El chavismo impulsa una reforma a la Ley de Hidrocarburos de 2001, que abre el petróleo a mayor participación del capital privado y flexibiliza regalías. El cambio retoma rasgos del modelo de los años 1990 criticado por Hugo Chávez. Además, rompe 20 años de discurso soberano y “antiimperialista”, base de la política petrolera chavista.
Caracas. A casi 20 años de la última reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en 2006 bajo el mandato de Hugo Chávez, el chavismo inició el procedimiento parlamentario, en la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, para aprobar una nueva reforma que coloca al sector petrolero venezolano en un esquema de apertura controlada al capital privado.
Este viraje legislativo, abiertamente impulsado por la recién juramentada presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no solo responde a la urgente necesidad de reactivar la producción petrolera, sino que fractura de manera explícita el relato “antiimperialista” y antiprivatización que fue núcleo discursivo del chavismo.
Los alcances y mecanismos de esta modificación de la ley vigente están contenidos en un documento elaborado por el Parlamento y difundido por la primera vicepresidencia de la AN entre legisladores y medios de comunicación, al que tuvo acceso Crónica Uno casi una hora antes del inicio de la sesión ordinaria del jueves, 22 de enero.
De aprobarse en segunda discusión y tras la sanción de Rodríguez, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permitiría que las actividades primarias de exploración y explotación sean realizadas por el Estado, ya sea a través de empresas mixtas con control estatal mayoritario o mediante contratos con empresas privadas.
Para esto se plantea la introducción de contratos de desarrollo en los que las firmas privadas asumen costos y riesgos sin transferencia de propiedad del recurso. Además, se flexibilizan las regalías hasta 20 % o 15 % en casos de baja rentabilidad y se autoriza la comercialización directa de crudo bajo supervisión estatal.
Este cambio representa una reducción significativa, que contrasta con la anterior legislación que obligaba a la entrega de regalías de 33 %.
Chevron
Este nuevo marco legal, que ya fue aprobado en primera discusión este 22 de enero, busca implementarse luego de meses en los que el sector petrolero venezolano ha operado bajo el denominado “modelo Chevron”.
Dicho esquema hace referencia a una inserción diferenciada de la petrolera estadounidense en la industria nacional, bajo condiciones excepcionales respecto al marco legal tradicional, sustentada en licencias especiales emitidas por Estados Unidos (EE. UU.) a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Estas autorizaciones, como la Licencia General 41, permitieron a Chevron asumir funciones operativas y de gestión en actividades de producción, comercialización y exportación que excedían lo previsto en la legislación venezolana. De este modo, se consolidó un esquema que superaba el rol de mera participación minoritaria en empresas mixtas con Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa)
Este enfoque pragmático, un sello que intenta posicionar la presidenta encargada, se propone atraer capital y tecnología en un contexto global donde la infraestructura petrolera venezolana ha sufrido décadas de deterioro.
Sin embargo, lo significativo —y políticamente simbólico— es que el nuevo marco legal reproduce varios aspectos de la llamada “apertura petrolera” de los años 1990, un modelo que Chávez criticó de manera vehemente durante su ascenso y gobierno.
Principales cambios la reforma de 2026
El borrador de la reforma de 2026 introduce cambios estructurales que contrastan con el modelo implementado por Chávez en 2006:
- Participación privada en actividades primarias: mientras la reforma de 2006 exigía que Pdvsa tuviera al menos 60 % en empresas mixtas y limitaba la entrada de privados, la ley de 2026 permite contratos con empresas venezolanas y mixtas bajo control estatal mayoritario. De esta manera se reintroduce la participación privada como opción permanente.
- Flexibilización fiscal: en 2006, las regalías eran fijas y elevadas (33 % en promedio), con cargas tributarias estrictas. La reforma de 2026 autoriza reducción de regalías hasta 20 % o 15 % en casos de baja rentabilidad. Incluso, hasta con posibilidad de ajustes temporales, según la viabilidad económica del proyecto.
