Miguel Gómez es presidente de la empresa TV Cable Barrancas, ubicada en el municipio Cárdenas. Los familiares de otros tachirenses, Anderson Jesús Subero y Jackson Vera exigen su libertad. El Foro Penal contabiliza 43 presos políticos en el estado Táchira.
Táchira. Miguel de los Santos Gómez Pérez, presidente de la empresa TV Cable Barrancas, ubicada en el municipio Cárdenas, estado Táchira, fue detenido el 3 de enero de 2026.
De acuerdo con Gilberto Caicedo, uno de sus compañeros, cerca de las 7:00 a. m. un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llegó a la empresa para practicar un allanamiento, sin orden judicial.
Al saber lo que ocurría Miguel llegó al sitio y luego de dialogar con los efectivos lo trasladaron al comando de Zona 21, donde quedó privado de libertad.
“Nos informaron que la detención se debía a que la cablera estaba transmitiendo lo que ocurrió con Maduro aquella madrugada. Nosotros nos sabíamos porque en la oficina no trabajamos los fines de semana”,
expresó el compañero.
Resaltó que, presuntamente, la denuncia la realizó un “locutor chavista”, quien al ver la transmisión que realizaba el canal TCH de Honduras hizo una foto del televisor y luego llamó al cuerpo militar.
A Miguel lo acusan de traición a la patria e incitación al odio. Los cargos son rechazados por los trabajadores de la empresa, quienes alegan que ninguna persona sabía lo que ocurriría.
“Es responsabilidad de Conatel informar qué canales y qué no se pueden transmitir. Nosotros no pensamos que en la madrugada iba a llegar a pasar eso”.
Miguel es asmático crónico y semanalmente sus familiares deben llevarles medicamentos para evitar alguna alteración respiratoria.
De la empresa se llevaron un equipo transmisor, que no ha han devuelto, tampoco han recibido alguna notificación de suspensión de operaciones.
43 tachirenses presos políticos
La coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira, Raquel Sánchez, informó que la cifra de presos políticos en el estado es de 43 personas, 15 son militares, 28 civiles y 4 mujeres. Desde el año 2014 se han registrado más de 1500 detenciones por razones políticas en la entidad.
Destacó que está cifra podría ser más alta ya que no todos los casos son manejados por el Foro Penal. “El aparato represivo debe parar. No podemos ir a una reconciliación del país sino damos pasos para ellos”.
Recordó que muchos casos no eran visibles por temor de los familiares. Y que luego del 3 de enero se visibilizó el número de personas detenidas por temas políticos.
“Mostrar un caso no lo hace político. El caso nace político cuando la acción emprendida para detener a una persona no tiene razón jurídica”, concluyó.
Militar a la espera de juicio
El sargento, en estado de deserción, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Anderson Jesús Subero, tiene tres años preso. El 9 de enero del 2023 lo detuvieron en el terminal de pasajeros de San Cristóbal y lo acusaron de los presuntos delitos de incitación al odio, rebelión y traición a la patria.
Su hermana, Delia Subero, explicó que cuando lo privaron de libertad ya tenía más de cuatro años de desertar del cuerpo militar, por lo cual lo desestima los cargos que le imputan.
Lo acusan de estar presuntamente involucrado en el levantamiento militar que hubo en Cotiza, Caracas, el 21 de enero de 2019. Por este hecho 27 militares fueron detenidos.
Actualmente se encuentra preso en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana, municipio Córdoba, a la espera de un juicio. “En la tercera audiencia de presentación querían que asumiera un delito que él no cometió, en el cual no tiene culpa. Él asumió solo la deserción y aseguró que no iba asumir delitos que no son de él”, dijo su hermana.
Los familiares buscaron pruebas a través de abogados privados, ya que los defensores públicos militares les informaron que no podían llevar el caso “y que mejor buscáramos privados”.
Esperan que la Ley de Amnistía, que aprobó el Parlamento el 19 de febrero, acoja el caso, para que pueda reunirse especialmente con su hija. “Mi hermano no es culpable de lo que se acusa. Él no tiene nada que ver con ese caso”.
Agregó que su hermano lo confunden con otro militar, quien no se encuentra en el país, porque tienen el mismo apellido.
Administrador en el Helicoide
Jackson Vera tiene más de tres años detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de el Helicoide. Su prima, Fabiana Vera, pidió que lo liberen puesto que es inocente.
Le imputan presuntos delitos como resistencia al arresto, porte de armas de guerra, asociación para delinquir y terrorismo.
Tras su detención, el 5 de agosto de 2022, el ministro de Interior y Justicia para el momento, Remigio Ceballos, anunció la captura de Jecson Ricardo Cariel García y Jackson Oswaldo Vera, “quienes trajeron desde Colombia material explosivo. Estos individuos pertenecen a una organización terrorista denominada Movimiento de liberación y resistencia”.
Jackson es egresado de la carrera de Administración de Empresas, en la Universidad de Los Andes.
Lea también:
Esposa exige atención médica para sidorista con Parkinson que perdió 37 kilos en la cárcel