En esquinas y calles aledañas a la plaza Narváez se constató el retorno paulatino de los vendedores informales quienes ahora operan sin un puesto fijo. Denuncian que la Alcaldía del Municipio Libertador aún no les ofrece una reubicación estable, en cambio les imponen multas que alcanzan los $40.
Caracas. “¡Carteras, carteras para damas! ¡Venga y aproveche esta ganga, llévese una en dos dólares y tres por cinco!”, anuncia entre gritos José*, un comerciante informal que deambula a la salida de la estación La Hoyada. En cada brazo lleva colgada una variedad de bolsos bandoleros que muestra sin reparo a los transeúntes, en busca de posibles compradores.
Sin embargo, en cuanto ve a funcionarios de la policía o la Alcaldía, da un salto y echa a correr. José asegura que no es un delincuente, ni tiene deudas pendientes con la justicia. Es padre de familia y se dedica a la economía informal hace cinco años.
Desde que comenzó el desalojo de los vendedores informales en la plaza Francisco Narváez su situación se hace cuesta arriba porque persiste la tensión entre los buhoneros y la Alcaldía del Municipio Libertador, quienes han prohibido el establecimiento fijo del comercio en las áreas recuperadas.
Un retorno a medias
La madrugada del 5 de agosto funcionarios de la alcaldía y organismos de seguridad llegaron a la plaza Narváez para despejar las áreas ocupadas durante años por la actividad informal.
Durante el operativo desmontaron tarantines y decomisaron la mercancía que los buhoneros guardaban en los depósitos. A dos meses del operativo, aunque parte de las áreas recuperaron su función peatonal y se ven despejadas, la necesidad económica apremia.
En ciertas esquinas y calles, antes saturadas de buhoneros, el equipo de Crónica Uno constató un retorno paulatino de los vendedores, quienes ahora operan sin un puesto fijo.
Estos comerciantes, conscientes de la prohibición, montan y levantan sus puestos improvisados en cuestión de minutos. José explicó que lo hacen para evadir a los funcionarios de seguridad y evitar pagar multas de entre $30 y $40.
“Si nos montamos en una acera para vender como lo hacíamos antes, nos imponen esas multas, y si no damos el dinero nos quitan la mercancía. Deambulando nos piden solo $2 diarios. A otros los han amenazado y los expulsan de aquí hasta por 30 días. Pero con todo y eso venimos a trabajar porque tenemos derecho”.
La prohibición de establecerse de forma fija se limita a las adyacencias de la estación del Metro La Hoyada y áreas de la plaza Narváez. En la avenida Universidad, entre las esquinas de Traposos y Coliseo, hay un notorio contraste con el resto de la zona: los buhoneros operan con normalidad.
Los comerciantes informarles permanecen establecidos, sin la urgencia de moverse, y ofrecen una amplia variedad de artículos. Las aceras sirven de mostrador para exhibir zapatos, con precios que inician en los $10, junto a coloridas pilas de pijamas, monos deportivos, juguetes y maquillaje.
En este punto la prohibición municipal de ocupar el espacio público parece desvanecerse en medio del intenso flujo comercial que atrae a decenas de compradores.
Crisis e indefensión económica
Los voceros que ocupaban espacios en La Hoyada solicitaron varias audiencias para exigir respuestas. Sin embargo, denuncian que la alcaldía de Libertador no ofrece una solución concreta ni un sitio donde puedan ejercer su comercio de manera legal y segura.
Los afectados, que incluyen a adultos mayores y personas con discapacidad, indican que el desalojo los dejó en un estado de indefensión económica. Esto no es poco en Venezuela, considerado el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de informalidad laboral, al alcanzar 70 % frente a un promedio regional de 50 %, según estimaciones de la consultora financiera Ecoanalítica, para inicios de 2025.
Josymar* se dedica a la buhonería desde hace 10 años. Pese a las prohibiciones, se las ingenia para vender accesorios para celular a las afueras de la estación La Hoyada. Con mucha precaución, extiende una sábana en el piso y allí, en pocos minutos, arma un tarantín improvisado.
Cuando se acerca alguna patrulla o funcionarios de la oficina de control urbano, sus compañeros de la cuadra le avisan con un silbido. En pocos segundos, Josymar recoge sus cosas.
“Yo hago entre $70 y hasta $100 diarios y tengo clientes fijos que me vienen a comprar. Antes tenía mi puesto y me quedé sin nada cuando nos sacaron de aquí. Ahora estamos perseguidos y sin más opciones, porque no tienen dónde meternos”.
En Caracas las autoridades intentaron varias veces desocupar las áreas acaparadas por la venta informal. Los primeros operativos se remontan al año 2007, cuando el gobierno municipal intentó recuperar el espacio público al reubicar a 2900 comerciantes.
Un historial de fracasos regulatorios
Más recientemente, en marzo de 2024, fue publicado en Gaceta Oficial el marco regulatorio de la economía en espacios públicos a cielo abierto para el municipio Libertador.
Esta normativa y otras similares en alcaldías como Chacao y Sucre establecen reglas para el comercio ambulante, prohíben la ocupación permanente de calles y facultan a las autoridades para desocupar áreas y confiscar mercancía en caso de incumplimiento.
Desde entonces distintas administraciones han intentado, con base en esta legislación, erradicar el comercio informal, sin éxito. En lo que va de 2025 Crónica Uno ha hecho seguimiento a dos procedimientos de desalojo de buhoneros en la ciudad.
El primero fue realizado en la plaza Narváez de La Hoyada, en agosto, y el segundo en las calles del bulevar de Sabana Grande, donde los comerciantes informales establecieron un pacto para trabajar hasta el 31 de diciembre, tras varios enfrentamientos con las autoridades.
Catia: el colapso de la movilidad
En ambos casos la venta informal resurgió en los mismos lugares o en zonas aledañas, lo que confirma la ineficacia de los desalojos sin planes de reubicación sostenibles.
Sin embargo, en Catia, al oeste de la ciudad, el panorama evidencia un colapso del espacio público. Allí el comercio informal aumentó y se refleja en un problema de salubridad y movilidad. Las aceras están colmadas de buhoneros, lo cual dificulta el tránsito peatonal y oculta la fachada de los comercios formales.
Los puestos de comida rápida improvisados acaparan las aceras desde la estación del Metro Plaza Sucre hasta el bulevar de Pérez Bonalde. Los transeúntes deben ingeniárselas para abrirse paso entre los cientos de tarantines que abarrotan la calle.
El bullicio y las malas condiciones del asfaltado entorpecen el paso y exponen a los adultos mayores, niños, niñas y personas con movilidad reducida a accidentes.
Pese al caos y el descontrol los comerciantes de la parroquia Sucre aseguran que están organizados y descartan que haya algún plan de reubicación. El último operativo de desalojo se realizó en el año 2016 cuando funcionarios de la dirección de control urbano retiraron a 300 vendedores de las calles Real de Los Magallanes, El Cristo y Panamericana.
No obstante, al poco tiempo retornaron a ocupar las aceras que hoy día están intransitables. Kelly Sánchez, una comerciante informal de la zona, aseguró que cada cuadra está coordinada y vigilada por un vocero, quien se encarga de cobrar por permitirles establecerse de forma fija.
“Acá pagamos entre $2 a $5 por puesto, dependiendo del tamaño y el volumen de mercancía que se venda. No nos han notificado nada de ningún desalojo y, más bien, mucha gente ha venido a esta zona a vender por lo que pasó en otros sitios. En el pasado intentaron sacarnos y no pudieron. Ahora que somos más, será más complicado”, aseguró.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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