La protesta del 9 de abril pasado en Caracas visibilizó el calvario de mujeres que cargan deudas laborales desde 2012 y pensiones equivalentes a 0,22 dólares mensuales. Educadoras, jubiladas o trabajadoras activas, en sus testimonios revelaron enfermedades sin tratar, reducción de comidas diarias y el dolor por familias rotas por represión y migración.
Caracas. Trinidad Fernández salió de su casa en Valles del Tuy a las 6:30 a. m. de este jueves, 9 de abril. Su destino era Caracas, específicamente la concentración convocada por la Coalición Sindical de Venezuela. A sus 50 años, Trinidad no solo carga con el cansancio del viaje, sino también con una deuda que el Estado tiene con ella desde hace más de una década.
Esa deuda corresponde a pagos laborales pendientes, un dinero que no ha recibido por el trabajo que realizó por casi la mitad de su vida. Fue cuidadora en los “Simoncitos”, como se llamó a unos centros de educación inicial manejados por Gobierno, a través del programa Senifa. En 2011, tras el cierre de esta misión, fue reubicada, pero meses después quedó fuera del sistema.
“Desde el año 2012 me sacaron del programa y todavía no me han dado respuesta ni mi pago por el tiempo que trabajé. Nunca fallé a mi puesto”, dijo a Crónica Uno Trinidad, quien desconoce los motivos políticos o administrativos de su despido.
Hoy, su realidad es la de miles de mujeres que sostienen hogares con sueldos muy bajos. Para comprar medicamentos, ella depende del bono “Guerra Económica” de su esposo, un pago mensual entregado por el Estado venezolano como ayuda complementaria, el cual equivale a 150 dólares, y su pensión de 75 dólares.
La falta de dinero la obligó a reducir las proteínas en su dieta. Las proteínas son alimentos como carne, pollo, pescado, huevo o legumbres, que por lo general son más costosos y aportan nutrientes esenciales. Sus hijos, que siguen en el país, no pueden ayudarla porque lo poquito que ganan es para sus propias familias.
“Si no fuera por mi hijo, ya me hubiera muerto”
En Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar, Adriana* sostiene una pancarta que pide un aumento de sueldo ya. Tiene 60 años y es maestra en un colegio público al oeste de Caracas. Su sueldo son de 200 bolívares quincenales.
El último aumento salarial en Venezuela se decretó el 15 de marzo de 2022, cuando se fijó el sueldo mínimo en 130 bolívares mensuales, como consta en la Gaceta Oficial. Lo que equivale a 0,22 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) para este viernes, 10 de abril. Ese monto ilustra la pérdida de poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra del salario frente a los precios.
Si la maestra no diera clases particulares y no recibiera la ayuda económica de su hijo “ya estuviera muerta”, admitió mientras hacía el recorrido.
Adriana contó que su hijo la ayuda y así puede medianamente alimentarse y comprar medicamentos para controlar su hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una condición médica que reduce la producción de hormonas de la tiroides y suele requerir tratamiento continuo.
“Con eso me ayuda para la comida y las medicinas del hipotiroidismo. El medicamento es caro, así que compro uno un mes y otro el mes siguiente”.
Durante la protesta, que se realizó el 9 de abril, por las reinvidicaciones laborales y la eliminación del instuctivo Onapre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) marcó el camino de los protestantes con piquestes para impedir la llegada a Miraflores. La Onapre es la Oficina Nacional de Presupuesto, y su instructivo ha sido cuestionada por trabajadores y sindicatos por su impacto en la remuneración del sector público.
Solo dos comidas al día
Juana Martínez tiene 79 años y también viajó desde Ocumare del Tuy. Es jubilada, pero trabajó hasta el año 2020. Es viuda y cuida a su hijo con discapacidad visual. Juana percibe unos 75 dólares mensuales por su pensión.
Con ese monto debe cubrir la alimentación de ellos y las gotas oftálmicas de su hijo, que son costosas. Las gotas oftálmicas son medicamentos para tratar afecciones de los ojos, y son de uso frecuente por un problema de visión detectado cuando era niño.
“Mi hijo y yo solo hacemos dos comidas. Desayunamos a las 10:30 a. m. una arepa, a veces sola, y cenamos arroz o pasta a las 5:00 p.m. Mientras que el almuerzo lo sustituimos por un vaso de agua o jugo”, relató con sus ojos llorosos.
Aseguró que sus cuerpos “ya se acostumbraron” a ese ritmo de alimentación, aunque la hipertensión le recuerda de forma constante las carencias en su hogar. Esta condición puede agravarse con una dieta deficiente y el acceso limitado a medicamentos.
A Juana le indigna que los adultos mayores, incluido ella misma, vivan sin condiciones dignas y muchos mueran de hambre, mientras las autoridades se desplazan en carros de alto valor.
Presos políticos y el rastro de la migración
La exigencia de salarios justos se mezcla con el clamor por la libertad de los presos políticos, la justicia y la búsqueda de familiares desaparecidos. Como en tantas otras, en esta ocasión la protesta no solo la motivaron reclamos laborales, sino también demandas vinculadas con derechos humanos y desapariciones.
Fanny Lozada lleva ocho meses en una lucha distinta: la de ver libre a su hija, Aliannis Araujo Lozada, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), un centro penitenciario para mujeres, desde agosto de 2025.
El Estado acusa a Aliannis de participar en un presunto atentado, algo que su madre desmiente con firmeza.
“Mi hija fue detenida injustamente después de haber sido trabajadora del Gobierno y mi familia fue torturada”,
denunció.
Fanny sostiene que la Ley de Amnistía no responde a las víctimas ni a los presos políticos, sino al Gobierno. Aunque estas normas suelen extinguir delitos y sus consecuencias , cuestiona su implementación y agregó que el Estado busca absolverse tras el daño causado. “Yo no puedo perdonar al que maltrata a mi hijo. Verdugo no pide clemencia”, afirmó.
Cerca de Fanny caminaba Kreoly Guerra, aferrada a su propio duelo. Desde 2022 busca a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, desaparecidos en un naufragio cuando viajaban desde San Andrés hacia Estados Unidos, una tragedia que se volvió frecuente en rutas migratorias que deja familias sin respuestas.
Con lágrimas en los ojos, Kreoly explicó que su familia se fue por los bajos salarios y la crisis económica que enfrenta Venezuela.
“Si los jóvenes tuvieran buenas condiciones laborales, no existiría la migración. Estoy aquí para exigir salarios justos y evitar que sigan desapareciendo personas. Las autoridades colombianas y venezolanas nos dan respuesta”.
Trabajadoras, jubiladas, madres de presos políticos y víctimas de la migración: Trinidad, Adriana, Juana, Fanny y Kreoly reflejan cómo la crisis venezolana golpea de forma distinta, pero igualmente dura, a las mujeres.
En la protesta del 9 de abril confluyeron reclamos por salarios insuficientes, testimonios de enfermedades sin tratar y el dolor de familias separadas en una misma exigencia: dignidad para ellas y sus hogares.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
Lea también:
EN FOTOS| Con gas pimienta y piquetes impiden marcha hacia Miraflores por aumento salarial