Un joven de 28 años fue detenido el 22 de julio en una protesta opositora. Luego de dormir tres días sobre un cartón en un calabozo de la PNB y ser presentado ilegalmente ante tribunales militares, le queda el resentimiento de que su lucha no valió la pena.
Caracas. “Si te quedas tranquilo no te vamos a golpear”, escuchó Ender González —nombre ficticio por seguridad— cuando ya estaba acorralado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en una protesta en Las Mercedes, el pasado sábado 22 de julio.
Ese día, el joven de 28 años acudió a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en apoyo a los nuevos magistrados designados por la oposición.
Se lo llevaron herido en la nariz y las manos hasta Chacaíto, pues le dieron dos perdigonazos. En la sede lo amarraron con las trenzas de sus zapatos. Y estuvo detenido tres días. Además, fue acusado de rebelión militar, traición a la patria y extracción de objetos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Desde su liberación —el 25 de julio—, le quedó el sabor amargo. Piensa que su lucha no valió la pena, luego de que las movilizaciones culminaron y no se lograrán los propósitos que exigía la MUD.
“Estoy decepcionado. Todo lo que hicimos los jóvenes, todo lo que arriesgamos y ahora todo se calmó. Si vuelven a llamar a otra concentración no sabría si iría”, relató.
Durante su detención le tocó dormir en trozos de cartón de las cajas Clap, dentro de un calabozo en la comandancia de la PNB, en Puente Hierro. También lo fotografiaron con bombas lacrimógenas, niples y morteros, presunta evidencia que él no llevaba en su bolso.
“Yo hasta ahora no sé qué es un niple. En mi bolso solo llevaba lentes de piscina, una máscara antigás y 10.000 bolívares en efectivo, que hasta ahora no he vuelto a ver. Toda la situación fue estresante, tuve mucho miedo. Y siento que ahora la oposición se puso a negociar”, lamentó.
En el camino para la comandancia, uno de los funcionarios lo golpeó con un casco en la cabeza, pero otro efectivo se lo prohibió, pues estaba bajo su responsabilidad. Al verse forzado a parar su acción solo respondió: “Es verdad. Él va para la comandancia, a este no le podemos pegar en la calle”.
Mientras estuvo tras las rejas le negaron el derecho de comunicarse con sus familiares, tal como lo dicta el artículo 44 de la Carta Magna, por lo cual le pidió el favor a otro detenido para que contactara a una amiga.
“La familia del señor ya se había enterado de la detención y lo fueron a visitar. Le di el número celular para que él se lo diera a su esposa y ella pudiera llamar a mi amiga, quien luego se comunicó con mis dos hermanas” (sic).
El 25 de julio el joven fue presentado ante tribunales militares, en Fuerte Tiuna, procedimiento que viola los artículos 49 de la Constitución, el cual indica que toda persona debe ser juzgada por un juez natural, y el 261, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. |
“En eso se basó la defensa, que todo era ilegal. De paso, dijeron que me atraparon con los morteros, las bombas y los niples. Le dije a la jueza que yo ni siquiera sabía qué era eso. También dijeron que me pidieron la cédula antes de detenerme y eso es falso. Las tarjetas, la cédula y el celular yo los dejaba con una amiga”, explicó.
Afortunadamente, al leer la sentencia, le dieron la libertad, pero bajo régimen de presentación cada ocho días, por ocho meses. Desde entonces ha ido a Fuerte Tiuna en dos ocasiones para firmar.
“Mi miedo era que adentro me agarra la elección a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e inventaran alguna ley que me dejara allí detenido. También hubo miedo, porque los funcionarios me decían que alguno de los dos —el señor o yo— se tenía que quedar preso porque esas eran las órdenes de arriba”.
Sin decirle nada a su madre
Aunque la madre de González, quien vive en Portuguesa, siempre le aconsejó no ir a las manifestaciones por miedo a que le ocurriera algo, tras tantas historias y muertes, él hacía lo contrario y se quedaba en la línea de fuego, entre bombas, perdigones y piedras. Por eso no le quiso decir nada a sus padres, hasta que lo liberaron.
“Las protestas tenían que seguir. Ahora no sé qué decir o qué pensar. Si vuelven a llamar a una manifestación, tengo que ver cómo está la situación en ese momento. Qué tan grave esté, para tomar la decisión de ir o no, porque ahorita lo que hay es hambre, estamos pasando hambre”.
Desde el pasado 1° de abril comenzó una ola de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en la que se registraron diversos casos de represión hasta el 30 de julio, una de las jornadas más violentas. De acuerdo con el Ministerio Público, bajo la gestión de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, se registraron 129 muertes en el contexto de las manifestaciones.
Foto referencial: Francisco Bruzco
Participa en la conversación