Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, que modifica 35 artículos y concentra en el Ministerio de Petróleo, a cargo de Delcy Rodríguez, decisiones sobre explotación y comercialización del crudo. La desición coincidió con la emisión por EE. UU. de la Licencia General 46, el alivio de sanciones sobre la industria petrolera venezolana más amplio hasta la fecha.
Caracas. En apenas una semana y apelando a la “urgencia parlamentaria” —un mecanismo que permite acelerar debates y votaciones cuando el Parlamento considera que un tema no admite dilaciones—, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, 29 de enero, la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto se sancionó por unanimidad, tras solo dos sesiones de discusión en el pleno de la cámara y una limitada consulta pública, con la salvedad de la advertencia opositora de que los cambios promueven la “discrecionalidad funcionarial” en el sector petrolero.
Casi 20 años después de la última modificación de la norma que rige la explotación y comercialización del crudo venezolano —el principal generador histórico de divisas del país—, el Parlamento aprobó la reforma de 35 artículos de la ley vigente, una de las transformaciones más amplias desde la nacionalización petrolera.
A partir de su publicación en Gaceta Oficial, la legislación permitirá que las actividades primarias de exploración y explotación sean ejecutadas por el Estado, ya sea a través de empresas mixtas con control estatal del 50 % o más —una fórmula exigida por la Constitución—, o mediante contratos suscritos con empresas privadas, muchas de ellas potencialmente sujetas a autorizaciones del gobierno de Estados Unidos.
Con la sanción legislativa, se incorporaron a la ley orgánica modelos de negocio calificados como “exitosos” por el chavismo, como los Contratos de Participación Productiva (CPP). En estos acuerdos el inversionista privado asume riesgos y recupera su inversión con parte de la producció,
Con esta modalidad Venezuela ha logrado captar inversiones valoradas en más de 900.000.000 de dólares durante 2025. En su mayoría bajo esquemas autorizados mediante licencias específicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Además, establece que las firmas privadas asuman costos y riesgos sin transferencia de propiedad del recurso; se flexibilizan las regalías y se autoriza la comercialización directa de crudo bajo supervisión estatal.
Para “cambiar la economía del país”
El inicio de la discusión estuvo marcado por celebraciones tanto de diputados opositores como del chavismo ante una ley que deja atrás el modelo petrolero instaurado por Hugo Chávez (1999-2013) —basado en un control estatal rígido y menor apertura al capital privado— y propone una mayor participación de inversionistas, especialmente extranjeros.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión parlamentaria de Energía y Petróleo y quien encabezó esta reforma dentro de la Asamblea, aseguró que se trata de “una reforma que va a cambiar la economía del país”.
El diputado opositor Antonio Ecarri fue también uno de los más activos en el debate parlamentario. Antes de iniciar el análisis de la reforma artículo por artículo, remarcó que era un cambio “histórico”, dada la crisis que atraviesa Venezuela.
Para el diputado de la Alianza Lápiz —un partido opositor de orientación socialdemócrata—, la reforma representa “una bienvenida formal a superar los viejos esquemas estatistas”.
Los diputados de oposición formularon observaciones puntuales a varios artículos. Al menos en dos casos, sus planteamientos fueron atendidos por el pleno del Parlamento, que modificó la redacción de algunos párrafos para incorporar sus postulados.
Parte de los cuestionamientos apuntaron a precisar los mecanismos de transparencia en las tarifas de regalías —un aspecto sensible en un país con antecedentes de corrupción en el sector petrolero— que pueden percibir las empresas por la explotación.
También pidieron la incorporación de asignaciones especiales para beneficiar a las comunidades afectadas por las labores de extracción.
Timing petrolero
La aprobación de la reforma coincidió, la tarde de este 29 de enero, con el alivio de sanciones más amplio otorgado por EE. UU. al sector petrolero venezolano desde la imposición de las primeras restricciones en 2019.
Cuando el debate casi finalizaba en Caracas, la OFAC emitió la Licencia General Nº 46. La disposición flexibiliza de forma significativa las restricciones impuestas a la industria petrolera tras la designación de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) como entidad bloqueada.
La licencia autoriza a personas y empresas estadounidenses a participar en actividades vinculadas a la producción, extracción, exportación, comercialización, transporte y refinación de petróleo de origen venezolano. Esto incluye transacciones directas con Pdvsa, el Gobierno de Venezuela y empresas mixtas controladas por el Estado.
Se trata de un giro sustantivo frente al esquema sancionatorio vigente durante los últimos siete años.
«Dicha autorización incluye transacciones con el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), o cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o mayor»,
establece la medida.
Este alivio se produce en el contexto político abierto tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, la instalación de un gobierno interino alineado con Washington, bajo la presidencia encargada y un acuerdo energético que permite a EE. UU. controlar y comercializar parte del crudo venezolano, con ingresos depositados en cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense.
Aunque la licencia impone condiciones estrictas —como la exclusión de actores vinculados a Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte y el control de los flujos financieros—, su alcance general reduce la necesidad de autorizaciones individuales y facilita la reentrada de compañías estadounidenses y europeas en el negocio petrolero venezolano.
Un “superministro” petrolero
Durante la discusión, el diputado Ecarri advirtió sobre la discrecionalidad que la norma sancionada otorga al ministro con competencia en materia de Petróleo, cargo que estuvo a cargo de Delcy Rodríguez hasta su juramentación como presidenta encargada y que, en la práctica, sigue bajo su responsabilidad ante la ausencia de un nuevo nombramiento, lo que concentra poder político y operativo en una sola figura.
Ecarri señaló que el texto “deja vigente el tumor de la discrecionalidad funcionarial” que, aseguró, trae como consecuencia “la corrupción y los daños al país.
Detalló que en los 35 artículos discutidos se conceden al menos 19 nuevas competencias al Ministerio con competencia en hidrocarburos. Entre estas se incluyeron facultades regulatorias, contractuales y económica, lo que lo convierte en “un superministro, un zar del petróleo” en Venezuela.
Cuestionó que a la funcionaria se le otorguen potestades para dictar normas, fijar regalías e incluso incidir en tributos e impuestos vinculados a la comercialización del crudo. Estas atribuciones, según la oposición, deberían estar distribuidas entre varios organismos del Estado. Al final, esta crítica no fue acogida por la mayoría chavista en el Poder Legislativo.
Aunque la reforma mantiene elementos de control estatal —como la propiedad del subsuelo y la supervisión parlamentaria de precios y contratos—, su estructura contractual favorece la entrada de capital y gestión privada bajo condiciones reguladas.
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