El 25 de julio de 1567 Diego de Losada fundó la ciudad con el nombre de Santiago de León de Caracas, principal epicentro político, económico y social del país. Este año, en medio de tensiones internas, la celebración está empañada por la erosión progresiva de su espacio cívico.
Caracas. Un morral al hombro, un teléfono con media batería y el corazón acelerado. Así salió Luis* de su casa una madrugada de abril, sin saber si volvería. El rumor de que su nombre había reaparecido en un expediente judicial lo obligó a cambiar de escondite —en una huida silenciosa— a ese exilio interno que comparten desde hace casi un año decenas de dirigentes y activistas sociales.
En menos de dos meses durmió en cuatro casas distintas. “Lo que viví no se lo deseo a nadie”, dijo al otro lado de la línea, en una llamada entrecortada por las sospechas de que su teléfono esté intervenido.
“Tuve que irme de mi casa y refugiarme en cuatro lugares distintos para escapar de la persecución”, relató a Crónica Uno Luis*, líder social que permanece en la clandestinidad desde hace meses, tras un irregular proceso judicial, por el que fue detenido y acusado de múltiples cargos.
Su único “delito” fue documentar y difundir en redes sociales información relacionada con el activismo en el contexto de las protestas poselectorales de julio pasado. Aunque fue excarcelado semanas después, el hostigamiento contra él no ha cesado.
Desde hace 11 meses y 25 días, vive bajo una vigilancia que no se firma con sello oficial, pero se siente en cada paso. La amenaza de una nueva detención no lo abandona.
Durante su detención, Luis pasó noches en vela, recluido en una celda diminuta y sin acceso a la luz solar.
Desde entonces, ha optado por mantenerse alejado de la vida pública. Limita su actividad en redes sociales, no se muestra en espacios abiertos ni asiste a manifestaciones. Sabe que cualquier acto, por pequeño que sea, puede significar la pérdida de su libertad nuevamente.
“Ya no se respetan nuestros derechos fundamentales y nadie está seguro. Estamos en una situación de opacidad total que refleja una ausencia de Estado. Pero el miedo nos debe impulsar a estar alertas, a armarnos de valor y continuar adelante con resiliencia porque es lo que merecemos como seres humanos”,
reflexiona, con el eco de la persecución aún latente.
Control capital
Este 25 de julio se conmemoran los 458 años de la fundación de Santiago de León de Caracas, la emblemática ciudad de los valles. Sin embargo, este año, en medio de tensiones políticas y económicas, parte de la celebración está marcada por la erosión progresiva del espacio cívico.
Fundada el 25 de julio de 1567 por el conquistador español Diego de Losada, Caracas nació como un asentamiento en el valle del río Guaire, en territorio indígena de los toromaimas. Con el tiempo, se convirtió en capital del país y escenario de los principales hitos históricos, políticos y sociales de Venezuela.
En el último año, el miedo, la censura y el hostigamiento estatal han transformado a Caracas. La ciudad que inspiró el llamado “Seguid el ejemplo que Caracas dio” —inscrita en el himno nacional— ha cedido su lugar a una ciudad donde se vigilan los murales, se filtran los chats comunitarios y se criminaliza la organización vecinal.
Avenidas y plazas que antes fueron espacios para la libre expresión y la protesta en la actualidad están delimitadas por el control estatal y dominadas por el silencio.
Lugares emblemáticos como la Plaza Altamira, la avenida Libertador, la Candelaria, Montalbán o el bulevar de Sabana Grande, que fueron escenario de grandes movilizaciones, hoy lucen callados o cercados por cuerpos de seguridad.
Disidencia tras las rejas
Organizaciones de la sociedad civil denuncian que entre julio de 2024 y julio de 2025 se intensificaron las restricciones que impiden a los ciudadanos participar activamente en el espacio cívico.
Esto incluye limitaciones al derecho a manifestarse, al acceso a la información y a la libertad de asociación. Durante 2024, la organizacion no gubernamental (ONG) Espacio Público registró un aumento de 254 % en detenciones por “expresar opiniones”. De 28 casos en 2023 se pasó a 99 en 2024.
Luis es uno de esos casos. La suya es una historia que se suma a las 99 detenciones por opinión registradas por Espacio Público solo este año, 71 de las cuales afectaron a ciudadanos comunes como él.
Ese aumento refleja un esfuerzo sostenido del Estado por controlar el discurso público y reducir el espacio de participación ciudadana, alertó la ONG en su último informe.
Asimismo, la organización detalló que 24 de estas detenciones afectaron a periodistas o trabajadores de la prensa. A muchos de ellos los señalaron por expresar sus opiniones en redes sociales.
Para activistas de derechos humanos, periodistas, dirigentes sociales y ciudadanos como Luis, ejercer el derecho a la disidencia se ha vuelto un acto de alto riesgo.
Testimonios recogidos y casos documentados por Crónica Uno confirman que esta situación no es aislada, sino parte de una política sistemática de silenciamiento de voces críticas y control social, tanto en el espacio público como en el digital.
Un clamor contenido
Rosa* vive desde hace 32 años en un popular barrio del oeste de Caracas. A diferencia de muchos de sus vecinos, no simpatiza con el gobierno de Nicolás Maduro. Contó que su posición política le trajo consecuencias luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, cuando alentó a conocidos a protestar contra los resultados.
“Primero hicimos un cacerolazo y luego salimos a trancar la calle. Días después fui amenazada por gente del consejo comunal que llegó a mi casa a tocarme la puerta. Me dijeron que si seguía armando guarimbas me iban a entregar, que me atuviera a las consecuencias. Otros habitantes también fueron silenciados y algunos decidieron irse por miedo”,
relata.
