El dirigente juvenil de Vente Venezuela, Lisandro Henríquez, fue excarcelado tras más de un año preso en Carabobo. Su caso refleja la presión por excarcelaciones tras el 3 de enero y destapa la realidad de presos políticos enfermos y abandonados en el segundo estado con más casos y menos excarcelaciones, según la ONG Foro Penal.
Valencia. Poco antes de que el reloj marcara la 1:00 p. m., del 16 de enero pasado, un celular sonó en la casa de la familia de Lisandro Henríquez con la noticia que esperaban: tras más de un año detenido, estaba en libertad. Así lo confirmó una fuente vinculada a la familia del expreso político.
Esta excarcelación ocurre pocos días después de los sucesos del 3 de enero pasado, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación denominada “Resolución Absoluta” —una incursión militar que incluyó bombardeos y la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas—, un evento que reconfiguró el clima político y de seguridad en Venezuela e intensificó la atención internacional sobre presos políticos y la presión por excarcelaciones.
Lisandro es coordinador juvenil de Vente Venezuela en el municipio Miranda, en los Valles Altos de Carabobo. El 9 de enero de 2025 fue detenido por funcionarios de fuerzas de seguridad del Estado y desde entonces formó parte de la extensa lista de presos políticos que el chavismo ha acumulado con los años.
Crónica Uno contactó a la familia el 15 de enero pasado y se había acordado una entrevista para profundizar en la situación de Lisandro; sin embargo, tras su excarcelación, la corresponsalía decidió relatar únicamente su excarcelación para evitar posibles represalias.
El contexto posterior al 3 de enero ha sido de gran tensión: tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada —según la sucesión establecida por el Tribunal Supremo de Justicia tras la vacancia temporal—, y se decretó un estado de conmoción en medio del cual se inició un proceso para reconfigurar la situación política interna y las estrategias de gestión de presos políticos.
El caso de Lisandro llamaba especialmente la atención porque era el único preso político en su centro de reclusión y también el único detenido en los Valles Altos de Carabobo, Bejuma, Miranda y Montalbán.
Carabobo a la cabeza
Según el representante de Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, la entidad es el segundo estado con mayor cantidad de presos políticos, pero también es la región donde menos excarcelaciones se han registrado desde los sucesos del 3 de enero.
Tras esa operación militar, organizaciones como Foro Penal han verificado cientos de excarcelaciones anunciadas a partir del 8 de enero de 2026, reduciendo parcialmente la lista total de detenidos políticos, aunque muchos siguen recluidos y no todos los casos han sido reconocidos públicamente.
Este panorama ha llevado a varios familiares de presos políticos a alzar la voz. No obstante, hay una preocupación particular: aún permanecen personas recluidas en comandancias policiales que parecen estar fuera de las listas oficiales y del foco mediático.
Por ello, Carmen Mendoza vive entre llantos constantes y profunda ansiedad. Su hijo, Kevin Rafael Pérez, ingeniero egresado de la Universidad de Carabobo, regresaba del gimnasio en Naguanagua cuando unos motorizados vestidos de civil le cerraron el paso.
Lo que siguió fue una golpiza para dejarlo vulnerable y trasladarlo por la fuerza a la 41 Brigada Blindada, conocida como Fuerte Paramacay.
“Ahí también lo golpearon, incluso le dieron con un casco”,
relató.
Kevin no es un preso común. A diferencia de otros detenidos, padece ansiedad severa, depresión, insomnio, bipolaridad y ataques de pánico. Todas estas condiciones surgieron tras la trágica muerte de su hermano mayor, quien recibió un disparo producto del hampa y agonizó durante cinco años.
Cuando la enfermedad es verdugo
Parte del terror de Carmen no se limita al encarcelamiento de su hijo, sino al temor constante de que Kevin muera.
“Él está solito en el comando de la Policía Municipal de Naguanagua. Formaba parte de una causa de 17 personas, donde 9 fueron trasladados a Tocorón, cinco mujeres fueron liberadas pocos días después de la detención, él sigue en esa celda”, explicó.
En este caso, la muerte no sería consecuencia directa de torturas, sino de un posible suicidio. Carmen, con la voz entrecortada, ha denunciado que su hijo ha intentado cortarse las venas.
“En la última visita me dijo que quería agarrar una sábana y colgarse. Yo le digo que no haga eso, que no se haga daño, que pronto va a salir, pero no me cree. Se enoja y empieza a golpearse la cabeza”, contó.
Dieciocho meses se dicen rápido, pero para Carmen han sido un calvario. Ella y su esposo, ambos administradores de profesión, quedaron desempleados como efecto colateral de acompañar de forma permanente a su hijo. “Las ausencias hicieron que nos despidieran”, lamentó.
