Ismael León (exmilitante de VP) confirmó injerencia partidista en la dirección de la empresa de fertilizantes al afirmar que Guillermo Rodríguez Laprea fue designado por solicitud de AD. “Ahí todo el mundo (del G4) tiene un nombre, en Monómeros y en Citgo y en todas partes”, dijo León. José Luis Pirela (16-J) solicitó una investigación exhaustiva de las denuncias de presunta corrupción. El cronograma de interpelaciones a la gerencia inicia este viernes.
Caracas. Los integrantes de la Comisión de Contraloría de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021 acordaron solicitar a Juan Guaidó, en su calidad de presidente encargado, iniciar la reestructuración inmediata de la junta directiva de la empresa venezolana Monómeros, ante los presuntos hechos de corrupción constatados por SuperSociedades Colombia y denunciados por los trabajadores de la compañía.
En su sesión ordinaria virtual de este miércoles, la Comisión de Contraloría también acordó diseñar un cronograma de interpelaciones a la alta gerencia de la compañía radicada en Colombia, que arrancaría con la citación del gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, y el coordinador del proceso de rendición de cuentas de los entes del gobierno encargado, Yon Goicochea.
Los integrantes de la Comisión adoptaron la resolución luego de escuchar la denuncia del José Luis Pirela, diputado durante el período 2016-enero de 2021 de la Fracción 16 de Julio, quien ejerció un extenso derecho de palabra este miércoles, en respuesta al escándalo desatado en torno a las presuntas malas prácticas administrativas y gerenciales en Monómeros, pero también en respuesta a las tres solicitudes que dicha fracción ha presentado desde 2020 para que se revisara y discutiera sobre la gestión de la empresa.
Las denuncias de Pirela
En su exposición, Pirela denunció que tanto el exgerente general Gustavo Sol, como el actual gerente, designado en enero de este año, Guillermo Rodríguez Laprea, incurrieron en firmas de contratos lesivos para los intereses de Monómeros.
Pirela dijo que poco antes de su remoción, Sol contrató una empresa para servicios de mantenimiento (Norpack/Génesis) con supuesto sobreprecio (7500 millones de pesos colombianos), en sustitución de otra a la que se le vencía el contrato. Este hecho le habría valido a Monómeros una demanda de la empresa saliente –cuyo contrato era de 5000 millones de pesos colombianos– y el posterior desembolso de una indemnización por 6500 millones de pesos colombianos para evitar ir a juicio.
Mientras que Rodríguez Laprea, según denunciaron los propios trabajadores de Monómeros en su momento, firmó un convenio con la empresa panameña LionStreet en el que le cedía los procesos de compra de materia prima y distribución de productos acabados, así como el 60 % de las ganancias durante 15 años. Pirela pidió investigar a ambas gerencias por presuntos daños al patrimonio.
Además cuestionó que a tres años del levantamiento de las sanciones de la OFAC sobre Monómeros, en junio de 2019, la empresa productora de fertilizantes no hubiera logrado armar una estrategia de comercialización y finanzas lo suficientemente fuerte para ganarse de nuevo la confianza del sector bancario colombiano, de los proveedores y demás socios.
“En lugar de desarrollar un plan de saneamiento, cometen tropelías como los contratos con sobreprecios o el caso de LionStreet”, reclamó Pirela.
Lo de SuperSociedades no es juego
Por otra parte, Pirela enfatizó en la gravedad y seriedad de la medida de control dictada por SuperSociedades a comienzos de septiembre sobre Monómeros, y cuestionó que desde el gobierno encargado se pretenda restar importancia o señalar que es una “simple medida de acompañamiento”.
Relató que en la resolución de 20 páginas, SuperSociedades deja claro una lista de irregularidades de todo tipo que van desde los contratos con sobreprecio, el incumplimiento de los estatutos, la inexistencia de actas de las asambleas directivas, entre otros.
“Todo lo cual refleja una situación crítica de orden económico. Existe un riesgo de transgresión al patrimonio económico de Monómeros que podría ser imputable a los miembros de la junta directiva, representantes legales principales y suplentes y administradores gerentes de la compañía”, dice el informe de SuperSociedades citado por Pirela ante la Comisión de Contraloría.
En tal sentido, Pirela ratificó el contenido del comunicado publicado la víspera por la Fracción 16-J en la que piden la remoción de la actual directiva y gerencia de la empresa e iniciar un plan de saneamiento de sus operaciones, así como una investigación.
Injerencia partidista en Monómeros
Los integrantes de la Comisión Delegada y de la Contraloría presentes en toda la reunión fueron el presidente Macario González (VP), la vicepresidente Sandra Flores-Garzón (PJ), Ismael García (VP), Ismael León (militante de VP hasta el pasado agosto y ahora en Alianza Lápiz), Jairo Bao (UNT) y Guillermo Palacios (UNT); mientras Oneiber Peraza (Encuentro Ciudadano) y Carlos Lozano (Camina) se conectaron de forma intermitente. El diputado por Acción Democrática (ala de Ramos Allup) ante la Comisión, Robert Alcalá, no se conectó a la sesión.
La ausencia de AD vale la pena reseñarla porque, en el curso del debate, Ismael León afirmó que Guillermo Rodríguez Laprea había sido nombrado como gerente general a petición del partido blanco y que sin el consentimiento de ese partido, su remoción no sería posible.
