Tulio Ramírez, educador y sociólogo, advierte que implementar planes de contingencia en el sector público es difícil e incierto, porque la mayoría de las escuelas están en zonas vulnerables donde la asistencia es irregular y las fallas de servicios básicos son constantes.
Caracas. Para María*, madre de un niño de segundo grado en un colegio privado de la capital, la decisión de llevar a su hijo a clases no fue sencilla, pero hoy la define como un acto de cordura ante la situación del país.
Su hijo volvió a las aulas bajo un plan de contingencia escolar que prioriza la seguridad física y mental de los estudiantes. El protocolo incluye entradas flexibles y salidas escalonadas, diseñadas para que las familias lleguen a sus hogares antes de que caiga la tarde, por razones de seguridad.
“Ver que el plan se aplica con rigor desde el primer día me ha dado mucha tranquilidad. La flexibilidad y el orden demuestran que la institución está preparada para actuar ante cualquier situación que se llegue a presentar”,
explica.
Luego del bombardeo del gobierno de los Estados Unidos en Caracas y otros tres estados del país, el 3 de enero pasado, que resultó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, hay incertidumbre en las familiares para el regreso a las aulas de clase.
Tras una semana de paralización nacional, el 12 de enero se reactivó formalmente el calendario escolar, pero el retorno no ha sido igual para todos.
Tulio Ramírez, educador y sociólogo, sostiene que el ambiente educativo actual dista mucho de ser el ideal para un retorno total. Ante este escenario resulta imperativo que el personal docente y administrativo conozca a fondo los protocolos de seguridad frente a situaciones de violencia.
En el contexto nacional es necesario que el docente sepa exactamente cómo actuar y a qué instancias acudir. Esto implica conocer los equipos de protección y las organizaciones de apoyo existentes, con el fin de trascender la respuesta reactiva y fortalecer una cultura de prevención.
“Es totalmente normal y aceptable que muchos colegios privados estén diseñando protocolos que incluyen el resguardo físico de documentos (notas y expedientes) por si fallan los sistemas digitales o la electricidad, así como rutas claras de comunicación con los padres y el resguardo de los alumnos, si la situación irregular se presenta dentro del horario académico”,
enfatiza Ramírez.
Un camino a ciegas en la escuela pública
La otra cara de la moneda se vive en el sector público. Inés*, quien tiene a una hija que cursa primer grado en una escuela oficial al este de Caracas, describe una realidad marcada por la desinformación. Allí, el protocolo de seguridad es inexistente y el Estado de conmoción exterior se traduce en desorden.
“Es un camino a ciegas que nos llena de más angustia”, confiesa Inés. A diferencia de lo reportado por las instituciones privadas, en la escuela de su hija los docentes informaron que se mantendría el horario habitual (7:00 a. m. a 4:00 p. m.).
“A las 11:00 a. m. nos llaman para que busquemos a los niños de inmediato porque tienen reuniones con autoridades. Al ver el teléfono, lo primero que piensas es que algo pasó, que hubo un incidente. De verdad están muy mal organizados y eso no debería ser así en estos momentos de incertidumbre”,
relata Inés con frustración.
Ramírez advierte que implementar planes de contingencia en el sector público es difícil e incierto, porque la mayoría de las escuelas están en zonas vulnerables donde la asistencia es irregular y las fallas de servicios básicos, como luz y agua, son constantes.
Añade que un plan sofisticado supone que todos los padres y madres tengan celulares con datos y maestros con equipos disponibles, algo que no se puede asegurar por las condiciones de infraestructura actuales.
“En estos momentos quedan en evidencia las desigualdades en el sistema educativo venezolano”.
La normalidad Vs. la realidad
El 4 de enero el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, instó a retomar las actividades escolares. Por su parte, el el Ministerio de Interior, Justicia y Paz anunció la activación de patrullajes de seguridad en las inmediaciones de las instituciones para “garantizar la estabilidad de los niños”.
No obstante, Ramírez asegura que el ambiente está lejos de ser el ideal. “Lo ocurrido el 3 de enero trastocó totalmente la cotidianidad. El Estado de conmoción ha dado libertad a cuerpos policiales para revisiones a discreción y alcabalas improvisadas. No parece el clima más idóneo para un comienzo normalizado”.
Mientras tanto, Carlos Calatrava, educador y exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), matiza la situación actual. Considera que, al ser una “operación de extracción” y mantenerse el resto de los poderes públicos, la administración escolar sigue siendo la misma.
“Desde el 12 hasta el 15 de enero no tenemos reportes de focos de violencia cerca de las escuelas, salvo en zonas aledañas a Miraflores. El sistema educativo sabe que el aprendizaje de la pandemia (de COVID-19) debe servir para que directivos y padres generen procedimientos propios para estos estados de excepción”.
A pesar de los patrullajes anunciados por el Ejecutivo, Calatrava recuerda que la Ley Orgánica de Educación prohíbe la presencia de cuerpos de seguridad cerca de los centros escolares. Agrega que, incluso en Estado de conmoción exterior, la Constitución prohíbe suspender los derechos humanos, entre ellos la educación.
Sobrevivientes a la adversidad
Para los expertos y representantes, el sistema educativo venezolano sobrevive actualmente gracias a la resiliencia de sus actores.
“Los educadores son campeones en la adversidad”, afirma Calatrava.
Sin embargo, Ramírez subraya que, a pesar de una aparente normalidad, siempre está la espada de Damocles de nuevos eventos. En un país en plena incertidumbre donde nada es previsible, el llamado a los padres, madres y docentes es a mantenerse siempre atentos y actuar con serenidad.