El Comité para la Liberación de los Presos Políticos denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivarianan incrementaron su presencia en las adyacencias de este centro de detención, incluso con equipo antimotín. Los familiares cumplen 14 días en las adyacencias a la espera de excarcelaciones.
Caracas. La privación de alimentos, las restricciones para acceder al agua potable, la prohibición de salir a recibir luz solar, la negación de permisos para ir al baño y el bloqueo del suministro de medicamentos forman parte de los castigos impuestos a personas privadas de libertad por razones políticas, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta.
De acuerdo con testimonios recogidos por Crónica Uno, estas medidas son aplicadas como represalia por las denuncias públicas que hacen los familiares ante los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Los parientes de los privados de libertad alertaron que estas prácticas provocaron cuadros de desnutrición y un deterioro progresivo del estado físico y emocional de quienes permanecen recluidos. También manifestaron temor ante las amenazas de muerte que aseguran haber recibido contra sus seres queridos.
“Este es el peor dolor que puede vivir una madre. Lo único que pedimos es su libertad. Tenemos miedo de que los maten”,
dice entre lágrimas Evelis Cano, madre de Jack Tantak, arrestado el 27 de noviembre de 2025.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, ha advertido de forma reiterada sobre las condiciones de reclusión los calabozos de la PNB de Boleíta, un espacio destinado a detenciones preventivas que, por ley, no deberían prolongarse más de 48 horas. No obstante, en este lugar permanecen personas sin sentencia firme desde hace al menos un año.
Según el OVP los reclusos están hacinados en calabozos sin ventilación ni iluminación natural, muchos de ellos sin acceso a servicios sanitarios, lo cual los obliga a hacer sus necesidades en bolsas plásticas y a dormir directamente sobre el suelo, o colchonetas delgadas que pasan sus familiares. Estas condiciones vulneran los estándares mínimos de trato digno, afectan gravemente la salud y contravienen tanto la Constitución y las Reglas Mandela.
Intento de desmovilización
Yessi Orozco es la única persona que ha logrado obtener una fe de vida y cierta información sobre sus familiares recluidos en zona 7, como también se le conoce a estos calabozos de la extinta Policía Metropolitana.
En ese centro de detención permanece detenidos su padre, el diputado de Voluntad Popular Fernando Orozco, de 63 años; su madre, Dilia Castillo, de 63 años; su hermano, Brian Orozco, de 36 años y Carolina Briceño, de 50 años, madre de uno de sus hermanos.
El domingo, 18 de enero, los funcionarios accedieron a mostrarle un video como constancia del estado de su madre y permitieron el ingreso de medicamentos, a cambio de que mediara con los allegados que se mantienen a las afueras de la sede policial. Dilia Castillo padece una afección cardíaca que requiere control médico constante, mientras que Carolina Briceño es hipertensa y asmática.
“Les dije que necesitaba fe de vida y que recibieran los tratamientos. En el video mi mamá decía que estaba bien, pero se le notaba angustiada, muy delgada. Repetía varias veces que debía colaborar”, relata Yessi.
Solo pudo ver a su madre. Sobre el resto de sus parientes, recibió únicamente la afirmación verbal de un funcionario que aseguró que “estaban bien”.
Ese mismo día los policías solicitaron una lista con los nombres de los detenidos, pero hasta este miércoles, 21 de enero, no habían dado respuesta oficial sobre la permanecia de sus familiares en esos calabozos.
Este miércoles el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clipp) denunció que los efectivos de la PNB aumentaron el número de funcionarios que custodian la sede de Boleíta, incluso con una unidad antimotín. Este miércoles cumplen 14 días en las adyacencias de esta sede, para exigir excarcelaciones.
🚨 #ALERTA | A esta hora 10:00 a.m., de hoy #21Ene, familiares de presos políticos, que se encuentran afuera de Zona 7, Boleíta, denuncian el despliegue de un fuerte contingente policial en las cercanías del centro de detención.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 21, 2026
Recordamos a las autoridades que el deber… pic.twitter.com/GejQnpMq3L
Promesa incumplida
Las familias consideran que el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, realizado el 8 de enero pasado, cuando aseguró que liberarían a un “número importante” de personas, generó expectativas que no se materializan.
Desde entonces allegados a los presos políticos viajaron desde distintos estados hasta las afueras de centros penitenciarios como Rodeo I, Ramo Verde, Yare III, Tocorón, La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
“Fue una promesa irresponsable. Ahora estamos aquí esperando, pasando hambre, frío y lluvia, mientras ellos siguen siendo maltratados”, reclama una pariente.
En la PNB de Boleíta al menos seis núcleos familiares aseguran que a sus parientes los detuvieron entre el 25 y el 27 de noviembre de 2025, en diferentes regiones del país. Indican que inicialmente los trasladaron a la sede de la PNB en La Quebradita II y luego a zona 7, sin que exista confirmación oficial sobre su paradero actual.
A pesar de ello, agradecen el apoyo solidario de personas y organizaciones que les han brindado alimentos y otros insumos para resistir la espera.
Sin garantías
Marina Saldivia también integra el grupo de personas que busca información desde finales de noviembre de 2025. A sus dos hijos los privaron de libertad el 25 de ese mes y, tres días después, su nuera y su nieta.
“Mi nieta tiene 21 años y autismo. Tengo miedo de que le hagan daño, de que abusen de ella”,
expresa con la voz entrecortada.
La mujer, de 69 años, se trasladó desde Ciudad Bolívar hasta Caracas ante la sospecha de que sus familiares se encuentran recluidos en la PNB de Boleíta. Desde entonces duerme en los alrededores de ese centro de detención, donde al menos cuenta con una carpa.
“No conozco a nadie aquí. Por lo menos tengo dónde dormir y algo de comida. No como mucho porque soy diabética e hipertensa, pero agradezco la ayuda que hemos recibido”, señala.
De acuerdo con el Clipp alrededor de 200 personas permanecen en desaparición forzada. Sus allegados continúan denunciando, organizando vigilias y exigiendo respuestas, sin que hasta ahora exista información oficial que mitigue la angustia.
Según Justicia, Encuentro y Perdón hasta el 21 de enero de 2026 permanecen detenidas 949 personas. Desde el 8 de enero la organización no gubernamental verificó 167 excarcelaciones.
#ATENCIÓN Hasta el día de hoy 21 de enero de 2026, nuestra organización ha documentado 949 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 21, 2026
Esta cifra resulta de la verificación de 167 excarcelaciones realizadas desde el 8 de enero, las cuales han sido debidamente… pic.twitter.com/Rl3UOLHGNf
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