Desde el anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la AN, la cantidad de personas que obtendrán su libertad es desconocida. Ante la opacidad de las liberaciones, que se han dado a cuenta gotas, se generan cada vez más expectativas en centros de reclusión como Helicoide, Dgcim, INOF y otros centros de detención preventiva.
Caracas. No son más de 20 personas, pero su cansancio pesa como si se tratara de cientas. Están allí, de pie, sentados en las aceras, o refugiados en sus vehículos, con la mirada clavada en el portón de hierro de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, en Boleíta.
Por segundo día consecutivo estas familias, quienes han viajado desde estados como Portuguesa y Zulia, aguardan por una señal, una voz o un nombre que confirme que sus seres queridos forman parte de las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien anunció la liberación de «un número importante de personas» el pasado jueves, 8 de enero.
Al caer la noche la espera se traslada al interior de quienes tienen vehículos en los que intentan dormir, al menos un par de horas, sin que la desesperación los despierte.
Cada vez que el portón del centro de prisión preventiva se abre esperan ver un rostro conocido o escuchar a un funcionario gritar nombres de personas a excarcelar. Sin embargo, lo que reciben es el silencio de una zona industrial desolada.
Estos calabozos albergan a detenidos con procesos llenos de retardos procesales, además el Observatorio. Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia las malas condiciones de reclusión que vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Lo que más indigna a este pequeño grupo de familiares son las inconsistencias que encuentran al preguntar por las excarcelaciones. Mientras el país escucha anuncios oficiales, como el que hizo el presidente de la Asamblea Nacional el 8 de enero, los funcionarios les aseguran que allí «no hay presos políticos».
«Aquí ellos no existen. ¿Cómo van a decirnos eso, su sabemos que aquí están», reclama una madre.
Dos mujeres aseguraron a Crónica Uno que llevan meses sin recibir una fe de vida, sin una llamada, sin saber si sus parientes han sobrevivido a los maltratos.
No existen
En una acera, con ropa holgada y medias sucias por el roce con el asfalto, está Isaura*. Su hijo, un mecánico de 31 años quien trabajaba en un autolavado en Charallave, fue arrestado por funcionarios de la PNB y la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) que llegaron sin orden judicial, lo tiraron al suelo y se lo llevaron por cometer el delito de «terrorismo», algo que no ha podido confirmar debido a que no conoce el paradero de su hijo, o la existencia de algún expediente.
Esta situación fue denunciada ante el Ministerio Público. Sin embargo, allí le dijeron que debía esperar el lapso de averiguaciones.
A pocos metros está Olga*. Su esposo fue detenido el 26 de noviembre de 2025, en su negocio de Vista Alegre, por formar parte de un grupo de WhatsApp. Primero se llevaron a un conocido de él y al observar su nombre en este grupo lo buscaron.
Su esposo sufre de insomnio crónico y ella no sabe si ha podido dormir o comer desde el 1 de diciembre, cuando le perdió el rastro.
Nadie le da garantías ni le asegura que él esté detenido en los calabozos de Boleíta. Lo presume por a una visitante que le dio la información.
«Están secuestrados»
Para estas familias, la situación ha cruzado la línea del arresto legal para convertirse en lo que califican como «secuestro», sin abogados, sin comunicación y su condición de salud.
«Ellos son seres humanos. Tienen que ser liberados», exclama un familiar.
Su mayor temor es que Venezuela se olvide de que ellos también están allí, a la espera. Por eso quisieran el apoyo de medios de comunicación que han ido hasta El Rodeo I y la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La tarde del viernes, 9 de enero, siguió su curso en Zona 7, donde los últimos rayos del sol ven llegar a familiares que residen en Caracas y que se preparan para esperar una noche más en alerta, para espese que el nombre de los suyos sea el próximo en romper el silencio de la madrugada.
Zona 7
Tras las protestas posteriores a los comicios electorales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, la Zona 7 de Boleíta se convirtió en el destino de los detenidos de jóvenes y adolescentes.
Organizaciones como Una Ventana a la Libertad y el OVP documentaron patrones de desapariciones forzadas y torturas, tratos crueles e inhumanos en este centro de detención. Familiares de adolescentes denunciaron, también, torturas que presuntamente recibieron los menores de edad en los calabozos.
En julio de 2024, según cifras del mismo Gobierno, unas 2400 personas fueron detenidas en el contexto poselectoral y fueron trasladados a zona 7, donde fueron torturados o amenazados con el fin de coaccionar el testimonio donde aceptaran las acusaciones.
Esto último es lo que preocupa a Isaura y a dos mujeres más a su lado, cuyos esposos son primos y fueron detenidos hace 43 días, pero por separado. El cargo, que desconocen de forma oficial, sería «vinculación de llamadas», pero ellas asevera que sus parejas, de 30 y 29 años, trabajan en instalación de sonido de tarimas en eventos estadales.
«Es un caso político»» es todo lo que les dicen, lo que las asusta porque temen que ambos hombres alarguen el historial de tortura física y psicológica que se recoge en el lugar.
PNB El Valle
Desde la emisión de la noticia de las liberaciones los integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) acudieron al centro de detención preventiva femenina de la PNB, ubicada en El Valle.
De acuerdo con información extraoficial, el número de reclusas por motivos políticos llega a 100. Al igual que en la sede de Boleíta, la cantidad de parientes es limitada debido a que muchos residen en el interior del país y se les dificulta viajar.
La información es escasa y lo que más abunda son los rumores que apuntan a retrasos en las boletas de excarcelación que debían buscarse en La Yaguara. Nunca llegaron.
A pesar de ser pocos, la noche del viernes, 9 de enero, se llevaron a cabo algunas actividades propuestas por el Clipp en otros recintos carcelarios como El Helicoide y El Rodeo I, donde los familiares se concentraron para hacer una cadena de oración con la esperanza de mensajes positivos y que se acelere la salida de sus familiares.
Hasta El Helicoide acudieron familiares de personas acusadas por su participación en la Operación Gedeón.
«Acá estamos familiares que además de la esperanza de liberaciones, exigimos que nos digan en dónde están nuestros familiares» , cuyo paradero desconocen desde hace cinco meses.
Desde el anuncio de Rodríguez – emitido dos días después de las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, en las que afirmó que había un «cámara de torturas en medio de Caracas» que estaba siendo cerrado – la cantidad de personas que obtendrán su libertad es desconocida. Ante la opacidad de las liberaciones que se han dado a cuenta gotas, generan cada vez más expectativas.
De acuerdo con el Foro Penal venezolano, aún quedan 811 presos por razones políticas tras las rejas. Otras organizaciones, como Justicia Encuentro y Perdón al menos 1000 personas siguen detenidas.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.