Luis lamenta que el espacio físico para manifestar y denunciar se haya perdido. En muchas comunidades prevalece el miedo: la gente evita hacer comentarios críticos en voz alta. Pero asegura que eso no significa que haya desaparecido el interés por volver a las calles.
“Es muy cierto que hay un terror psicológico, un terror infundado dentro de la población venezolana. Eso tiene a la gente muy temerosa, pero están dispuestos a activarse cuando sea necesario”, señaló.
A juicio de Luis, la participación masiva en la jornada electoral del 28 de julio es una prueba de que aún hay voluntad de cambio. No obstante, reconoce que la ola de encarcelamientos y persecución contra políticos, periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil impone obstáculos cada vez mayores al ejercicio de la protesta.
“Todavía las comunidades quieren mostrar su rechazo y tienen ganas de salir de esta situación de temor. Pero ahora hay más conciencia porque no se pueden correr riesgos”.
De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta el 21 de julio de 2025 había en el país un total de 853 presos políticos, de los cuales 759 son hombres y 94 mujeres, incluyendo cuatro adolescentes. Aunque en las últimas semanas se han producido 57 excarcelaciones, la cifra sigue reflejando una persistente política de represión.
Casos destacados en el último año
El cierre progresivo del espacio cívico en Venezuela se refleja también en rostros concretos: líderes sociales, activistas, periodistas y hasta organizaciones enteras han sido blanco de procesos penales, detenciones arbitrarias y restricciones a sus derechos. Algunos de los casos más emblemáticos documentados en los últimos 12 meses son los siguientes:
Rocío San Miguel
Abogada y activista, especializada en temas de seguridad y presidenta de la ONG Control Ciudadano. Fue vista por última vez el 9 de febrero de 2024. Durante horas se desconoció su paradero, lo que llevó a calificar el caso como “desaparición forzada”.
Más tarde fue imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, y vinculada por el fiscal Tarek William Saab a la presunta “Operación Brazalete Blanco”.
Su familia también fue objeto de detenciones, aunque posteriormente liberados bajo medidas cautelares. Permanece detenida en la sede del Sebin, en El Helicoide.
Carlos Julio Rojas
Periodista comunitario y activista social, conocido por denunciar la crisis económica, la falta de servicios y la represión estatal. Fue arrestado el 15 de abril de 2024 y acusado por la Fiscalía de estar involucrado en un presunto plan para atentar contra Nicolás Maduro.
Los cargos incluyen «conspiración», «financiamiento al terrorismo» e «instigación al odio. En reiteradas ocasiones sus familiares y abogados han denunciado la falta de garantías procesales, el deterioro de su salud y la negación del acceso a la atención médica. En la actualidad permanece recluido en El Helicoide a la espera de juicio.
Jesús Armas
Dirigente social, exconcejal y docente universitario. Se reportó su desaparición forzada el 14 de diciembre de 2024. En los meses previos a su detención Armas tuvo un rol activo en el apoyo y organización de familiares de personas detenidas en el marco de las protestas poselectorales del 28 de julio.
También ha destacado como uno de los voceros más visibles en denuncias sobre la situación de servicios públicos en Caracas. Armas hizo activismo especialmente en sectores populares del oeste de la ciudad.
Sus familiares y representantes legales han denunciado que permanece en condiciones de aislamiento tiene acceso limitado a sus defensores. Continúa preso en el Helicoide
Mi Convive
El hostigamiento, además de incidir sobre el espacio cívico, también limita la operatividad y la capacidad de las ONG para llevar a cabo sus labores.
Un ejemplo de esta realidad es el de la ONG Mi Convive y su programa Alimenta La Solidaridad.
Desde 2020 su director, Roberto Patiño, ha sido objeto de criminalización y hostigamiento, las propiedades de la organización han sido allanadas y las cuentas bancarias congeladas.
“El hostigamiento en nuestra contra y de aquellas instituciones aliadas busca criminalizar las actividades de ayuda y asistencia a las comunidades”, alertó en su momento la ONG responsable de 239 comedores populares en 14 de los 24 estados del país.
Susurros de ciudadanía
Ante este entorno desafiante, marcado por el continuo cierre del espacio cívico, la instrumentalización de la ley y la imposibilidad de grandes concentraciones, Luis enfatizó que las estrategias deben orientarse a la capacitación y el fortalecimiento del tejido social dentro de las comunidades.
“Perdimos el espacio público dentro del país pero tenemos que seguir orientando y capacitando a la población que lo necesita y quiere organizarse. La esperanza sigue viva y mientras veamos que la sociedad tiene la capacidad para articularse puede hacer presión para que Venezuela tenga el cambio que necesita”.
Hoy, Caracas conmemora otro aniversario sin discursos en las esquinas, con sus voces emblemáticas silenciadas, encerradas o perseguidas y solo con la música que Gobierno quiere que se escuche en las plazas.
Aquel ejemplo que una vez dio, resiste ahora en susurros, escondido en cocinas, pasillos y mensajes cifrados. Muchos de quienes antes ejercían su derecho a manifestar actualmente lo hacen desde la cautela o el anonimato.
El histórico “ejemplo” que dio en otrora enfrenta hoy una etapa en la que ese legado se expresa de otras formas: en la organización comunitaria discreta, en la defensa de derechos desde los márgenes y en la persistencia de quienes se resisten a la apatía.
El espacio público se ha reducido, pero no se ha extinguido la voluntad de ejercer ciudadanía. Incluso en quienes partieron: hoy buscan otros caminos. Y en ese regreso —físico o en la resistencia a distancia— Caracas vuelve a ser el centro.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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