Diputados, representantes y docentes discutieron este martes sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en el sistema educativo. Concluyeron que no hay condiciones para iniciar el año escolar: maestros ganan 2 dólares al mes, niños asisten sin útiles, un salario mínimo solo compra un par de medias y el programa de alimentación solo llega a 10 % de las escuelas.
Caracas. A seis días del inicio oficial del año escolar 2019-2020, docentes, diputados y representantes concluyeron desde la Asamblea Nacional (AN) que no hay condiciones académicas, de infraestructura, ni condiciones de vida para que los niños venezolanos puedan acudir a las aulas a partir del 16 de septiembre.
Durante el debate sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en el sector educativo, que tuvo lugar en el hemiciclo de sesiones este martes, el diputado Romny Flores (AD) dijo que cada vez que cambia el ministro de Educación, cambia el pensum escolar sin que ello se traduzca en un aumento de la calidad educativa; por el contrario, sostuvo, se mantienen la deserción escolar y los niveles de repitencia de grado. Acotó que un maestro categoría 6, que es el que más ingresos percibe, apenas logra ganar el equivalente a 3 dólares al mes y denunció que la infraestructura escolar en Venezuela “está en el suelo”. Flores propuso a la cámara declarar persona no grata al ministro Aristóbulo Istúriz.
La diputada Bolivia Suárez (LCR), quien preside la subcomisión de Educación de la AN, dijo que el salario mínimo actual de la familia venezolana impide a los representantes cubrir los costos del regreso a clases. “Hacen falta tres días de trabajo para comprar un lápiz. Dicen que iniciarán clases el 16 de septiembre, pero el 16 de septiembre no tendrán ni docentes, ni estudiantes ni condiciones para iniciar el año escolar”, afirmó. Suárez solicitó a la junta directiva de la Asamblea Nacional que le concediera el derecho de palabra Elba Ramos, madre participante del programa Alimenta la Solidaridad; Griselda Sánchez, secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas; y Keta Stephany, integrante de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV.
Ramos le planteó a la opinión pública las preguntas que ella como madre se hace de cara al regreso a clases de sus hijos: “¿Cómo una madre compra uniformes, zapatos y útiles si la plata no le alcanza? ¿Qué pasa cuando una madre va a inscribir a sus hijos y le piden un litro de cloro y no tiene para comprar el litro de cloro? ¿Cómo es posible que los obreros sustituyan al profesor cuando este no va?”.
Sánchez, por su parte, dijo que los maestros venezolanos emprenderán una campaña por el rescate del sistema educativo venezolano. Prometió que el sector educación no se va a rendir en su lucha por recuperar la democracia: “60 % de la población estudiantil se ha ido, los estudiantes están en las calles vendiendo, trabajando, bachaqueando, lavando carros, pero no están en las escuelas. En 90 % de las escuelas del país el programa de alimentación no está funcionando. Los docentes no escapan de la realidad que viven los estudiantes, que no tienen ni para alimentarse ni para un pasaje”.
Stephany recordó que la lucha del sector educativo contra la persecución y la intolerancia política comenzó hace 20 años y desde entonces no ha cesado: “Más de 91 % de los estudiantes universitarios del país atienden a las mismas 17 universidades autónomas que existían en 1998. En el último año se han generado 14 % menos publicaciones científicas desde las universidades. Tenemos 40 % menos profesores universitarios en las aulas. Más del 60 % de los alumnos que entraron por cupos asignados a la Universidad Simón Bolívar este año no se inscribió, y más de 80 % de quienes fueron asignados a los pedagógicos tampoco. De los alumnos que llegan a inscribirse, entre 50 % y 60 % se van. Las aulas se están quedando vacías”.
El diputado Oneiber Peraza (AP) dijo que 89 % de las escuelas no cuenta con mantenimiento y puso de relieve que en un país con recurrentes fallas del sistema eléctrico, ni el titular del ministerio de Educación ni ningún alto funcionario haya anunciado un plan de contingencia para garantizar las clases en las escuelas cuando se vaya la luz.
La diputada Amelia Belisario (PJ) reclamó que la seguridad social de los docentes venezolanos es una vergüenza. Blandiendo dos billetes de 100 bolívares soberanos (un ticket de Metro cuesta 40 bolívares) dijo que ello equivalía a la cobertura de seguro de un maestro y que el seguro funerario solo cubre 150 bolívares. “Con un salario mínimo solo se compra un par de medias o una caja de lápices. Se requieren 18 salarios mínimos para poder comprar únicamente los útiles escolares de un niño”.
Al cierre del debate, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, solicitó a la subcomisión de educación sistematizar toda la data aportada durante el debate y presentar un informe a la cámara.
Más acción y menos preocupación
En la plenaria los diputados también discutieron el contenido de la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos que presentó la víspera la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Destacó la denuncia del diputado larense Daniel Antequera, quien afirmó que cuatro trabajadores del Hospital Central de Lara, que ofrecieron su testimonio a la comisión de trabajo de la Alta Comisionada, fueron despedidos posterior a su declaración. Dijo que más de 100 trabajadores de Corpoelec en ese estado, varios de los cuales también dieron su testimonio sobre la crisis eléctrica al equipo de la ONU, se encuentran actualmente con los salarios suspendidos. También dijo que al menos 90 familias de uno de los complejos de Misión Vivienda fueron sacados de su casa por razones políticas en su estado.
Las diputadas Adriana Pichardo (VP) y Delsa Solórzano (EC) coincidieron en agradecer el seguimiento de Bachelet a la situación venezolana pero reclamaron más contundencia y acciones concretas de parte de la ONU. “El pueblo de Venezuela ya no aguanta más”, sentenció Pichardo.
La diputada Nora Bracho (UNT), presidenta de la comisión de Servicios Públicos, tomó la palabra a las 2:12 de la tarde. En ese mismo instante se fue la luz. Bracho realizó toda su intervención a capella, sin micrófono y a media luz. Denunció que la parálisis generalizada de la producción y la crisis humanitaria van de la mano y pidió a la ONU mantener el seguimiento a la situación de Venezuela.
Chávez, Maduro y el Esequibo
Previo a los debates, el diputado Williams Dávila (AD), presidente de la comisión Especial para la Defensa del Esequibo, hizo un recuento desde 2004 de todas las acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que significaron la entrega de la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo.
A esa enumeración de acciones, declaraciones y omisiones que llevaron a Guyana no solo a realizar tareas de exploración petrolera en la zona en reclamación sino a presentar un caso contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, Dávila contrapuso los acuerdos y pronunciamientos de la Asamblea Nacional desde 2016 en defensa de la soberanía sobre el Esequibo.
Destacó que en 2018 el hoy presidente Guaidó formó parte de una comisión de diputados que se trasladó personalmente hasta la isla de Anacoco para reclamar la soberanía de Venezuela en ese territorio. Dávila pidió a la cámara considerar la posibilidad de declarar a Nicolás Maduro como traidor a la patria.
Al cierre de la plenaria extraordinaria, Guaidó recordó que el receso parlamentario culmina el próximo 15 de septiembre y convocó sesión ordinaria para el martes 17 de septiembre.
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