“Esto (la remoción de la directiva) tiene que hacerlo la Asamblea Nacional y AD no va a votar esto porque AD está defendiendo a Rodríguez Laprea y ha puesto a varios directores de esos. Llamemos a Rodríguez Laprea, a Fernando Paredes, a los diputados que postularon, porque aquí hay personas que postularon con nombre y apellido. El que postuló al señor Gustavo Sol después buscó que lo quitaran. Exhortemos a la AN y al G4, que tiene que dar la cara, porque el G4 es el que ha postulado. Ahí todo el mundo tiene un nombre, en Monómeros y en Citgo y en todas partes, y luego salen con que no saben nada. El presidente Guaidó solo no puede porque sabe que eso tiene que ser la Asamblea y cuando se convoque la Asamblea sabe que eso no va a prosperar porque AD se va a oponer”, dijo Ismael León en una de sus intervenciones.
El señalamiento de León, además de evidenciar nuevamente las pugnas entre a lo interno del G4 por el caso Monómeros, sirvió para ratificar la denuncia de injerencia partidista en la dirección de la empresa, como han venido sosteniendo distintos actores, el primero de ellos, el exembajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, en noviembre del año pasado.
Reestructuración o destitución
Luego de intercambiar preguntas y respuestas con Pirela, los integrantes de la comisión se enfrascaron en un debate sobre si solicitar a Guaidó la destitución inmediata de toda la gerencia de Monómeros con un plazo determinado, o solicitarle la reestructuración de ese equipo, en los tiempos que él considere necesarios.
Finalmente acordaron enviarle a Juan Guaidó un exhorto para que, vistas las denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de Monómeros, proceda “cuanto antes” a iniciar un proceso de reestructuración de la directiva y la gerencia de la empresa.
En paralelo, Sandra Flores-Garzón (PJ) hizo mucho hincapié, y así se acordó de forma unánime, en que la investigación sobre Monómeros debe ir al fondo, y que no se detenga luego del proceso de reestructuración.
La reestructuración no implicaría la paralización de la investigación, ni la exclusión de otros funcionarios de la averiguación”, dijo la parlamentaria e instó a comenzar esta misma semana el proceso de comparecencias.
En tal sentido, se fijó para este viernes a las 8:30 a. m. una citación para el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, y el coordinador del proceso de rendición de cuentas del gobierno encargado, Yon Goicochea. Los integrantes de la Comisión dijeron que luego de esa interpelación diseñarán el resto del cronograma que incluiría a los cinco gerentes que integran la directiva de Monómeros, a la presidenta de la Junta Directiva de Pequiven Diana Bracho, al exgerente general de Monómeros Gustavo Sol y de ser necesario una vez más a la presidenta renunciante de la empresa, Carmen Elisa Hernández.
Procuraduría Especial desmiente pago a ConoccoPhillips
En otro orden de ideas, la Procuraduría Especial del gobierno encargado emitió un comunicado este miércoles a mediodía en el que responde a la denuncia pública hecha por el economista Francisco Rodríguez, sobre el supuesto pago de una indemnización de parte del gobierno encargado a la empresa petrolera ConoccoPhillips.
“El Gobierno Interino de Venezuela no ha celebrado ningún acuerdo de pago con la empresa ConocoPhillips. No existe tampoco acuerdo alguno de venta, proceso de venta, ni cesión de acciones de Pdvsa, PDV Holding y/o Citgo Petroleum Corp. en marcha con la empresa ConocoPhillips u otros acreedores de la República de Venezuela, con respecto a las causas que estos mantienen en Cortes de EEUU con motivo de obligaciones o pretensiones indemnizatorias derivadas de actuaciones ilícitas o irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, dice el comunicado.
Recalca la Procuraduría que desde 2019 hasta el presente, el gobierno encargado “ha logrado la protección de Citgo, adicionalmente con medidas emanadas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ante las amenazas y situación de riesgo permanente generadas por las acciones irresponsables de los regímenes de Chávez y Maduro”.
Aclaró la instancia dirigida por el profesor Enrique Sánchez Falcón que la información publicada por la corte de Delaware a la que hace referencia Rodríguez corresponde con un informe especial preparado por un agente designado por la misma corte, denominado Special Master, “en el que ha dejado constancia de los montos (pagados y adeudados) informados por los acreedores, y en el que, erradamente señala que las partes de Venezuela (que son, la República, PDVSA, PDV Holding y CITGO Petroleum Corp.) han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips”.
Afirma la Procuraduría Especial que además de ser un error, tal informe “no implica de ningún modo, ni puede hacer presumir o concluir, que el Gobierno interino ha celebrado algún acuerdo de pago con dicha empresa. Tampoco significa, y es falso que, los montos que haya pagado previamente la República o PDVSA a los acreedores, hayan sido efectuados por el Gobierno interino, pues los montos incluidos en las relaciones presentadas por dichos acreedores y expresadas en el documento en cuestión, fueron realizados previamente por el régimen de Maduro, o a través de depósitos (escrow) ya realizados por el régimen antes de febrero de 2019”.
Recuerda finalmente que como consecuencia de la existencia de sanciones de la OFAC sobre los activos venezolanos, cualquier decisión judicial que implique pagos requiere “inequívocamente del previo otorgamiento de una licencia o autorización por parte de la OFAC”.
Participa en la conversación