- Comercialización directa de crudo: antes, Pdvsa monopolizaba la venta y exportación del petróleo. Ahora, las empresas mixtas y privadas pueden comercializar directamente, siempre bajo supervisión y condiciones de precio establecidas por el Estado.
- Contratos de desarrollo y riesgo compartido: la ley de 2006 prohibía que las empresas privadas asumieran riesgos en la operación. En 2026, se introducen contratos donde la empresa privada asume costos, riesgos y gestión, mientras el Estado mantiene la propiedad del recurso.
- Resolución de controversias: mientras la reforma de 2006 limitaba los arbitrajes a tribunales venezolanos, la ley de 2026 admite mecanismos alternativos. Esto incluye arbitrajes independientes, potencialmente internacionales.
- Transición energética y protección ambiental: la reforma introduce explícitamente principios de transición energética y cuidado ambiental, ausentes en 2006, adaptando Venezuela a tendencias globales.
En síntesis, la reforma de 2026 derriba las rigideces ideológicas del chavismo, flexibiliza el control operativo del Estado y abre espacios al capital privado. Con todos estos elementos, reproduce varios elementos de la “apertura petrolera”, que Chávez criticó duramente como “subordinación” a “intereses extranjeros”.
¿Tutelaje o apalancamiento?
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, tras la incursión en Caracas de un comando élite de fuerzas estadounidenses, las declaraciones de funcionarios de EE. UU. han girado en torno a un control temporal —y potencialmente indefinido— del sector petrolero venezolano, con énfasis en la urgencia de establecer un nuevo marco legal y jurídico.
El objetivo declarado es estabilizar la economía venezolana, atraer inversiones estadounidenses, eliminar influencias extranjeras —como China, Rusia e Irán— y usar los ingresos petroleros para objetivos de seguridad nacional de EE. UU., como reducción de la inmigración ilegal, combate a narcóticos y control de precios globales del crudo.
El marco legal actual se basa en sanciones previas, impuestas desde 2017 y endurecidas en 2025, pero con la detención de Maduro, quien enfrenta un largo juicio en Nueva York por narcoterrorismo, la administración de Donald Trump promovió cambios urgentes para relajarlas selectivamente, proteger fondos de reclamos judiciales y facilitar operaciones.
Esto incluye la Orden Ejecutiva 14373, del 9 de enero pasado, que declara emergencia nacional para blindar ingresos petroleros en cuentas del Tesoro estadounidense. Con este mecanismo legal se evitarían demandas por deudas y arbitrajes pendientes —estimadas en alrededor de $170.000.000.000—, mientras se prioriza ventas a refinerías de EE. UU. y depósitos en cuentas controladas por Washington.
El presidente estadounidense junto con funcionarios de su administración como Chris Wright, JD Vance y Marco Rubio, han destacado la necesidad de un “nuevo régimen regulatorio” para reconstruir la infraestructura petrolera deteriorada, cuya producción actual ronda los 800.000 barriles diarios, con una meta fijada en los 3.000.000 de barriles diarios.
Este enfoque pretende garantizar las inversiones estadounidenses y mantener un control efectivo sobre las ventas y los fondos. La estrategia se ha presentado públicamente como una «asociación» beneficiosa, aunque con EE. UU. dictando los términos fundamentales de dicha colaboración.
Ruptura con el legado político de Chávez
Expertos consultados por Crónica Uno, bajo condición de anonimato, coincidieron en que estas medidas crean un apalancamiento sin precedentes sobre Venezuela, que podría considerarse “neo-imperialista” por críticos, con EE. UU. actuando como “tesorería” del país mientras se estabiliza la economía y se atrae capital.
La historia de la industria petrolera venezolana muestra altibajos entre modelos más abiertos y otros más estatistas. En la década de 1990, bajo la “apertura petrolera”, Pdvsa firmó contratos con empresas extranjeras para desarrollar campos y expandir la producción, una política que Chávez calificó públicamente de nefasta.
