Dirigentes comunitarios de Caracas denunciaron que estos grupos secuestran camiones de alimentos, cobran “vacuna” a los comerciantes, negocian con los bachaqueros y “organizan” las colas.
Caracas. Es la mañana del viernes 20 de mayo en la calle Colombia de Catia. Un grupo de motorizados con armas detiene un camión de harina. El grupo, estilo comando, monitoreó al camión y, comunicándose por radios, logró interceptarlo. Fue un operativo preciso: en pocos minutos la harina pasó del vehículo a carros y camionetas pertenecientes a colectivos de la zona. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegó al lugar y no hizo nada para detener la acción.
La escena se ha hecho común en los barrios de Caracas en donde, de acuerdo con cifras de la encuestadora Datanálisis, la escasez de productos regulados alcanza 82,8 %.
[irp posts=”25028″ name=”La falta de comida recrudece violencia contra supermercados, abastos y camiones”]El desabastecimiento de alimentos ha generado una especie de “ley de la selva” en las calles de la capital, y el más fuerte se queda con la comida. En esta lucha diaria quien tenga un arma tiene una buena ventaja. Ángel Cacique, dirigente comunitario de la Alianza del Lápiz en la parroquia Sucre, aseguró que los colectivos se han metido de lleno en el negocio de la comida y, en no pocas ocasiones, acaparan los alimentos que iban a supermercados y comercios. “En algunas zonas de Catia los bachaqueros están relacionados directamente con ellos”, aseveró.
Algo similar sucedió esta semana en Carapita. Un vecino, que pidió el resguardo de su identidad, indicó que en medio de la revuelta por la escasez de comida en la zona, integrantes de un colectivo lograron llevarse un camión que distribuía alimentos, mientras que el martes otro grupo armado intentó secuestrar un vehículo en el Centro Comercial Los Molinos en Artigas, pero la acción fue repelida por la policía.
Cobro de vacuna
Pero esta no es la única manera en que estos grupos intervienen en el proceso de comercialización de los alimentos. Julio Díaz, dirigente de Primero Justicia (PJ) en la parroquia 23 de Enero, apuntó que también cobran “vacuna” por “protección” a muchos negocios de esa zona y de Catia:
“Ellos llegan y dicen qué se puede vender y a qué precio. El que tiene un kiosco para vender caramelos o comida, tiene que tener permiso de los colectivos”.
Díaz agregó que los colectivos también se encargan de “ordenar” a las personas en las colas y de verificar que la gente que está en ellas sea del sector: “Los que se encargan de la vigilancia son los colectivos y a veces te dicen que no te dan nada porque eres escuálido o porque eres de otro sector, aunque seas de la misma parroquia”.
Cacique denuncia que funcionarios de Policaracas trabajan de manera coordinada con estos grupos mientras la PNB se hace la vista gorda: “En un momento, las colas las ordenaban los colectivos, hasta que empezaron a meter bachaqueros y se llevaban productos, eso generó conflicto y apareció la Guardia Nacional con elementos de control en los Día Día, en el Central Madeirense, en los Unicasa, en el Farmatodo, por la molestia de la gente”.
A través del decreto 2.323 de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el Gobierno asignó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) la tarea de distribuir los alimentos en las comunidades, como una medida para que estos no sean revendidos por los bachaqueros. Al frente de los Clap, organizaciones derivadas del aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las parroquias, se designó al exalcalde y exdiputado Freddy Bernal. “Se militariza la distribución de los alimentos, la gente teme que ahora lleguen menos productos, ya se verá si la cosa empieza a cambiar”, señaló Cacique.
Foto: runrun.es
Participa en la conversación