El camino de Venezuela con los organismos multilaterales sigue atascado

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Especialistas consideran que el principal escollo para restablecer cualquier relación con estas instancias es la falta de claridad en torno al reconocimiento. Algunas instituciones han evitado reconocer públicamente al gobierno de Nicolás Maduro o al de Juan Guaidó, en ese sentido, mientras esto siga sin claridad la nación continuará sin posibilidades de acceder a financiamiento.

Caracas. La relación de hostilidad entre el gobierno de Nicolás Maduro y algunos organismos multilaterales es de vieja data. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 requirió dejar a un lado los desacuerdos y buscar financiamiento para hacerle frente a las medidas extraordinarias que ameritaba la crisis, pero la compleja formación de gobierno en Venezuela impide hasta ahora acceder a recursos de esta naturaleza.

A finales de 2019 el gobierno de Maduro intentó obtener fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para atender la crisis eléctrica, que ese año tocó su punto más crítico, con apagones que se prolongaron por más de cinco días continuos. Pero para entonces ya existía una crisis de reconocimiento a nivel internacional, pues en febrero de ese año, el opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y unos cincuenta países le reconocieron. 

Hasta la fecha, se mantiene la disyuntiva para algunos organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que siguen sin fijar posición en torno a quién reconocen como presidente, si a Nicolás Maduro o Juan Guaidó. La falta de claridad mantiene trabas para que el país pueda acceder a financiamiento. Por ejemplo, en septiembre de 2021 el FMI asignó derechos especiales de giro (DEG) a Venezuela por un monto de $5000 millones, pero, hasta donde se conoce, los fondos siguen atascados por la falta de reconocimiento. 

Para algunos especialistas, la razón por la que Venezuela sigue sin acceder a recursos de entes multilaterales es esta formación de dos gobiernos, que es reconocida por algunos países. Pese a que Guaidó ha perdido la influencia que generó cuando se juramentó en febrero de 2019 este aún controla activos en EE. UU. como Citgo. 

Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional y relaciones internacionales y asesor sénior del International Crisis Group, considera que la relación del gobierno de Maduro con entes como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “es inexistente o muy complicada”. 

Hay unas señales incipientes por parte del gobierno de Maduro de buscar tender puentes con las multilaterales, pero hay consideraciones políticas y económicas que dificultan mucho el restablecimiento de relaciones y una cooperación efectiva. El escenario más probable es que primero tenga que superarse la diatriba política y el gobierno venezolano vuelva a tener voluntad de compartir información macroeconómica de forma transparente para que pueda reinsertarse en el orden de las instituciones financieras multilaterales más importantes”, dice de Alba a Crónica.Uno vía correo electrónico.

El retorno a estos espacios no solo pasa por resolver el tema de reconocimiento, sino también por el cumplimiento de las obligaciones que el país acordó con estos organismos internacionales, así como también en los tratados. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo es una de las que ha pedido que la nación cumpla con los convenios que suscribió en dicho organismo, como por ejemplo, mantener un diálogo permanente con trabajadores y empleadores. Mariano de Alba recuerda que al menos ante el FMI Venezuela no reporta información macroeconómica desde 2014 y advierte que mientras el escollo de reconocimiento no se supere y Venezuela no tenga voluntad de compartir información de forma transparente, no habrá una relación efectiva entre Venezuela y esas instancias.

“En 2007 el gobierno venezolano pidió la salida de los funcionarios del Banco Mundial del país. En el FMI, Venezuela tendría que volver a cumplir con sus obligaciones internacionales, permitiendo que un equipo de economistas del FMI visite el país y analice las políticas económicas y financieras”, apunta.

Venezuela perdió 80 % del tamaño de su economía, entre 2013 y 2020. Los ingresos se desplomaron, al igual que la producción y en 2015 la nación también entró en emergencia humanitaria compleja, lo que redobló las necesidades de financiamiento. Además, la pandemia agudizó los problemas económicos que ya existían. Para el economista sénior de Ecoanalítica, Jesús Palacios, el acceso a este tipo de financiamiento ayudaría a recuperar la economía, que depende de un fuerte empuje y expansión solo para volver a los niveles de 2013.

La capacidad fiscal y de recaudación del gobierno ha sido muy limitada, debido a la hiperinflación (2017-2021), apunta Palacios. En ese sentido, sostiene que si bien hoy los ingresos fiscales del Gobierno muestran una recuperación relativa, de un 140 % respecto a los niveles de 2020, donde los ingresos petroleros y fiscales fueron los más importantes, estos siguen siendo insuficientes para hacerle frente a los requerimientos que demanda la nación.

Palacios cifra los ingresos petroleros y los ingresos fiscales tributarios del Gobierno en alrededor de $20.000 millones (2021). Solo las industrias básicas locales de servicios como electricidad o agua, necesitan al menos inversiones por unos $30.000 millones en un periodo de un año. “El sector petrolero también necesita una inversión muy fuerte, pero además de eso tienes una deuda de $120.000 millones, entonces es muy difícil que puedas cubrir esa deuda si no tienes acceso a fuentes de financiamiento”, dice. 

