Aunque las recientes regulaciones del Ministerio de Turismo buscan frenar el daño ambiental en Semana Santa, el biólogo Alejandro Álvarez, director de la ONG Clima21, señala que la falta de estudios sobre el impacto de las lanchas mantiene en duda la capacidad de recuperación del Cayo Los Juanes.
Caracas. El Cayo Los Juanes, ubicado en el Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón, enfrenta la temporada de Semana Santa a mes y medio del colapso de sus ecosistemas, en febrero pasado.
Mientras el Ministerio de Turismo asegura que la playa está operativa, y bajo nuevas normas de control tras los excesos de Carnaval, los expertos advierten que el daño en la zona sigue latente dentro de sus ecosistemas.
También se exige a los turistas el registro de sus embarcaciones a través de una aplicación móvil y se limitan las velocidades de navegación para no exceder la capacidad de carga del cayo y reducir el impacto sobre el lecho marino. Estos anuncios ocurren a causa del escándalo suscitado en febrero pasado, cuando la afluencia masiva de yates y temporadistas provocó daños y contaminación en las áreas del parque.
Ecocidio silencioso
Durante esta Semana Santa circularon rumores en redes sociales sobre el presunto cierre de Los Juanes. No obstante, la ministra de Turismo, Daniella Cabello, aclaró en el lugar que el cayo permanece abierto y que las reglas no son nuevas. Reiteró que las medidas solo buscan el cumplimiento del reglamento para recibir a los bañistas en el asueto.
Sin embargo, aunque las recientes prohibiciones buscan frenar el deterioro, fuentes consultadas por Crónica Uno señalan que la falta de estudios científicos sobre el impacto real de las lanchas mantiene en duda la verdadera capacidad de recuperación de esta piscina natural, caracterizada por la fragilidad de sus ecosistemas marinos.
El Cayo Los Juanes es una piscina natural de aguas cristalinas de poca profundidad, que forma parte de las 32.090 hectáreas de Morrocoy. Está clasificado como de Zona Primitiva Marina, dentro del Plan de Ordenamiento del parque nacional.
Eso quiere decir que el espacio solo debe admitir actividades de guardería ambiental, investigación científica y educación. Sin embargo, en la práctica el lugar funciona como un balneario masivo. Dentro de sus aguas coexiste un complejo sistema marino integrado por corales frágiles (como la especie Porites porites) y extensas praderas de pastos marinos.
Biólogos, científicos y defensores ambientales, entre ellos representantes de la ONG Clima21, advierten que el lecho marino de Los Juanes sufre un daño total debido a la fuerte presión turística.
A raíz de los incidentes de Carnaval, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) también se pronunció y calificó la situación como una “grave crisis de gobernanza y gestión”.
Ciencia versus negocio
Las autoridades universitarias denunciaron en un comunicado que la omisión de los organismos del Estado convirtió a estos ecosistemas en espacios sin control “donde la proliferación de fiestas desmedidas, la contaminación acústica y el vertido de químicos amenazan de forma irreversible la biodiversidad de la zona”.
Para el biólogo Alejandro Álvarez, director de la ONG Clima21, la situación actual del cayo responde a un modelo de turismo destructivo que acumula más de una década sin regulaciones efectivas.
El especialista aclaró que es imposible saber si las medidas tomadas por las autoridades son las adecuadas, pues el Estado no realizó las evaluaciones de impacto ambiental necesarias tras lo ocurrido en Carnaval.
Álvarez recalcó que el Ministerio de Turismo carece de competencias para gestionar áreas naturales protegidas porque esa responsabilidad recae de forma directa en el Ministerio de Ecosocialismo, a través de Inparques. Para el especialista, la publicación de normas por parte de la cartera de turismo representa una invasión de funciones.
“Por otra parte, siempre se omite que se está regulando el uso de un área protegida por leyes que en ningún caso presumen la existencia de modelos de turismo masivo y destructivo como el que ha venido ocurriendo en este y otros sitios”.
El experto enfatizó que es imposible medir la magnitud del desastre sin evaluaciones previas en el terreno. Aunque admitió que los químicos de las espumas de Carnaval son un factor importante, subrayó que existen otros problemas más graves, como: la acumulación de desechos sólidos, el derrame de aceite y combustible de las lanchas, y la descarga de excrementos humanos en el agua.
Álvarez exige el cumplimiento estricto de las leyes ambientales venezolanas y pide que no se manipulen los términos para favorecer negocios. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 127, obliga a proteger estos espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.
“Ese equilibrio entre el turismo y la preservación de las áreas naturales pasa por construir modelos de turismo sostenibles y respetuosos que reconozcan el valor superior de algunos espacios que no pueden ser usados sin controles estrictos que garanticen la conservación a largo plazo de esos patrimonios naturales”.
Mientras las autoridades apuestan por la vigilancia de normas básicas para mantener el flujo de temporadistas, la comunidad científica insiste en la necesidad de frenar el modelo de explotación masiva. La clave para proteger a Morrocoy no radica en prohibiciones temporales, sino en el respeto a los límites biológicos que el ecosistema impone.
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