A un año del conflicto no se han esclarecido los crímenes de guerra FANB-FARC en La Victoria de Apure (I)

Guerra FANB-FARC

El 21 de marzo en La Victoria, frontera de Apure con Arauca, se desató la guerra FANB-FARC, que se prolongó durante casi tres meses. Este 25 de marzo se cumple un año de la masacre de El Ripial: el asesinato de cinco habitantes de La Victoria, cuatro de ellos de una misma familia. Este crimen es considerado por familiares de las víctimas, habitantes de La Victoria y defensores de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. El saldo de esa guerra fue de 17 militares fallecidos, entre ellos un miliciano, 37 funcionarios heridos, 31 civiles detenidos y 6000 desplazamientos forzados.

San Fernando- En la madrugada del 21 de marzo de 2021, sobrevuelos militares y bombardeos aéreos despertaron a la población del casco urbano y periferia rural de La Victoria, capital de la parroquia Urdaneta, municipio Páez, en la frontera del estado Apure con Arauca Colombia. Ese día se inició la guerra FANB-FARC

Ese primer día, el balance fue: un teniente fallecido y 11 militares heridos en el enfrentamiento armado en el asentamiento La Capilla entre la Operación Escudo Bolivariano de la FANB y el frente 10 Martín Villa de las disidencias de las FARC de Colombia.

La guerra entre los funcionarios venezolanos y el grupo armado irregular se mantuvo de manera ininterrumpida durante casi tres meses en La Victoria y en asentamientos como El Ripial, Tres Esquinas y La Capilla y, además, dejó 17 militares asesinados, entre ellos un miliciano, 37 heridos, así como 31 civiles detenidos y nueve “presuntos irregulares” muertos.

De los “presuntos irregulares asesinados” el 25 de marzo, cuatro eran de una misma familia. Sus parientes, habitantes de La Victoria y organizaciones de derechos humanos denominaron este crimen como la masacre de El Ripial, de la cual responsabilizaron a militares y a funcionarios de las FAES, componente de la PNB.

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A un año de la guerra FAN-FARC no se ha reparado a las víctimas. Foto: Archivo.

Durante este conflicto, la población civil de La Victoria denunció ataques con ráfagas de fusil, quemas, saqueos de sus viviendas y atropellos por parte de los militares venezolanos a cargo de la operación: “Tolerancia cero contra los irregulares llámense como se llamen”, ordenada por Nicolás Maduro.

Además, de las incursiones en las viviendas, los bombardeos aéreos que destrozaron escuelas, viviendas y ganado, también infundieron terror y ocasionaron el desplazamiento de casi 6000 habitantes de La Victoria hacia la vecina población colombiana de Arauquita.

La masacre en el asentamiento rural La Capilla, ocurrida el 23 de abril en contra de un grupo élite de la FANB, también dejó ocho militares asesinados a manos del frente 10 Martín Villa FARC-EP y tres desaparecidos, además de siete heridos y ocho prisioneros de guerra que, posteriormente, fueron liberados, tras mediación de la Cruz Roja Internacional.

Violación a los derechos humanos

Durante el enfrentamiento de La Victoria, organizaciones como Fundaredes, Provea, la Fundación El Amparo y Cofavic, fueron receptoras de denuncias de violaciones a los derechos humanos, cometidas por militares y policías.

Marino Alvarado, vocero de Provea, afirma que existen abundantes evidencias de, al menos, seis tipos de violaciones basados en testimonios y evidencias proporcionadas por los afectados.

*Detenciones arbitrarias de civiles, la mayoría campesinos, buena parte de ellos durante sus labores de trabajo y sin ningún procedimiento legal.

*Juzgamiento de civiles por justicia militar y fuera de su jurisdicción territorial mediante traslado de una parte de los detenidos al pabellón militar de la cárcel de Santa Ana del Táchira y, otra parte, a la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, procesada por tribunales antiterroristas.

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Walter Márquez y Marino Alvarado sustancias expedientes para llevar a la ONU y OEA. Foto: Cortesía.

*Tortura, tratos crueles e inhumanos. “En los dos casos se tiene testimonios de las torturas, perpetradas tanto a los que están en la cárcel de Santa Ana como a los que están en El Rodeo. Algunos de los detenidos en Táchira denunciaron haber sido torturados ante el tribunal y en, al menos dos casos, se conoce que el tribunal ordenó la investigación de esas torturas”, revela Alvarado.