Algunos representantes empresariales de las regiones más afectadas por las fallas eléctricas han vuelto a poner en la mesa la discusión de obtener recursos de la CAF para atender solo este problema. El mes pasado el presidente de Fedecámaras Mérida, Marcos Delgado, dijo que era urgente destrabar los recursos que hay en esa institución. “Con ese dinero se podría comenzar la reparación de la represa Uribante y la termoeléctrica de Luis Zambrano del Vigía”. El vocero expuso que los cortes de luz se prolongan hasta por 12 horas.

Francisco Rodríguez, investigador del Council on Foreign Relations (CFR) y director de la Fundación Petróleo por Venezuela, dice que entre los distintos organismos hay posturas similares o muy opuestas. La del FMI ha sido la de no reconocer a ninguno de los dos gobiernos, muy parecida a la del Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo sí aclaró su decisión.

“El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reconocido formalmente al gobierno de Guaidó y, de hecho, hay un representante del gobierno de Guaidó nombrado ante el BID como gobernador de Venezuela, por lo tanto, ellos formalmente no van a tener ninguna relación con el gobierno de Maduro”, explica Rodríguez. En marzo de 2019 el BID aprobó como gobernador al economista Ricardo Hausmann, enviado por Guaidó, fue el primer reconocimiento de una institución financiera multilateral.

Para Rodríguez, el único organismo que tiene una posición distinta —que podría permitir algún tipo de relación— es la CAF. Esta instancia ha continuado reconociendo al gobierno de Maduro y también ha interactuado con este. Ha aceptado propuestas que han contado con el aval del gobierno de Maduro y, por lo tanto, es el único en el que existe un canal formal que podría permitir que se diesen algunos préstamos.

Pero en 2019 los préstamos con la CAF se frenaron por falta de una autorización que pedía el organismo: que la Asamblea Nacional, electa en 2015, aprobara esa solicitud. Y también por las sanciones de EE. UU. Para el economista Francisco Rodríguez, este escollo sigue siendo clave para reactivar relación con esa institución, pues no está claro si para brindar préstamos en el futuro la CAF pida el aval de la Asamblea Nacional electa en 2015 o la que se eligió en 2020, la primera de mayoría opositora y la segunda de mayoría oficialista. 

“La CAF no ha tomado una decisión ni conocemos públicamente la posición de su consultoría legal con respecto a si ellos considerarían necesario un aval, una aprobación de un préstamo por parte de la Asamblea Nacional electa en 2020 o la que fue electa en 2015, por lo tanto, estos temas legales/jurídicos de reconocimiento son el principal escollo a cualquier relación de Venezuela con los entes multilaterales”, sostiene el investigador del CFR.

El economista señala que a diferencia de 2019 en este momento pareciera haber un mayor consenso político —de recibir financiamiento por parte de la CAF para atender la crisis eléctrica en el país—. “Tal vez no entre todos los factores políticos del país, pero sí entre muchos de ellos, incluidos algunos de los que están representados en la Mesa de la Unidad Democrática”.

El abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, dice que un acuerdo con la CAF sería probable en el futuro. “El actual presidente de CAF viaja todos los meses a Caracas, tiene experiencia lidiando con el gobierno venezolano porque fue ministro de Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la composición accionaria del Banco es la menos complicada para los efectos que estamos discutiendo”.

“Un asunto que podría facilitar aún más estas discusiones y gestiones es el cambio de gobierno en Colombia en el mes de agosto de este año 2022. Colombia es uno de los países accionistas de la CAF”, señala de Alba.

El economista Jesús Palacios destaca que esta disyuntiva de legitimidad lleva tres años y que sin acuerdos políticos no se podrá avanzar. La economía venezolana dispone de $45.000 millones al cierre del año pasado, con este monto, el especialista indica que es imposible asumir los pendientes para recuperar el sector. Solo para atender la emergencia humanitaria compleja, por la que pasan más de siete millones de venezolanos que están en condiciones de supervivencia, se requieren unos $1000 millones para ese tipo de programas, asegura.

¿Son las sanciones?

Para algunos como Francisco Rodríguez, la negativa de otorgar nuevos préstamos o la falta de voluntad para tender un puente no es la deuda que tiene Venezuela, ni tampoco las sanciones. El problema, insiste, es el de reconocimiento. 

De Alba ve previsible que se mantenga el statu quo y Venezuela siga apartada en el futuro de estas organizaciones y las posibilidades que ofrecen, especialmente en términos de préstamos y financiamiento. Tampoco descarta que los factores políticos venezolanos lleguen a acuerdos concretos que sean avalados por países relevantes de la comunidad internacional, como Estados Unidos, y se destrabe el asunto de quién puede representar a Venezuela ante el FMI y el Banco Mundial.


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