Docentes del estado Bolívar enfrentan presiones para participar en marchas oficialistas, denunció el Colegio de Profesores. Los sindicatos advierten que estas prácticas desvían la atención de las demandas salariales y condiciones laborales precarias.
Puerto Ordaz. El gremio de educadores en el estado Bolívar denunció lo que calificaron como “atropellos” y “chantaje” contra los docentes, para obligarlos a asistir a marchas convocadas por el oficialismo.
Aida González, secretaria del Colegio de Profesores en Bolívar, cuestionó la convocatoria a los docentes para marchar y “pedir por algo que no deben pedir si no es por el salario”, refiriéndose a que las actividades partidistas no corresponden a la función principal de un docente, que es educar y exigir condiciones dignas de trabajo para mantenerse en las aulas.
Este martes, 24 de marzo, se realizó una concentración y marcha en apoyo a la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, cuyo juicio por presunto narcoterrorismo se reanudará este 26 de marzo en Nueva York, Estados Unidos, donde cumplen prisión preventiva luego de que fueron detenidos por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero pasado.
González insistió en que las demandas del magisterio deben centrarse en reivindicaciones laborales y no en actividades políticas, destacando que muchos docentes enfrentan dificultades económicas, como falta de transporte y salarios insuficientes, que hacen inviable participar en estas movilizaciones.
“Rechazamos que el directivo obligue a los docentes a asistir a una marcha. No es obligatorio que los docentes salgan a marchar”, afirmó a Crónica Uno.
Asimismo, cuestionó que se promuevan movilizaciones mientras persisten condiciones salariales precarias. “No tenemos ni para un pasaje y nos convocan a marchar”, expresó González.
Cuestionan a autoridad única
Por su parte, Juan Vicente Ramos, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados del municipio Caroní y directivo del Colegio de Profesores de Venezuela, exhortó a las autoridades educativas del estado Bolívar a asumir con mayor responsabilidad sus funciones en la Zona Educativa, que es el organismo encargado de supervisar y garantizar la correcta gestión de las escuelas y centros educativos en la región.
Ramos cuestionó la gestión educativa en la entidad y exigió coherencia entre el discurso oficial y la realidad.
“Esa calidad que se pregona a través de la propaganda del gobierno debe traducirse en hechos”,
dijo.
Asimismo, denunció que la autoridad única en Educación del estado Bolívar, Emilio Aguilar, “se comporta como un operador político y abandona sus obligaciones para dedicarse a presionar, a obligar, a chantajear a los docentes a que asistan a hacer proselitismo político. Pudiéramos pedir la destitución de este funcionario por incapaz y por alejarse de las verdaderas políticas educativas que debe el Estado tener”.
Ramos instó a los docentes a defender sus derechos y a enfocarse en la calidad educativa, entendida como la capacidad de las escuelas de ofrecer una educación adecuada, con recursos y condiciones justas para estudiantes y docentes.
Acarreados
Trabajadores de otros sectores e instituciones también admitieron que, en su mayoría, asistieron condicionados por la gerencia, bajo amenazas de despidos o suspensión de salarios, lo que evidencia que estas movilizaciones no reflejan un apoyo espontáneo sino una presión laboral directa.
Se movilizan incluso transportes de empresas básicas e instituciones del Estado para participar en actividades políticas, mostrando cómo se utilizan recursos públicos y privados para fines partidistas.
La situación evidencia la tensión entre las necesidades salariales del personal educativo y la presión para participar en movilizaciones políticas, un conflicto que afecta tanto la vida laboral de los docentes como la continuidad y calidad de la educación que reciben los estudiantes en la región.
Lea también:
Trabajadores marcharán hasta Miraflores para exigir un aumento del salario el 9 de abril