El transporte en Caracas consume hasta un tercio del salario de trabajadores como Elena, mientras los pasajes superan las tarifas oficiales. Yelmira Jiménez, presidenta de La Voluntad de Gandhi, afirmó que el reciente ajuste de las tarifas fue insuficiente frente a la inflación.
Caracas. Elena Mijares vive en Guarenas y su rutina comienza a las 4:30 a. m. , una dinámica común en ciudades dormitorio, con un sueldo de 250 dólares mensuales y un gasto fijo de hasta tres dólares diarios en transporte, casi un tercio de sus ingresos se diluye solo en pasajes, para lograr una cola con un vecino hasta Caracas.
Recepcionista en un laboratorio clínico ubicado en La Candelaria, Elena percibe un sueldo que supera el promedio del sector público, por ejemplo, Pero se desvanece en las cuotas de pasaje diario.
Para cumplir con sus 24 días de jornada laboral al mes, debe destinar 72 dólares solo en traslados. Esto significa que la joven aparta 28,8 % de su salario total únicamente para garantizar su asistencia al trabajo, un porcentaje que, en economías estables, suele ser significativamente menor.
Esta situación se da en un contexto donde la distorsión tarifaria hace que los precios reales del transporte se fijen al margen de lo establecido oficialmente, una brecha que afecta directamente a trabajadores como Elena, cuyo salario se desvanece ante la falta de regulación efectiva.
”A la semana son 15 dólares solo en pasaje. Mi sueldo es mejor que el de otros, pero el porcentaje que se me va en la calle es altísimo. Trabajo prácticamente una semana entera del mes solo para pagar mi traslado”, relató a Crónica Uno.
La brecha entre la Gaceta y la calle
La situación de Elena refleja la de muchos venezolanos que han visto cómo el último ajuste tarifario, fijado de manera oficial el 18 de marzo pasado, hace apenas dos semanas, quedó rezagado apenas días después de su publicación, lo que evidencia una brecha estructural entre la regulación estatal y las dinámicas reales del mercado.
Aunque la normativa legal fijó el pasaje hacia Guarenas en 180 bolívares, la realidad en los terminales es distinta: los conductores mantienen la tarifa de $1 para cubrir sus costos operativos. Este fenómeno normalizado por la disparidad de la economía nacional genera un sistema de precios híbrido, con referencias simultáneas en moneda local y divisas extranjeras.
De igual forma, en la Gran Caracas el pasaje urbano quedó establecido en 100 bolívares según la Gaceta, pero muchos transportistas ya presionan para llevarlo a 130 bolívares debido a la inflación.
Yelmira Jiménez, presidenta de la asociación de conductores La Voluntad de Gandhi en Caricuao, explicó que este ajuste resultó insuficiente desde su decreto debido al índice inflacionario del país.
Estos aumentos constantes de pasajes golpean de forma constante el bolsillo de quienes dependen del salario mínimo en Venezuela, que se mantiene estancado en 130 bolívares mensuales.
Para un trabajador que perciba esta cifra y deba tomar dos camionetas diarias para ir y volver de su destino, con un gasto de unos 200 bolívares al día, se requerirían aproximadamente 37 salarios mínimos mensuales, calculados al cambio oficial, solo para cubrir los pasajes de un mes.
Esta relación que ilustra la desconexión entre ingresos formales y costos reales de movilidad, es decir, lo que se gana frente a lo que cuesta trasladarse.
Un aumento insuficiente
Jiménez detalló que, a 18 días de la aprobación de la nueva tarifa, la diferencia cambiaria desfasó el incremento, pues ese día el dólar se cotizaba en 443,25 bolívares, mientras que hasta esta publicación rondaba los 473,87 bolívares, lo que implica una variación cercana a 7 % en menos de tres semanas, afectando directamente la estructura de costos del sector transporte.
”Seguimos con la misma problemática. Nuestra solicitud como gremio es que el pasaje, al igual que el resto de los servicios en el país, se ancle al dólar y se revise periódicamente”, afirma.
Ante la imposibilidad de los ciudadanos de costear una tarifa real, los transportistas han unificado criterios en una propuesta que busca no “dañar” más el bolsillo del usuario.
Marcelo Morett, representante del sector transporte, insistió en que las autoridades deben considerar la implementación de un subsidio directo para lograr estabilidad. Se trata de una ayuda económica otorgada por el Estado para cubrir parte del costo del servicio.
“La propuesta consiste en que se le dé un bono de transporte a los trabajadores para que tengan capacidad de pago de la tarifa y uno al usuario, que sería como un vale que funciona en muchos países”, precisó.
Según el vocero, este subsidio debería oscilar entre 30 y 40 dólares mensuales, lo que permitiría a los ciudadanos cubrir entre dos y tres viajes diarios de lunes a viernes. La propuesta está en línea con esquemas de subsidio focalizado, dirigidos a sectores específicos de la población.
Opciones limitadas
Carlos Altuve, empleado del sector público en Los Chaguaramos, viaja a diario desde Valles del Tuy, estado Miranda. Gana un sueldo mínimo de 130 bolívares, una cifra que no cubre ni tres días de pasaje interurbano, lo que refuerza la pérdida sostenida del salario real.
”Si logro llegar a la oficina es gracias a que mi papá me ayuda a completar el pasaje. Sin ese apoyo, simplemente no podría venir. Para mí, sería mejor trabajar desde casa porque todo lo que gano se me iría en una semana de camionetas”,
confesó.
Altuve alterna el uso de las unidades de transporte con el Ferrocarril de Valles del Tuy, pero las malas condiciones y e incidentes como el reciente choque ferroviario en la estación La Rinconada lo obligan, muchas veces, a preferir el transporte superficial, aunque sea más costoso.
Para él, la solución es que, si aumentan el pasaje, debe haber un aumento real de salario, un ajuste que supere la inflación y mejore efectivamente la capacidad de compra.
¿Modelo insostenible?
Jiménez confirmó que el gremio ya sostuvo un primer encuentro con Jacqueline Faría, quien asumió la cartera del Ministerio de Transporte el 18 de marzo pasado. No obstante, el sector ha solicitado una nueva reunión en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), organismo encargado de regular y supervisar el transporte en el país, que incluya a todas las autoridades.
“Están pidiendo una cantidad de requisitos que son imposibles de cumplir, especialmente por la situación en el Saren, donde registrar un acta puede tardar hasta dos años”.
A medida que el Ejecutivo nacional evalúa las propuestas, la distorsión entre tarifas oficiales y reales persiste como un síntoma de la fragilidad económica, que obliga a trabajadores como Elena a reorganizar su presupuesto en función del transporte.
A las 4:30 a. m., cuando inicia su rutina, no solo comienza un trayecto hacia Caracas, sino también el cálculo diario de cuánto de su salario podrá conservar al final del mes, en un país donde movilizarse se ha convertido en un costo difícil de sostener.
Lea también:
Conductores denuncian que cierre del terminal Nuevo Circo afectará a 40.000 personas