Los delitos mencionados en la orden de aprehensión librada la noche de este 2 de septiembre contra Edmundo González incluyen penas que alcanzan hasta 16 años de cárcel y que, sumadas, podrían derivar en una condena de 30 años, la máxima permitida en Venezuela, donde las personas mayores de 70 años solo pueden ser sometidas a arresto domiciliario
Caracas. Por los seis delitos apuntados en la orden de aprehensión solicitada contra Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial por la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), podrían sumar una condena de hasta 30 años de prisión, la máxima permitida en la jurisprudencia venezolana.
Aunque, si bien el candidato opositor sobrepasa los 70 años, edad hasta la que está permitida la imposición de penas de presidio en Venezuela, este podría ser sujeto de un arresto domiciliario por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir.
El artículo 75 del Código Penal establece que “al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de esta y de la prisión se aplicará la de arresto que no excederá de cuatro años”.
En entrevista ofrecida a la WRadio de Colombia por el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, este explicó que en el caso de su cliente están abiertas “todas las posibilidades” en contra, pues no hay parámetros de derecho.
Por su parte, el también jurista Joel García, explicó a Crónica.Uno que los delitos por los que imputan al excandidato están tipificados en distintas leyes vigentes e implican penas que tildó como “gravísimas”, pues algunas alcanzan condenas de hasta 16 años.
Sin garantías
A juicio de García, en el caso de González, como en el del resto de los líderes políticos detenidos en el último mes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, no está garantizado el debido proceso, por cuanto no se les permite una defensa privada, ni acceso a los expedientes o detalles de las investigaciones que cursan en su contra.
La orden de captura contra González Urrutia fue emitida, a menos de una hora de ser solicitada por el Ministerio Público, por el Juzgado primero de Primera Instancia en casos vinculados al terrorismo y firmada por el juez Edward Briceño.
Para García esta orden, que tuvo lugar luego de tres citaciones a declarar no atendidas por el diplomático de carrera, no siguió el procedimiento pertinente. Al respecto indicó que al excandidato opositor debieron citarlo en calidad de imputado y se le debió pedir comparecer a la Fiscalía con su abogado defensor para rendir declaración, a lo que tenía derecho a negarse, a tenor de lo que establece el artículo 49, numeral 5 de la Constitución.
Edmundo tiene dos opciones: una, ponerse a derecho ante el tribunal que lo está requiriendo, en este caso es el primero de control con competencia de terrorismo, ponerse a derecho allí, acompañado de su abogado defensor; o dos, no ponerse a derecho y mantenerse así, solicitado, perseguido, buscado”, señaló.
En este sentido, el abogado destacó que “cualquier persona, no vamos a poner el calificativo opositor, sino cualquier persona, tiene el derecho de designar su abogado de confianza, y si no lo tuviese, el Estado tendría la obligación de proveer uno”.
Aclaró que a los detenidos tras las elecciones cuyos resultados oficiales -ampliamente cuestionados y tildados de fraudulentos- dieron como ganador a Nicolás Maduro, no se les ha permitido que puedan designar su defensor. El abogado consideró que esto es “violatorio al derecho a la defensa y en consecuencia al debido proceso y a los derechos humanos”.
Reacciones
Aunque, hasta la fecha , el propio González Urrutia no ha reaccionado a la orden de detención en su contra, las respuestas que señalan como una persecución este hecho dentro y fuera de Venezuela no se hicieron esperar.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), expresó en redes sociales su “preocupación” por la orden de aprehensión que se emitió ayer y reiteró su llamado a la transparencia electoral de los comicios que la oposición asegura que ganó González Urrutia y cuyos resultados pormenorizados aún no han sido publicados por el Poder Electoral.
#Venezuela: #CIDH expresa preocupación por la solicitud de orden de aprehensión, emitida el 2 de septiembre, por el @MinpublicoVEN, en contra de Edmundo González, candidato presidencial de oposicion de las elecciones pasadas. Al mismo tiempo, reitera su llamado a la transparencia… pic.twitter.com/APDmqzyNMB
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 3, 2024
Además, varios países han expresado su solidaridad con el excandidato y los líderes opositores. Es el caso de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, naciones que emitieron un comunicado rechazando, “de manera inequívoca y absoluta” la orden de aprehensión.
En el escrito, aseguran que los delitos que le imputan a González Urrutia, “no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política”.
Comunicado conjunto sobre orden de arresto contra Edmundo González https://t.co/fIXzwsDLce #Venezuela pic.twitter.com/VYzb0P0hAj
— Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) September 3, 2024
“Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos”, fue el mensaje en X de la líder de la oposición, María Corina Machado.
Ante el cuestionamiento de que si estaba planteado que el excandidato huyera de Venezuela, su abogado José Vicente Haro respondió a un medio internacional. Dijo, “No está planteado ni planificado ese escenario, una decisión muy valiente. Su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder el apoyo que le han dado”.
Participa en la conversación