La Ley de Amnistía prevé el beneficio a quienes cometieron delitos en el marco de 13 hechos, pero excluye a los procesados o condenados por “instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas”. Delcy Rodríguez, presidenta (E), solicitó la revisión de casos que no están incluidos en la norma y que requieran una evaluación específica.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía, un esperado instrumento legal con 16 artículos que beneficia a presos políticos por hechos acaecidos entre 2002 y 2025, pero que excluye a quienes participaron en “acciones armadas” y cometieron crímenes de lesa humanidad, o graves violaciones a los derechos humanos.
Este jueves, 19 de febrero, en un debate lleno de tensiones, pero cordial en las formas, los parlamentarios de la AN aprobaron por unanimidad 10 artículos que se sumaron a los seis debatidos la semana pasada, para concretar la segunda discusión del instrumento legal y su sanción.
Tras al menos dos horas de retraso, los parlamentarios discutieron cada artículo en dos horas y llegaron a acuerdos que permitieron unanimidad en cada parte de la ley. Incluso en el artículo 8, que tilda de “violentos” la mayoría de los hechos sobre los que se otorga la amnistía, y el 9 que excluye a quienes estén procesados o condenados por formar parte de “acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial”.
La noche de este jueves, al recibir la recién sancionada ley, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró que los parlamentarios lograran este instrumento legal de forma unánime y aseguró que se trata de una esperanza para los venezolanos.
Rodríguez pidió celeridad en su aplicación y solicitó la revisión de casos que no están incluidos en la norma y que requieran una evaluación específica.
“Quiero también pedir a la Comisión de Revolución Judicial, precedida por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, pedirle al Parlamento venezolano y pedir al programa de Convivencia Democrática y Paz, que se activen a la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y la justicia”,
dijo desde el Palacio de Miraflores.
Para la historia
Pasadas las 6:30 p. m. empezó la sesión ordinaria, convocada para las 4:00 p. m., que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tildó de “histórica” y durante la cual insistió en el orden y la cordialidad entre parlamentarios de distintas toldas políticas, incluida la del chavismo.
Los diputados lograron destrabar sus diferencias en torno al artículo 7, cuya falta de acuerdo los llevó a postergar una semana más el debate del instrumento legal.
El artículo que generó discordia exigía que quien se considere como posible beneficiario de la amnistía tiene la obligación de “ponerse a derecho” como requisito previo, lo que significa, según diputados y especialistas, que la persona presuntamente beneficiaria debe presentarse ante un tribunal penal y solicitarla.
Este jueves se cambió la redacción para permitir que quienes estén en el extranjero puedan contar con representación legal para “ponerse a derecho” y se prohibió que sea privado de libertad el beneficiario de la amnistía luego de presentada la solicitud para obtener el beneficio.
Además, en el artículo 8, que especifica los hechos amnistiables, se agregaron otros cuatro, entre los que están los enmarcados en la instalación y consecución de la Asamblea Nacional de 2015 y los “hechos violentos” en el marco de las elecciones regionales y de parlamentarios de 2025.
También se incluyeron sucesos de 2019, menos los que impliquen “rebelión militar”, los enmarcados en el referendo de 2004 y los acaecidos entre mayo y agosto de 2009.
“Mala utilización de la Ley contra el Odio”
Durante el debate, el presidente del Parlamento admitió que en algunas situaciones la Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y Democrática, aprobada en 2017, fue mal utilizada y que esto debe ser corregido, una tarea que encomendó a la comisión especial creada por la Ley de Amnistía para hacer seguimiento al cumplimiento de la misma, así como al programa de Convivencia y Paz instalado por la presidencia.
“En el programa de Convivencia y Paz se está justamente estudiando el alcance de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma de esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido”, dijo Rodríguez con respecto a la norma por la que cientos de venezolanos han sido detenidos, apresados y condenados en los últimos años.
El delito central y más utilizado bajo esta normativa es promoción o incitación al odio, tipificado en el artículo 20, el cual castiga con penas de 10 a 20 años de prisión a quienes fomenten públicamente el odio o la violencia y que ha sido el más imputado a personas consideradas presos políticos.
Aunque la Ley de Amnistía no incluyó una mención específica y tácita de esta norma, el pleno del Parlamento se comprometió, a solicitud del diputado opositor Pablo Pérez, a que sean los casos de personas procesadas, apresadas o judicializadas en el marco de los delitos previstos en la Ley contra el Odio, así como sindicalistas o defensores de derechos laborales detenidos, los primeros casos evaluados por la comisión especial creada para hacer seguimiento a la aplicación de la amnistía, fuera de los que están claramente previstos.
No obstante, el presidente de la AN hizo una salvedad durante el debate: “Que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad, es un perdón que está aprobando el país político a petición de la presidenta encargada”.
La ley también contempla la creación de una “comisión especial” que revisará la aplicación de la nueva norma y que fue nombrada este mismo jueves en el seno del Parlamento.
El grupo estará conformado por 23 parlamentarios y será encabezada por el chavista Jorge Arreaza y la opositora Nora Bracho. Además, forman parte los diputados Nicolás Maduro Guerra, Iris Varela, Pedro Infante, Stalin González, Pablo Pérez, entre otros.
También fue nombrada como parte de esta comisión la diputada y esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, quien desde el 3 de enero se encuentra detenida en Estados Unidos y acusada de delitos de presunto narcotráfico.
La comisión especial fue enviada, apenas concluyó la plenaria del Parlamento, a Miraflores para entregar la sancionada Ley de Amnistía a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, actualmente hay 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso que inició el pasado 8 de enero y que fue anunciado por el presidente de la Asamblea.
Lea también:
Una mujer sigue en huelga de hambre para exigir libertad de los presos políticos en zona 7