Expertos sostienen que el sistema intenta sobrevivir mediante una estabilidad negociada con el gobierno estadounidense, pero alertan que no habrá un cambio real hacia la democracia sin que se devuelva el peso político a la sociedad civil y a las instituciones.
Caracas. A casi un mes de la intervención militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la situación política del país sigue sin definirse ante la falta de una hoja de ruta clara —un plan detallado con pasos concretos— hacia la transición.
En las calles, la incertidumbre domina el ánimo de la ciudadanía, bajo un aparente clima de tensa normalidad. Es decir, una sensación de rutina cotidiana que oculta la preocupación generalizada por la situación política.
Analistas consultados por Crónica Uno coinciden en que la salida de Nicolás Maduro plantea un desafío estructural, refiriéndose a cambios profundos en las instituciones, el sistema político y la distribución del poder.
Mientras Delcy Rodríguez simula estabilidad administrativa, Estados Unidos (EE. UU.) presiona a la cúpula para que desmonte el sistema que sostuvo al oficialismo durante 27 años, un entramado de lealtades, clientelismo y control estatal que ha garantizado la permanencia del chavismo en el poder.
Los especialistas explican que la gestión actual busca sobrevivir mediante una negociación con Washington. Sin embargo, recalcan que el retorno a la democracia exigirá una liberación que permita el restablecimiento de derechos civiles y la participación plena de la sociedad en las decisiones políticas, devolviendo el peso político a la sociedad civil y a las instituciones legítimas.
Analistas advierten que sin instituciones legítimas —entendidas como aquellas que cumplen la ley y representan a la ciudadanía— no habrá transición política.
Inflación y otros dolores
En medio de la incertidumbre sobre la transición política, la ciudadanía exige medidas frente a la brecha cambiaria, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que impacta directamente el poder adquisitivo de la población, y el alto costo de la vida.
Aunque el país superó la hiperinflación, la aceleración de precios durante 2026 continúa. Proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman que la inflación anual podría cerrar en 682,1 % si no se toman acciones urgentes, una cifra que refleja la pérdida sostenida del valor de la moneda y la capacidad de compra de los ciudadanos.
A las puertas de los recintos penitenciarios, el drama y el dolor de los familiares de los presos políticos persiste, a la espera de nuevas liberaciones.
Según el registro de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, entre el 8 y este 29 de enero, la cifra de excarcelaciones confirmadas asciende a 303 personas, un indicio parcial de cambios limitados en el sistema de detención política.
Proceso incipiente
Guillermo Tell Aveledo Coll, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet), sostiene que estos primeros 15 días muestran un proceso todavía incipiente, esto es, en sus primeras etapas y aún sin consolidación.
A su juicio, no existía un plan legislativo listo para ejecutarse tras el 3 de enero. Por ahora, la gestión de Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, busca captar nuevos socios económicos y estabilizar el sistema actual, manteniendo operaciones básicas del Estado y evitando un colapso administrativo.
Con todo, el experto alertó que el país sigue bajo un modelo autoritario, en el que la concentración del poder limita la participación de la ciudadanía y asegura la obediencia de la sociedad solo a la cúpula gobernante, respondiendo únicamente ante sus socios y no ante la sociedad civil.
Esta estructura mantiene al país, incluso sin la figura de Nicolás Maduro, sometido a mecanismos de control social y vigilancia.
En las calles, los ciudadanos denuncian interceptaciones por parte de funcionarios y civiles armados, quienes vulneran la privacidad mediante la revisión de teléfonos celulares. Esta práctica combina espionaje informal y amedrentamiento para limitar la libertad de expresión y movimiento.
Foto: Luis Morillo
Venezuela sin Maduro
Aunque EE. UU., como actor externo, busca destrabar procesos, todavía no existe una dirección clara hacia un sistema democrático. El paso inicial para un cambio real, según Aveledo, sería la liberalización plena, que implica la restitución de libertades políticas, apertura de medios de comunicación, eliminación de la censura y revisión de juicios por motivos políticos.
Esto incluye la apertura de medios de comunicación, el fin de la censura y la cancelación de juicios contra exiliados y presos políticos. Para Aveledo, es difícil calcular cuánto tiempo podría llevar un proceso de estabilización en el país.
