El 20 de mayo se cumplieron dos años desde que 18 comerciantes informales, establecidos por más de cuatro décadas en el Hospital Central de Maracay, fueron desalojados sin que a la fecha hayan podido ingresar a sus locales y sacar sus pertenencias. Dos años y dos meses después, denuncian que el banco de transformadores que adquirieron para surtir de electricidad a sus locales les ha sido arrebatado.
Maracay. “Él no sabe cuántas empanadas tuve que hacer para levantar mi local. Ni sabe los años que tengo trabajando allí, con permiso de la dirección del hospital y de Corposalud”.
Es el señalamiento que le hace Carmen Mejías al gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, a quien le hace un llamado para que le devuelva su local y sus bienes, al igual que al resto de los otros 17 comerciantes informales que el 20 de mayo de 2019 fueron desalojados de un área externa dentro del Hospital Central de Maracay, en donde se establecieron hace más de 40 años.
El desalojo se produjo luego de que una comisión del Cuerpo de Bomberos de Aragua levantara un breve informe en el que ordenó el cierre preventivo de los locales.
Pero los intentos por lograr una reunión con el propio Marcos Torres, aseguran los comerciantes, han sido infructuosos, al igual que la posibilidad de que los propietarios puedan ingresar a los locales y sacar sus pertenencias.
A nosotros nadie nos dio nada y ¿cómo es que ahora tenemos que pedir permiso para sacar nuestras pertenencias de los locales? ¿Cómo es posible que se hayan llevado el cableado eléctrico y los transformadores que compramos nosotros y que no haya nadie que responda?″, dice llorosa Carmen Mejías.
Sus inquietudes se suman a las del presidente de la asociación de vendedores de comida rápida del HCM, Marcos Suarez.
″Hasta el momento, lo único que sabemos es que hay la intención de demoler los locales sin que haya una indemnización″, explica el representante de los 18 comerciantes afectados.
Suárez denunció, además, que temen perder un banco de transformadores que los propietarios adquirieron para surtir de energía eléctrica los locales.
Sistema en peligro
Cuando el entonces alcalde de Maracay, Humberto Prieto, y el presidente de Corposalud de la época, Humberto Trejo, autorizaron la construcción de los locales en el año 2007, el proyecto diseñado y aprobado por ambas instituciones, incluía las conexiones eléctricas independientes del HCM.
Y así lo ejecutaron los comerciantes. De hecho, Suárez guarda con celo las comunicaciones emitidas por la dirección de ingeniería municipal de Girardot, en las que se les da permiso para construir locales con un área de 38,90 metros cuadrados, aproximadamente.
Y también conserva las misivas enviadas en 2015 por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en las que se da el visto bueno luego de la respectiva inspección técnica, de la instalación de tres transformadores monofásicos 15KVA 13,8, seriales 254920053, 254920034 y 254920052, adquiridos por un monto de Bs. 120.000 para el 26 de mayo de 2014.
“Se los quieren apropiar para instalar el nuevo alumbrado del hospital”, denuncia tajante Suárez, quien le solicita al Fiscal general designado por la Asamblea nacional Constituyente, Tarek William Saab y al mismísimo Nicolás Maduro, defiendan el derecho al trabajo de más de 400 personas que dependen del funcionamiento de los locales.
Creen que somos basura, pero somos personas de la tercera edad a quienes les han quitado el derecho al trabajo y la posibilidad de llevar el sustento a sus familias, porque nadie en este país puede vivir de una pensión″, dice Mejías.
El 20 de mayo de 2019, los 18 comerciantes afectados denunciaron a Crónica.Uno que más de 100 funcionarios policiales llegaron al lugar con tanquetas para proceder al cierre de los locales, basándose en un informe del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, sustentado en el artículo 120 de la Ley orgánica de Bomberos.
La norma legal prevé que los bomberos “deben ordenar la clausura preventiva y temporal de una instalación si se comprueba el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad en materia de prevención, protección de incendios y otras amenazas que puedan ocasionar un riesgo cierto para la vida e integridad física de las personas o riesgos del bien inspeccionado tanto público como privado. La medida de clausura preventiva y temporal se mantendrá hasta tanto sean habilitadas o rehabilitadas las condiciones de seguridad”.
En dos años y dos meses, los 18 comerciantes nunca fueron notificados del lapso previsto para el cumplimiento de los requisitos exigidos y, en consecuencia, a la fecha no se les ha permitido ponerse a derecho en el caso de que hayan cometido alguna infracción.
Participa en la conversación