 El juez también debió investigar a los médicos forenses que elaboraron los informes que negaban la tortura a las personas detenidas cuando, efectivamente, sí habían sido, algunas de ellas, muy torturadas”, dijo el vocero de Provea.

*Ejecuciones extrajudiciales en la masacre de El Ripial en la que hubo procedimientos de simulación iguales a los que caracterizaron a la masacre de El Amparo, ocurrida en 1988.

*Allanamientos ilegales con robo y daño a la propiedad. Abundan numerosas pruebas como fotografías y videos que circularon por redes sociales, así como las acusaciones de los afectados.

*Los desplazamientos forzosos de las personas que por el conflicto se vieron obligadas a abandonar su hogar y a salir no solamente de La Victoria, sino de otras poblaciones cercanas, lo cual fue un hecho público y notorio nacional e internacionalmente.

*Interés en garantizar la impunidad en la Masacre de El Ripial. No se concretó el anuncio del fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, para investigar esta masacre con un equipo técnico.

“Hasta ahora, por contacto que se ha tenido con los parientes, no ha sido llamado a declarar ningún familiar”, informa el defensor de derechos humanos.

Además, el expediente fue solicitado por la Fiscalía en Caracas y los abogados no tienen acceso a él, por lo cual, “pareciera que hay todo el interés de garantizar impunidad y esa impunidad está muy asociada a no querer investigar a la directiva de las FAES y al alto mando que dirigió las operaciones militares en el Alto Apure”.

Los afectados han sido intimidados. “Tenemos las amenazas que se están produciendo a familiares por hacer denuncias ya sea de detención arbitraria o torturas de sus familiares. Hay una política de hostigamiento y, por supuesto, hay temor en los familiares”, añade Alvarado.

Caso de los detenidos paralizado

En la primera semana del conflicto de La Victoria fueron detenidas 31 personas e imputadas de traición a la patria, rebelión, sustracción de elementos de las FANB y ultraje al centinela.

Los civiles detenidos fueron procesados por la justicia militar y trasladados al Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira, a casi 500 kilómetros de La Victoria, a pesar de que la jurisdicción de los presuntos delitos fue el municipio Páez de Apure.

Un año después de estos hechos, el defensor de derechos humanos Walter Márquez y presidente de la Fundación El Amparo, informa que a pesar de que “no existe ni una sola prueba en contra”, el caso de las 19 personas que aún quedan presas, de las 31 detenidas por los hechos de La Victoria, está paralizado.

Márquez asumió la defensa de los detenidos trasladados y aún recluidos en el pabellón de procesados militares de la cárcel de Santa Ana, Táchira. Asegura que los 19 privados de libertad han sido torturados.

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Walter Márquez y familiares de los detenidos en el cárcel de Santa Ana Táchira denuncian que el caso está totalmente paralizado. Foto: Cortesía.

“Las detenciones son arbitrarias e injustas. Ha habido simulación de hecho punible y de acuerdo con el análisis que hemos hecho en la Fundación El Amparo y con los abogados, no hay fundamentos, ni siquiera indicios ni elementos probatorios que comprometan a estos detenidos, lo cual es arbitrario, ilegal e inconstitucional porque, además, han sufrido tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, asegura.

En abril del año pasado, el Tribunal 14 Penal Militar de Guasdualito ordena la detención y traslado al Centro Penitenciario de Occidente de las 31 personas, seis de ellas mujeres. De estos detenidos 12 salen bajo libertad condicional mientras los restantes quedan presos, la mayoría por negarse a aceptar cargos de hechos que no cometieron.

El caso pasa luego al tribunal de Juicio Militar de San Cristóbal. Por los compromisos adquiridos por el gobierno con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para las reformas judiciales, se modifica el Código Orgánico Procesal Penal y la competencia de la mayoría de casos que están en la jurisdicción penal militar se declina en la penal ordinaria.

Debido a esta reforma el caso pasa, nuevamente, a órdenes de la juez penal de Guasdualito, hace poco menos de un mes.  Sin embargo, el traslado de los presos desde Santa Ana del Táchira a Guasdualito, Apure, aún no se ha ejecutado debido a que la juez se inhibió”, prosigue Márquez.

El expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de San Fernando de Apure, el cual debe decidir acerca de la inhibición de la jueza y designar a otro juez, en caso que la negativa de la juez proceda.

Sin resultados investigaciones de asesinatos en El Ripial

El 25 de marzo de 2021 aparecieron asesinados en la comunidad rural de El Ripial, a kilómetro y medio de La Victoria, los esposos Emilio Ramírez y Luz Dey Remolina, su hijo Jeferson Ramírez Remolina y el hermano de Emilio, Ehiner Anzola Villamizar. También, Julio César Jiménez.

