Activistas de Derechos Humanos se muestran escépticos ante la visita de Bachelet a Venezuela

La brevedad del viaje y la presunción de que el Gobierno lo instrumentalice para conseguir recuperar parte de la legitimidad internacional perdida en los últimos meses son algunos de los temores expresados por cuatro representantes de tres agrupaciones civiles.

Caracas. El anuncio de la visita que la semana que viene realizará la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al país ha sido recibido con escepticismo y aprensión en el movimiento de Derechos Humanos. Temen que el Gobierno logre controlar el viaje y lo instrumentalice para recuperar parte de la legitimidad internacional que ha perdido en los últimos meses; y por ello reclamaron de la exmandataria chilena que consiga algo más que fotografías para las hemerotecas.

“El tiempo que va a durar el viaje es muy poco (tres días), a menos que ya tengan toda la agenda organizada, pero siendo tan poco me imagino que se van a concentrar en Caracas, lo cual es lamentable porque en otras partes del país los problemas son muchos mayores”, se lamentó la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.

Hizo votos porque la funcionaria sea capaz de mantener el programa de trabajo que su oficina ha venido desarrollando y que el informe que el próximo mes deberá presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU refleje fielmente la crisis que atraviesa Venezuela.

En similares términos se pronunció Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien no descartó que las autoridades intenten modificar las impresiones que en el despacho de Bachelet tienen sobre la situación del país, en especial tras el viaje que en marzo pasado realizó una comisión técnica, pero descartó que tenga resultado debido a la gravedad de los problemas.

“Lo importante de la visita de Bachelet es que ella logre comprometer al Gobierno venezolano a hacer algunas cosas, como la liberación de algunas personas detenidas por razones políticas, que el Alto Comisionado tenga una presencia permanente o que pueda hacer un monitoreo constante de la situación venezolana, que la ONU tenga un papel más destacado en la crisis humanitaria y que se recupere el derecho a la participación”, agregó.

Por su parte, Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea, espera que Bachelet sea “capaz de construir una agenda alternativa a la que el Gobierno quiera imponerle, es decir que se pueda reunir libremente con las ONG y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y con los demás sectores de la sociedad civil para elaborar un informe equilibrado”. Y como Uzcátegui, también aspira a que el viaje arroje algunos resultados: “Que se alivien algunas de las situaciones más críticas en violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo las relacionadas con los abusos policiales y la ayuda humanitaria”.

Más pesimista se mostró Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad, agrupación dedicada a velar por las garantías de los presos, para quien la duración de la visita de Bachelet y la posibilidad de que se limite a la capital atentan contra su éxito.

“No tengo la menor duda de que la dictadura buscará ocuparle el mayor tiempo posible a la señora Bachelet para que solo vea y hable con los que ellos quieran”, dijo. Cuestionó que este viaje se produzca antes de que la funcionaria presente ante el Consejo de Derechos Humanos el informe sobre la situación del país que le encomendó esa instancia.

En la última década diversas organizaciones de Derechos Humanos han dedicado recursos, tiempo y esfuerzo en informar a la ONU, pero en especial al Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos, sobre los problemas que afronta el país. Así durante la celebración de los primeros dos Exámenes Periódicos Universales, las principales agrupaciones civiles presentaron precisos informes sobre situaciones como los ajusticiamientos policiales, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la persecución por razones políticas, los ataques a la libertad de expresión, la crisis carcelaria y la cooptación del Poder Judicial por parte del Gobierno.


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