“En Venezuela enmascararon la privatización con una llamada ‘apertura petrolera’ nefasta para el interés nacional, que hoy en día está muerta y la estamos enterrando”,
afirmó Chávez
Con la frase, pronunciada el 21 de marzo de 2006, durante el acto de activación de la Termoeléctrica “Pedro Camejo” en Valencia, estado Carabobo, Chávez celebró la nacionalización petrolera y el fin de esa etapa, en referencia al “giro neoliberal” de Pdvsa que él consideraba subordinado a intereses foráneos.
¿De vuelta al “capitalismo salvaje”?
Desde el discurso oficial chavista, estos contratos fueron descritos como una forma de sometimiento al capital transnacional y al “neoliberalismo salvaje”.
“Nos habían impuesto un proyecto exógeno, subordinado a los poderes trasnacionales. Ahora esto es un proyecto que se fundamenta en el poder nacional”, señaló Chávez en otro discurso contra la privatización y la influencia extranjera en el sector.
Con la reforma de 2026, ese enfoque se revierte en la práctica. Los analistas señalaron que la propuesta de nuevo marco legal reintroduce incentivos fiscales, mecanismos contractuales y la posibilidad de participación privada en áreas clave de operación y comercialización.
Así se replicarían algunos de los elementos que Chávez combatió: contratos privados, incentivos fiscales y articulación de la inversión privada en la operación petrolera.
Este cambio de rumbo no solo es técnico sino profundamente político. Derriba el relato de soberanía absoluta que sustentó al chavismo por más de dos décadas. Asimismo, coloca a Venezuela en un esquema más cercano, en diseño y motivación, al de aquellos años 1990 que Chávez definió como “entreguistas” y alineados con los “intereses imperiales”.
Oportunidades, riesgos y el significado geopolítico
Aunque la reforma mantiene elementos de control estatal —como la propiedad del subsuelo y la supervisión parlamentaria de precios y contratos—, su estructura contractual favorece la entrada de capital y gestión privada bajo condiciones reguladas. Esto puede traducirse en mayor inversión, tecnología y aumento de producción si se implementa con certidumbre jurídica.
No obstante, la experiencia práctica reciente —reflejada en esquemas como el “modelo Chevron” —muestra que, incluso bajo sanciones internacionales, marcos contractuales excepcionales puedenpermitir participación privada significativa.
Por ejemplo, las licencias especiales de la OFAC. Entre estas destaca la Licencia General 41 emitida inicialmente en 2022 y renovada periódicamente, que autorizó a Chevron a operar en Venezuela, extraer crudo y venderlo en EE. UU. bajo condiciones específicas. Aunque con restricciones sobre pagos a Pdvsa y otros límites operativos, lo que ha generado debates sobre transparencia y la naturaleza real de esas autorizaciones.
Con todo, esta apertura controlada también expone a Venezuela a dinámicas de mercado más competitivas y a un entorno donde la propiedad estatal ya no es el único factor determinante de la operación. Inversionistas internacionales requerirán garantías jurídicas claras y mecanismos de arbitraje independientes para comprometer capital significativo, cuestión que el nuevo texto legal contempla de manera más explícita que en 2006.
El giro de 2026 no solo tiene implicaciones económicas: representa una reconfiguración del discurso político petrolero en Venezuela, que durante años usó el petróleo como símbolo de resistencia ante el “imperialismo” y la “privatización”.
Hoy, esa retórica ha sido reemplazada por un pragmatismo que apuesta por activar el motor petrolero del país. Para esto debe adaptarse a realidades globales en las que la inversión externa y la eficiencia operativa son indispensables para competir.
En definitiva, la reforma de 2026 marca un punto de inflexión histórico en la política energética venezolana. Es una fase de apertura pragmática que, aprobada como ley, borrará de facto el modelo estatal absoluto promovido por Chávez y asume elementos de liberalización que él mismo desmontó. De este modo se cierra un ciclo ideológico que dominó la política petrolera por más de dos décadas.
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