La activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, fue excarcelada en enero y enviada a España. Estuvo casi dos años detenida en El Helicoide, acusada de conspirar contra Nicolás Maduro e instituciones militares.
Caracas. La activista y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien estuvo casi dos años detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, regresó a Venezuela para trabajar en el cierre de la causa judicial que pesa en su contra.
El hermano mayor de la activista, José Manuel San Miguel, emitió un comunicado fechado en España, para anunciar el retorno de la abogada a Venezuela y exigir el cierre definitivo de su causa. En ese país se encontraba la activista desde enero, cuando la excarcelaron en medio de negociaciones diplomáticas.
“Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”, detalló el escrito.
La familia San Miguel agradeció el acompañamiento en los momentos difíciles que enfrentaron durante la detención y excarcelación de la activista, pero pidieron “respeto a la privacidad, serenidad y estabilidad familiar necesarias para transitar esta etapa con prudencia y responsabilidad”.
Además, recordaron que Rocío San Miguel está bajo medidas cautelares, impuestas antes de irse a España, que incluyen la prohibición a dar declaraciones a los medios de comunicación o hacer pronunciamientos públicos.
El calvario de San Miguel
A Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, la detuvieron el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando pretendía salir del país por un asunto familiar.
La acusaron de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. De acuerdo con información ofrecida por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, detuvieron a la abogada “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro”.
Además, la sometieron a una desaparición forzada y a la detención de varios de sus familiares al inicio de su proceso.
En febrero pasado varias organizaciones alzaron su voz para pedir una medida humanitaria para la activista, quien sufrió una fractura en su hombro derecho por una caída dentro de su centro de detención y requería urgente atención médica y una cirugía.
La detención de la abogada se consideró, por distintas organizaciones, como una desaparición forzada y una “detención arbitraria”.
Sobre el caso también se pronunció el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y Amnistía Internacional, porque a San Miguel no le permitieron juramentar abogados de confianza y difirieron su audiencia en varias ocasiones.
En el comunicado, la familia no detalló si San Miguel solicitó amnistía desde España o tomará otras vías judiciales para solicitar el cierre de la causa en su contra.
Lea también:
Gobierno promete liberar a otros 300 presos políticos, pero ONG cuentan menos de 50 excarcelaciones