El hecho conmocionó a la población que, previamente, ya había denunciado la desaparición de las cinco personas tras ser sacada la familia, abruptamente, por funcionarios de las FAES de su residencia en el barrio 5 de Julio. Y Jiménez, de su lugar de trabajo, una panadería de La Victoria.

La aparición de las personas asesinadas y con indumentaria guerrillera, así como de un comunicado de la FANB con el cual se informaba de la muerte de los “terroristas en enfrentamiento”, enardeció a los familiares y a la población, que repudiaron el crimen y lo denunciaron como falso positivo y lo catalogaron de masacre.

“Mi nombre es Raiza Isabel Remolina, familiar de la señora Luzdey Remolina y Jeferson Uriel Remolina. Mi tía, mi primo; el esposo de ella, Emilio Ramírez y Einer Villamizar, fueron asesinados vilmente el día de ayer, 25 de marzo del 2021, en el estado Apure, parroquia Urdaneta, La Victoria” (Sic), denunció vía Twitter de Fundaredes y Provea la sobrina de la pareja asesinada.

En protesta por estas muertes los habitantes de La Victoria realizaron movilizaciones masivas pidiendo justicia. El 26 de marzo de 2021, el fiscal Saab, asignó a dos fiscales nacionales para investigar estas denuncias de las cuales, hasta ahora, no se conocen resultados.

Márquez señala que: “A un año de estos sucesos el balance compromete la responsabilidad internacional del régimen de Maduro y el Ministerio Público, en virtud de que, la única investigación que ordenó la Fiscalía el 26 de marzo fue la de la masacre de El Ripial, para la cual se nombraron dos fiscales nacionales y unos expertos en la materia”.

Denuncia que, los fiscales designados no fueron al lugar ni entrevistaron a los testigos presenciales ni a los familiares de las víctimas, el expediente fue trasladado inmediatamente a la Fiscalía 62 en Caracas en la que está archivado, y al cual no han tenido acceso los abogados de los familiares de las víctimas.

Añade que, la Fiscalía debió ordenar la investigación en Guasdualito, la capital del municipio Páez, en cuya jurisdicción ocurrieron esos crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos.

Compromisos incumplidos

Walter Márquez también asegura haber solicitado la investigación “reiteradamente” al fiscal de la república, a la fiscalía de San Fernando de Apure y de Guasdualito, sin obtener respuesta.

“Esto contraviene no solo el acuerdo de cooperación firmado con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan y Nicolás Maduro, el 3 de noviembre del año pasado en Miraflores, sino que, incumple los compromisos adquiridos con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet, que se hizo eco de los acontecimientos ocurridos en el Alto Apure, especialmente. de la masacre de El Ripial”, recalca el director de Ciciven.

“Se han irrespetado, además, las reformas judiciales que ha adelantado el gobierno, incluyendo la del Código Orgánico Procesal Penal del 17 de septiembre del año pasado, la cual establece un lapso de 6 meses para concluir una investigación”.

El cumplimiento a las reformas judiciales. “No solo no ha ocurrido, sino que el caso está absolutamente paralizado y el régimen sigue encubriendo los hechos criminales del Alto Apure”, reafirma Márquez.

A continuación un corrido con el cual los habitantes de La Victoria narran el ataque que vivieron

Justicia internacional

A un año de ocurrido el enfrentamiento FANB-FARC en Alto Apure que generó más de 6000 desplazamientos forzados, 31 detenciones arbitrarias e ilegales con tortura, cinco civiles ejecutados, ocho militares acribillados en un solo evento y ocho más, en diferentes acciones, Márquez considera que hay “denegación de justicia en Venezuela”.

El defensor de los derechos humanos asevera: “Se confirma la falta del debido proceso y el encubrimiento de los crímenes atroces cometidos en el enfrentamiento armado del año pasado. El caso del Alto Apure demuestra totalmente la falsedad y el engaño al que el régimen y el Ministerio Público han sometido al pueblo venezolano y a la comunidad internacional hablándoles de justicia, celeridad procesal y reformas judiciales”.

Aseguró que, a pesar de ello, buscarán justicia y reparación de las víctimas en este caso. Con ese propósito, la Fundación El Amparo y Provea trabajan en la sustanciación de expedientes para introducir las solicitudes ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Relator para Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Misión Internacional Independiente de Verificación de los hechos de la ONU.

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