay semanas que no vendemos nada”.
Estas máquinas fiscales son equipos obligatorios que registran todas las transacciones comerciales, y cuyo costo suele ser prohibitivamente alto para negocios de bajo margen.
Vidal explicó que la situación es complicada y que muchos locales llevan meses cerrados. Nadie quiere invertir en una zona alejada de la entrada porque eso podría significar pérdidas.
A diferencia de otros, ella no bajó su santamaría, aunque sabe que tarde o temprano le tocará. “Yo tengo mis papeles en regla, pero hay muchos que, aun teniéndolos, cierran porque dicen que el Seniat siempre encuentra una excusa para multarte”.
Postura patronal
Fedecámaras ha denunciado desde hace años el peso de carga impositiva para la sostenibilidad de los comercios. Hace poco más de 15 días, Jorge Aroca, representante de la seccional Carabobo, denunció que por cada billete de 100 dólares que ingresa a una empresa en la región, 57% termina en tributos, 30% en nómina y solo 10% representa rentabilidad, dejando un margen mínimo para los empresarios.
En otras palabras, de cada 100 dólares que genera un negocio, más de la mitad se va en impuestos y contribuciones, una situación que reduce drásticamente la capacidad de inversión y crecimiento. Además, mientras menor sea el tamaño de la empresa, más difícil resulta cumplir con los impuestos.
“Esto lleva a muchas empresas a bajar sus santamarías”. Aroca destacó la necesidad de decisiones urgentes del Ejecutivo para reactivar la economía y proteger empleos, lo que permitiría recuperar el poder adquisitivo.
Esta postura se refleja a nivel nacional. Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, comentó a Crónica Uno hace poco más de un mes durante la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo que ante tan bajo margen de ganancia es tentador para los comerciantes refugiarse en la informalidad o, en el peor de los casos, cerrar.
Con informalidad se refiere a negocios que operan sin cumplir todas las normativas legales ni fiscales, lo que puede implicar riesgos para los propietarios y empleados.
Dalia Querales tenía seis comercios antes de la pandemia; ahora, cuando ya casi es 2026, solo conserva uno. La crisis económica y los impuestos la obligaron a reducir su actividad. “Sacas dinero de donde no tienes para pagarle al Seniat”.
Políticas inadecuadas
La crisis es tan profunda que algunos negocios en Gran Bazar ni siquiera colocan un nombre visible, porque es un pago adicional que prefieren evitar. No mostrar el nombre comercial es una estrategia de ahorro frente a los costos asociados con registros, publicidad y obligaciones fiscales.
Esta anécdota captura apenas una fracción de la realidad. Sirve, no obstante, como un microrrelato elocuente de las continuas adversidades y la presión injusta que caracterizan la supervivencia de las pequeñas empresas.
Pero hay más: en febrero de este año, el abogado Daniel Betancourt dijo a Crónica Uno que “Venezuela ha sufrido una metamorfosis económica y los instrumentos tributarios implementados entre 2014 y 2018, a través de leyes habilitantes y decretos presidenciales, que buscaban aumentar la recaudación y reducir la inflación, no cumplen sus objetivos porque la dinámica del país cambió”.
Betancourt expuso que según el sector, las empresas deben presentar entre 200 y 300 declaraciones de impuestos al año. Es decir, una o más por cada día hábil. Cada declaración implica tiempo, recursos humanos y contables que muchas pequeñas empresas no pueden asumir sin comprometer su operación diaria.
Entre enero y septiembre, la recaudación no ha dejado de crecer, de acuerdo con cifras del Seniat: en enero fue de Bs. 41.064.552.844 y para septiembre alcanzó Bs. 141.030.607.609.
Estos números evidencian la presión fiscal creciente que enfrentan los comerciantes, afectando directamente su liquidez y capacidad de sobrevivir en el mercado. Dalia se encuentra entre los que decidieron cerrar ante la llegada del Seniat.
“Tu puedes tener tu máquina, tu puedes tener todo en orden y ellos encuentran por donde afincarse así que es mejor cerrar”.
Contó que la comerciante de enfrente compró la máquina nueva y, aun así, le aplicaron los impuestos.
Entre máquinas y libros
Sobre las máquinas, precisó que nunca valdrán menos de $1000 y pueden subir hasta $3000, dependiendo del tipo y la marca, todas adquiridas a través del Seniat.
Recientemente, el Seniat exige una nueva máquina que envía reportes directos a la institución. “Es la que manda el chisme”, ironizó Dalia, consciente de que tendrá que reemplazarla.
Durante la inspección, cuando la vecina preguntó por qué la revisaban si ella buscaba estar legal, un funcionario le respondió: “el que vino el otro día te echó la paja”.
Al mostrar que tenía cinco libros, el Seniat le indicó que debía sacar un sexto. Ante su desconocimiento, los funcionarios solo le dijeron que no conocer la ley no la eximía de la multa.
Dalia aseveró que la multa más baja puede ser de $300, pero a otros comerciantes les han aplicado hasta sanciones equivalentes a $3000.
Multas a granel
Cuando no hay inspección, el Seniat visita con la excusa de un censo. “Vinieron un mes antes y me cayeron con nombre y apellido. Cuando lo hicieron, llegaron directo a mi local y me pidieron los libros; la contadora se los había llevado y se pusieron insistentes. Debía entregarlos en máximo una semana, pero la ley establece un mes. Ellos lo ignoraron”.
No tener la máquina, los registros, el programa fiscal, los libros o las facturas puede generar una o varias multas. Cada incumplimiento, aunque sea mínimo, puede convertirse en un gasto considerable y afectar la viabilidad del negocio.
Para Dalia estas navidades fueron duras. “Este año mi arbolito está vacío y todavía tengo facturas que pagar”.
Además denunció el pago que la empresa debe hacer para la ayuda a los pensionados. “Yo sigo cobrando 130 bolívares, pero me quitan más de eso”.
Añadió que al principio daba $7 y actualmente son $30, dinero que va a las cuentas del Seniat y no al Seguro Social. Si no realiza el pago, la pueden multar hasta con $4000, especificó con temor.
En el recorrido se abordó a funcionarios del Seniat. Sin embargo, estos se negaron a responder y obligaron al equipo a borrar las fotografías, tras alegar una supuesta ilegalidad, pese a que la labor periodística está protegida por la ley.
30 después del frenesí, los comerciantes vuelven a abrir. La escena muestra un retorno a la rutina, pero la tensión persiste, como una muestra de la vulnerabilidad de los pequeños empresarios ante un sistema tributario estricto, enredado y arbitrario.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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