Esequibo: El mandato del pueblo sigue sin cumplirse a un año del referendo

Se cumple un año del referendo con el que el gobierno de Nicolás Maduro refrendó con la voz de su ciudadanía la postura de que el conflicto territorial por la Guayana Esequiba sea resuelto mediante la negociación, pero la opacidad informativa reina en torno a los mandatos de esta consulta.

Caracas. La instalación de un destacamento militar en el Esequibo y una ley para gobernar a distancia esta zona, un territorio de casi 160.000 kilómetros en disputa con Guyana desde hace casi dos siglos, son los únicos resultados tangibles de un referendo que este martes, 3 de diciembre, cumple un año, y con el que Nicolás Maduro prometió la recuperación de este espacio.

El 3 de diciembre de 2023 se celebró en Venezuela una consulta pública en la que participaron más de 10 millones de venezolanos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la mayoría dio el sí a cinco preguntas que ratificaban la postura del Estado en la disputa.

Una de las preguntas más controversiales fue en la que consultaron si estaban o no de acuerdo “con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”.

La respuesta positiva de la mayoría de los ciudadanos a este cuestionamiento llevó a que el gobierno de Maduro se comprometiera a cumplir lo pautado y a hacer respetar su posición de que la diferencia debe ser dirimida mediante un acuerdo pacífico.

Estos son algunos datos de la disputa y de lo que ha pasado en el último año en el que especialistas coinciden en que ha habido opacidad y estancamiento en el manejo legal del asunto territorial.

El conflicto en claves

1.Venezuela reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra que establece las bases para un acuerdo negociado en la disputa y que fue firmado en 1966 con Reino Unido, mientras que Guyana se acoge al Laudo de París 1899, que determinó la frontera terrestre entre Venezuela y Reino Unido, a la que el territorio guyanés pertenecía como colonia.

2. En 2018 Guyana llevó la disputa territorial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que allí se decidiera la validez del laudo que Georgetown admite como la forma de resolución, acción que Venezuela condenó, y refirió en múltiples ocasiones que “no reconoce la jurisdicción obligatoria y automática de la CIJ”, instancia que se declaró competente para resolver la disputa, pese a que la corte se declaró competente para atender el caso.

3. La celebración de un referendo sobre el Esequibo avivó la discusión entre ambos países, que se acusan mutuamente de pretender imponerse en un territorio reclamado. Mientras que Venezuela reclama que desde 2015 Guyana ha autorizado licencias petroleras en áreas marítimas de esta zona sin delimitar a compañías como la estadounidense ExxonMobil, Guyana asegura que “no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano”.

4. El 3 de marzo de este año, se publicó en Gaceta Oficial la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, un instrumento legal con el que la Administración de Maduro pretende ejecutar lo aprobado en el referendo, al ordenar “otorgar a la Guayana Esequiba la categoría de estado dentro de la división político territorial de la República Bolivariana de Venezuela y establecer el régimen de funcionamiento de los Poderes Públicos en torno a esa entidad federal”.

5. Además, la ley establece la distribución y difusión del mapa político de Venezuela con la inclusión del territorio en disputa, así como la elección por voto popular de un gobernador y de representación legislativa regional y nacional para la zona.

6. El presupuesto de la nación para el año 2024 contempló una partida de recursos que superan los 600 millones de dólares para el territorio de la Guayana Esequiba y que, de acuerdo con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, serían usados para la defensa y el reforzamiento de la presencia del Estado venezolano en el sitio. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha hecho públicos mayores detalles sobre el uso o destino de estos recursos.

7. Ambos gobiernos han intentado algunos acercamientos promovidos por otros países. El más reciente fue el pasado junio, cuando representaciones de ambas naciones acudieron a una reunión convocada por la CIJ, con el objetivo de discutir los “próximos pasos” sobre la disputa. Aunque Venezuela indicó que asistir a la reunión no implicaba el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ en esta disputa.

8. El Ejecutivo venezolano no ha revelado información sobre el despliegue militar en la zona en reclamación, ni tampoco se ha manifestado sobre las pautas establecidas en la ley aprobada en el primer trimestre del año.

9. Este martes 3 de diciembre, la Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que denuncia y rechaza la “ampliación de estaciones navales y aeroportuarias para el uso militar en el territorio de la Guayana Esequiba”, de los que acusa al Comando Sur de Estados Unidos y al Gobierno de Guyana.

10. En el escrito de la Cancillería, Venezuela reitera su compromiso “irrestricto con una solución pacífica” de la controversia y su voluntad de defender los resultados del referendo que ya cumplió un año sin ver cumplidos sus mandatos.