“Al no haber una ruptura violenta que obligue a elecciones, el mecanismo constitucional aparente para una resolución a mediano plazo sería la renuncia de la presidenta interina antes de cumplir la mitad del período actual. Esto, sumado a una potencial condena de Maduro en el extranjero que fuerce el reconocimiento de la ausencia absoluta, podría generar elecciones adelantadas hacia la mitad del periodo”, indicó.
Mientras eso ocurre, la oposición y la sociedad civil deben medir los nuevos límites del sistema a través de la manifestación. Lo que implica constatar capacidad de protesta y movilización ciudadana frente a restricciones políticas y sociales.
Acciones como las movilizaciones estudiantiles de la UCV hacia las cárceles son señales alentadoras, en función de la restauración de una dinámica social sana.
Aveledo señaló que estos movimientos son vitales para determinar si la voluntad de reprimir sigue intacta tras la pérdida de Nicolás Maduro como árbitro central del chavismo.
La estrategia de EE. UU. con Delcy Rodríguez
Benigno Alarcón, analista político especializado en gerencia pública, conflicto y negociación, coincidió con Aveledo al afirmar que el país atraviesa un cambio político aún sin concretar, un proceso que depende de presiones internas y externas, negociaciones y reajustes institucionales.
Alarcón destacó que, a diferencia de otras intervenciones militares, como la ocurrida en Panamá en 1989 contra el dictador Manuel Noriega, Washington aplica una modalidad de transición bajo coerción. Con esto se busca influir en la conducción del poder sin desplegar tropas extranjeras en el territorio venezolano.
El objetivo de esta estrategia sería evitar la presencia de soldados extranjeros en las calles, para no propiciar el rechazo de la población ni el deterioro del control territorial, una experiencia histórica que muestra que la intervención directa puede generar resistencia y conflictos civiles.
Por eso, las concesiones que hace Miraflores no nacen de una voluntad propia, sino de la obligación impuesta por la fuerza externa tras los hechos del 3 de enero. Al ser consultado sobre la hoja de ruta para una transición exitosa, Alarcón indicó que existen pasos concretos.
Uno de ellos es la salida de los actores con compromisos radicales hacia el gobierno chavista. Con esto se refiere a aquellos funcionarios o líderes con lealtad incondicional al antiguo régimen.
“El Estado necesita instituciones neutrales que respondan al interés nacional y no a un grupo específico. Esto implica desarticular el aparato represivo actual, para devolverle su función de protección al ciudadano”.
enfatizó Alarcón
Otro punto es el quiebre de la lógica clientelar, un sistema de lealtades basado en beneficios económicos y favores políticos. El especialista explicó que el control internacional sobre las rentas y las operaciones del Estado será fundamental. Al quitarle el poder financiero a la cúpula gobernante y limitar sus recursos, la estructura de lealtades podría cambiar de forma definitiva.
Panorama electoral a mediano plazo
Aunque algunas posturas oficiales ubican a las elecciones como el último paso, Alarcón afirmó que la legitimidad será necesaria mucho antes para transformar las leyes y la Constitución.
El analista insiste en que no se pueden completar las tareas de reconstrucción sin un gobierno legítimo. Para este propósito se requiere de un ejecutivo reconocido por los ciudadanos y la comunidad internacional, como el que resultó electo en 2024.
Sobre el desenlace democrático, el politólogo considera factible la participación de María Corina Machado en una eventual etapa de gobierno. No obstante, apuntó que la convocatoria de una nueva elección no es la ruta más viable para el país.
Desde su perspectiva, organizar un proceso con condiciones transparentes y un padrón electoral saneado requeriría entre nueve meses y un año. Esperar ese tiempo podría provocar la pérdida del impulso para un cambio en la dirección del país.
Por eso, propone una alternativa más inmediata: el reconocimiento de los resultados de la elección presidencial de 2024 en la que resultó electo el candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Para ambos expertos, la estabilidad política y económica de Venezuela dependerá de decisiones que equilibren presión externa, negociación interna y fortalecimiento de instituciones.
La transición estará marcada por la rapidez en restablecer libertades, garantizar legitimidad y controlar la concentración del poder, reflejando los desafíos de un país en busca de normalidad.
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