Diversas organizaciones denuncian que la institución ignora de forma sistemática las constante exigencias del gremio de periodistas que pide el cese de la censura y el levantamiento de restricciones contra 200 dominios web.
Caracas. Pese a los reclamos de la prensa independiente y los activistas de derechos humanos, el cerco contra el ecosistema informativo venezolano persiste. Según datos de la ONG Espacio Público, el Estado mantiene bloqueos activos contra 200 dominios de internet, entre los que se incluye el acceso a 62 portales de noticias nacionales .
La reciente designación de Enrique Quintana como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no se traduce, hasta el momento, en mejoras para el acceso a la información ni para la libertad de prensa en el país. Por el contrario, su nombramiento suscita una alarma en el gremio.
A principios de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) manifestó su rechazo ante el regreso del funcionario al frente de Conatel. A través de un comunicado oficial, la institución recordó el historial de Quintana durante su gestión en 2017, un período marcado por el incremento de las restricciones y el cierre sistemático de espacios informativos.
“Se agudizaron el cierre de medios, la censura al periodismo y el uso de la institución para perseguir el disenso político”, se lee en el documento.
El CNP también señaló que el retorno de Quintana genera dudas sobre el supuesto proceso de apertura política que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha mencionado.
El 13 de marzo pasado, una coalición de activistas y reporteros, amparados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), consignó una carta ante la institución para pedir el cese inmediato de las restricciones y la censura contra los portales informativos nacionales.
El documento, suscrito también por el CNP y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), solicitó además una reunión con la nueva directiva y exigió transparencia sobre los criterios aplicados, ya que hasta la fecha el organismo opera bajo una opacidad administrativa que vulnera el derecho constitucional a la información.
Bloqueos sin fundamento legal
Pese a la formalidad del reclamo, la directiva de Conatel mantiene una postura de silencio y no ofrece avances favorables. Diversas organizaciones denuncian que la institución ignora de forma sistemática las peticiones de apertura. La censura persiste y la amenaza de una agudización del cerco informativo sigue latente.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó que la opacidad institucional marca el proceder de Conatel. Según el activista, los bloqueos ocurren de manera arbitraria y sin un debido proceso legal. Estas acciones no solo atentan contra la prensa, sino que se extienden a portales de organizaciones no gubernamentales y servicios de tecnología.
“El estándar internacional exige la orden de un tribunal para clausurar un espacio digital. Sin embargo, en Venezuela los afectados desconocen los motivos por los que son sancionados. No se le da ninguna explicación”.
Un inventario de restricciones a la red, elaborado por la plataforma OONI Explorer, contabilizó hasta febrero de 2026 un total de 949 eventos de bloqueos activos que afectan a 134 sitios web.
La mayoría de estas acciones están dirigidas contra medios de comunicación independientes (News), sitios de crítica política (Polr) sitios de anonimato (VPN) y derechos humanos.
Para impedir el acceso a los sitios web las operadoras de internet en el país ejecutan distintos mecanismos de interrupción del servicio. Correa explicó que el método más frecuente es el bloqueo de DNS, el cual funciona como la eliminación de una especie de “libreta telefónica” que impide la conexión entre el nombre del portal y su dirección numérica.
Por otro lado, las autoridades restringen el acceso a servicios de VPN y servidores de Google, empleados usualmente por los ciudadanos para navegar desde ubicaciones remotas y burlar las limitaciones locales.
Correa señaló que, a pesar de las cartas entregadas al Ministerio de Comunicación y a Conatel, en las que piden el levantamiento de estos bloqueos, la única respuesta oficial fue una confirmación de recibido a través de la redes sociales.
A estas restricciones se añaden nuevas propuestas que generan alarma en el ámbito periodístico. Entre ellas destaca el planteamiento de Indira Urbaneja, fundadora del movimiento chavismo bolivariano, quien propuso la creación de un registro obligatorio para portales digitales bajo el argumento de equiparar sus deberes con los de los medios tradicionales.
La prensa bajo amenaza
Esta iniciativa surge en un contexto de fragilidad para la libertad de prensa y causó rechazo entre las organizaciones gremiales. El SNTP desestimó el planteamiento y advirtió que carece de justificación legítima. Para el gremio este mecanismo no busca la regularización, sino el control de los flujos informativos y la limitación del derecho a la libertad de expresión.
Los representantes de la prensa alertan que una medida de esta naturaleza profundizaría los bloqueos y las barreras de acceso que ya asfixian el ecosistema digital en el país. El Reporte Anual 2025 de IPYS Venezuela resalta que el miedo y el silencio redefinieron el periodismo tras las elecciones de 2024.
El informe señala que más de siete millones de venezolanos viven en “desiertos de noticias”, es decir, zonas donde no existen medios locales que produzcan información propia, situación agravada por los bloqueos digitales que impiden el acceso a portales nacionales desde esas regiones.
Correa, señaló que la ausencia de neutralidad en la red perjudica tanto la libertad de expresión como la actividad económica. Advirtió que el Estado instruye a proveedores como Movistar y Digitel para que inhabiliten sitios específicos de forma unilateral.
Esta práctica vulnera la equidad necesaria para el comercio electrónico y la competencia entre plataformas de contenido. En otros países, universidades u organismos independientes gestionan los puntos de acceso para garantizar la imparcialidad, una figura inexistente en el sistema venezolano.
“El impacto financiero sobre la prensa independiente resulta devastador. Los bloqueos reducen el tráfico de visitas a una cuarta parte de su volumen habitual, lo que impide a los medios monetizar sus contenidos a través de publicidad”.
Correa enfatizó que esta situación debilita a las empresas periodísticas y obliga a los ciudadanos a desarrollar habilidades técnicas adicionales para informarse. Ante la falta de respuesta interna, las organizaciones evalúan elevar el caso a instancias de Naciones Unidas para señalar la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en estas restricciones.
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