Desde entonces sobreviven con la liquidación de su esposo, pero el dinero ya no alcanza. No han podido costear el tratamiento psiquiátrico de Kevin. Además, debía asistir a una consulta el 7 de agosto, pero no se lo permitieron. “Mi hijo va en retroceso. La enfermedad lo consume”.
Otro factor que agrava su situación es presenciar el deterioro de otros reclusos. Un compañero sufrió un ACV, lo que le desencadenó un ataque de pánico; otro presenta un deterioro severo a causa de la tuberculosis. Carmen teme que su hijo se contagie.
El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) ha determinado que Kevin requiere vigilancia permanente. Aun así, las autoridades han ignorado reiteradamente sus necesidades como preso político.
Preso por exigir votar
En Carabobo hay numerosos presos políticos con enfermedades de base que deberían estar bajo supervisión médica, pero no lo están. En el caso de Kevin, como en muchos otros, se trata de una decisión deliberada de negarles atención sanitaria.
Un caso similar es el de Exar Castillo, diabético e hipertenso, cuyo pie ya presenta complicaciones por la mala alimentación en prisión. Si bien recibió atención médica, esta fue brindada por médicos comunitarios. Su esposa no confía en ellos y preferiría que fuera atendido por su médico de cabecera.
A su juicio, todo esto constituye un castigo por haber alzado la voz el día de las elecciones del 28 de julio, cuando exigió al Plan República permitir el ingreso de los testigos de mesa de la oposición al plantel Batalla de Carabobo, en Campo Carabobo, municipio Libertador.
Mientras reclamaban el acceso, los votantes entonaban el himno nacional como forma de presión. “Querían votar, querían expresarse”, recordó la esposa de Exar.
Procesión de peticiones
Ese fue el inicio de sus problemas. Poco después, militares lo llamaron para ingresar al plantel. En ese momento lo golpearon y fue trasladado en una camioneta sin placas a su lugar de reclusión.
“Él luchó para que no se lo llevaran, pero lo golpeaban hasta que lo lograron”,
dijo.
A Exar lo recluyeron inicialmente en la sede del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Valencia, luego pasó un año en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana y finalmente, el 6 de octubre, lo trasladaron al Centro Penitenciario Hombre Nuevo, conocido como Cárcel Fénix, contiguo al penal de Tocuyito.
Hasta la fecha, su esposa ha realizado innumerables gestiones ante funcionarios del sistema de justicia y penitenciario, desde Tareck El Aissami hacia abajo, para lograr su excarcelación. Carmen Mendoza también vivió experiencias similares: fechas prometidas y compromisos incumplidos.
Aunque agradece que su esposo no haya sido maltratado físicamente, teme por el hacinamiento. Exar solo ve la luz del sol los domingos, durante las visitas, y convive con al menos 21 personas en lo que ella describe como “un hueco”, número que a veces aumenta.
Los 16 de Los Guayos
Como muchas otras familias, teme que su caso quede en el olvido. Por ello, planean una serie de protestas, para alzar la voz y acelerar las excarcelaciones.
Asimismo, en la Policia Nacional Bolivariana (PNB) de Los Guayos permanecen detenidos Albany Colmenárez, coordinadora política de Vente Venezuela, desde el 24 de julio de 2025, y Nikoll Arteaga, arrestado el mismo día.
Ambos siguen en la comandancia sin haber sido trasladados a centros penitenciarios, como ha ocurrido con otros presos políticos. Allí también se encuentra el expresidente del Concejo Municipal de San Diego, Ángel Luna.
Familiares que han protestado frente a la PNB reportan también los casos de Charlie Bolaños, Jeremy Pérez, Yuneiker Sandoval, Claudio Flores y Alana Rodríguez.
Ángel Luna padece constantes arritmias por una cardiopatía. Su enfermedad no ha sido tratada, informó Luis Lira, familiar del dirigente. Otro allegado explicó que ha tenido que aprender a autorregularse, algo extremadamente difícil en condiciones de hacinamiento, y actualmente consume un tratamiento farmacológico vencido.
“Debió ir al cardiólogo, pero no se lo han permitido”,
denunció.
Hasta esta publicación, además de Henríquez, solo Diego Morales, un joven con una condición especial, ha sido excarcelado, en la madrugada del 12 de enero.
En este contexto ampliado —donde la política venezolana vive una reconfiguración de poder tras la intervención militar del 3 de enero y los efectos que esto ha tenido en la presión interna e internacional por excarcelaciones— la lucha por la libertad de los presos políticos continúa siendo una de las demandas centrales de la oposición, las familias afectadas y organismos internacionales.