La OEA celebró una sesión extraordinaria para analizar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. El debate dejó fuertes críticas, protestas y llamados al diálogo, pero sin resoluciones concretas.
Caracas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) enfrentó este martes, 6 de enero, uno de los debates más delicados de su historia reciente al convocar una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para analizar la intervención militar de Estados Unidos (EE. UU.) en Venezuela, operación que comenzó el 3 de enero con bombardeos aéreos y la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La cita, atravesada por protestas dentro y fuera del salón, reproches cruzados entre delegaciones y una evidente falta de consensos —reflejo de la división regional sobre la legitimidad de la acción estadounidense—, concluyó sin resoluciones ni acuerdos, lo que deja al descubierto la fragmentación política que atraviesa a la región.
Reunidos de urgencia en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington, los Estados miembros discutieron las implicaciones políticas, jurídicas y geopolíticas de la operación estadounidense.
La intervención ha generado un debate intenso sobre la legalidad de las acciones de EE. UU., sus posibles precedentes para la seguridad hemisférica y la estabilidad regional, y la necesidad de soluciones pacíficas —incluidas elecciones libres, diálogo político y la protección de los derechos humanos de la población venezolana—.
El objetivo declarado de la OEA era explorar un “camino a seguir” que permitiera encauzar la crisis venezolana desde una perspectiva multilateral, a pesar de que Venezuela abandonó formalmente la organización en 2019, lo cual limitó su participación directa.
El debate dejó en evidencia que, aunque la OEA puede actuar como foro de seguimiento y mediación, su capacidad para generar resoluciones vinculantes sigue limitada por su estructura consensual y la influencia de los Estados miembros más poderosos, en particular EE. UU.
Sesión bajo presión
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, adelantó días antes que el organismo seguía “con atención” la evolución de los hechos en Venezuela. En esa línea, varios representantes coincidieron en que la intervención de Washington plantea interrogantes de fondo sobre el respeto al derecho internacional y la estabilidad regional.
Desde la tribuna, el delegado de Uruguay, Edison Lanza, expresó su inquietud por el precedente que deja la acción militar. “Estamos ante un precedente altamente preocupante para la paz internacional”, advirtió, antes de insistir en la necesidad de “elecciones libres, diálogo político y un grupo de trabajo internacional” que acompañe una salida negociada.
México, por su parte, reiteró su rechazo al uso de la fuerza. Alejandro Encinas subrayó la urgencia de respetar los principios básicos del sistema interamericano y fue categórico al condenar la operación militar. “El bombardeo y el secuestro de un exjefe de Estado no pueden justificarse bajo ningún argumento”, afirmó.
Protestas dentro y fuera del salón
La sesión estuvo lejos de desarrollarse en un clima de normalidad. Mientras intervenía el representante de EE. UU., una activista estadounidense irrumpió en la sala con consignas contra la intervención militar, y aseguró que no se trataba de democracia ni de derechos humanos, sino de intereses económicos.
“Esto es por el petróleo, no por el pueblo venezolano”,
gritó antes de ser retirada por el personal de seguridad.
En paralelo, grupos pacifistas como CODEPINK se manifestaron desde primeras horas de la mañana en los alrededores de la sede de la OEA, para reclamar el fin de la intervención y de las sanciones contra Venezuela. Las imágenes de las protestas, tanto internas como externas, circularon ampliamente en redes sociales y reforzaron la percepción de una sesión cargada de simbolismo, pero con escaso margen de maniobra.
Divisiones regionales y cierre sin resoluciones
Las posiciones latinoamericanas reflejaron un abanico de matices, aunque con un denominador común: el rechazo a la violencia como mecanismo de resolución. Colombia llamó a la solidaridad regional y a evitar imposiciones externas. Su vicecanciller, Mauricio Jaramillo, defendió una salida concertada y alertó sobre los riesgos de normalizar intervenciones unilaterales.
Desde Perú, el exrepresentante Harold Forsyth fue especialmente crítico con el papel del organismo. Calificó la sesión como un “saludo a la bandera” y cuestionó la capacidad real de la OEA para incidir en la crisis venezolana.
EE. UU. defendió su actuación, aunque sin detallar un plan político a largo plazo, una falta de claridad que también ha generado críticas internas en el propio congreso estadounidense. Venezuela, que abandonó la OEA en 2019, no participó en el debate, pero su representante ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó el 3 de enero como una “fecha de grave trascendencia histórica”.
Al cierre de la jornada, no se sometieron a votación resoluciones ni declaraciones conjuntas. El balance dejó un diagnóstico compartido sobre la gravedad del momento, pero también la constatación de un organismo dividido, incapaz por ahora de articular una respuesta común ante uno de los episodios más delicados de la política hemisférica reciente.
Mucha cautela, nada concreto
La incursión militar estadounidense en Venezuela, del 3 de enero pasado, que incluyó bombardeos y la captura del expresidente Maduro, provocó una respuesta rápida pero limitada de la OEA. El organismo optó por una estrategia centrada en declaraciones diplomáticas, monitoreo y convocatorias de emergencia, priorizando el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas.
Ese mismo día, el secretario general Albert R. Ramdin afirmó estar “siguiendo de cerca los desarrollos rápidos en Venezuela”, expresó preocupación por la escalada de violencia y llamó al diálogo, sin condenar explícitamente la acción de EE. UU., una cautela que reflejó las divisiones internas del organismo.
Países como Colombia activaron de inmediato solicitudes de sesiones de emergencia en la OEA y la ONU, calificando los bombardeos como una “agresión militar grave” y alertando sobre riesgos para la estabilidad regional. El 4 de enero, la OEA emitió un comunicado conjunto con la Comunidad del Caribe (Caricom) en el que expresaron “profunda preocupación” y reafirmando el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos.
En paralelo, el organismo comenzó a monitorear el impacto humanitario del despliegue, incluidas posibles violaciones de derechos humanos y desplazamientos hacia países vecinos. El 5 de enero se confirmó la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la legalidad de la intervención y eventuales salidas políticas.
La reunión del 6 de enero incluyó un minuto de silencio por víctimas de violaciones de derechos humanos y un debate marcado por críticas a las acciones militares unilaterales, mientras EE. UU. justificó la operación en razones de seguridad y geopolítica. La sesión concluyó sin resoluciones ni medidas concretas, reforzando la percepción de una actuación simbólica de la OEA.
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