El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, publicado este martes, destaca como se ha intensificado la “maquinaria de represión” del Estado para silenciar a la disidencia.
Caracas. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 el Estado venezolano “reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”. Esa es la conclusión del informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicado este martes.
El documento de 21 páginas expone una escalada “sin precedentes” en la persecución política, desatada sobre todo en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, cuyos resultados oficiales dan como ganador a Nicolás Maduro, pese a que la oposición insiste en que la victoria es de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El escrito, publicado este martes, 17 de septiembre, cuestiona las actuaciones del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de cometer crímenes de lesa humanidad como la “persecución con motivos políticos”. Además, explica que esta y otras acciones son parte de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición”.
La metodología
Se trata del último informe que, por ahora, hará esta misión, que se estableció en septiembre de 2019 y cuyo mandato se renovó en dos ocasiones (2020 y 2022), pues el próximo mes de octubre se debe tomar la decisión de si esta instancia tendrá otro período de labores o no.
El texto detalla que para su ejecución la misión realizó 366 entrevistas remotas o en persona con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres) y consultó decenas de expedientes judiciales, además de otras fuentes documentales y audiovisuales.
Para levantar datos en torno a la crisis postelectoral, los expertos de la ONU revisaron más de 1.000 evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y noticias periodísticas, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales.
El informe destaca que tras las elecciones presidenciales “la misión no tuvo acceso a expedientes judiciales y, en algunos casos, fue informada de que dichos expedientes ni siquiera existían”.
Destacó que las solicitudes de información que se enviaron a las autoridades venezolanas no obtuvieron respuestas.
Duro registro
Estos son algunas de las consideraciones más duras que se recogieron en el informe:
- Sobre los hechos anteriores a los comicios presidenciales, el documento da cuenta de la firma del acuerdo de Barbados, en octubre de 2023, de la celebración de las primarias opositoras y de la inhabilitación impuesta a la líder opositora María Corina Machado. Explicó que durante el período previo a las elecciones, la misión investigó 42 casos de detenciones arbitrarias y registró “numerosos actos de hostigamiento, represalias y ataques contra los actos de campaña de la oposición”.
- ONU recordó los cuestionamientos de países y organismos internacionales a los resultados electorales del 28 de julio y destacó que tras los comicios y en los días posteriores “se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno” que provocó 25 fallecidos y centenares de heridos y detenidos.
- Sobre los comicios y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de convalidar los resultados del Poder Electoral, recordó que esta sentencia se emitió “sin presentar evidencia que lo justificara” y recordó la falta de independencia tanto del Consejo Nacional Electoral y del Poder Judicial.
- Remarcó que “la represión de las protestas se instigó desde las altas esferas civiles y militares del Estado, incluyendo el Presidente Maduro, a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”.
- La misión de expertos internacionales documentó más de 120 arrestos durante la campaña electoral y 2.000 detenciones en protestas poselectorales, con graves violaciones al debido proceso.
- Además, menciona la “operación Tun Tun”, puesta en marcha por el Gobierno para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno. Al respecto, sostienen que este plan “generó un clima de terror generalizado en la población”.
- En el marco de esta operación, líderes sociales y políticos, además de periodistas, “fueron hostigados, amenazados o los detuvieron funcionarios de cuerpos de seguridad, y algunos tuvieron que pasar a la clandestinidad o huir del país”.
- Sobre las 25 muertes registradas, la misión indicó que todos los fallecidos eran hombres y 17 de ellos tenía menos de 30 años, 10 eran jóvenes, es decir, de 24 años o menos y dos de las víctimas eran niños, uno de 15 y otro de 17 años. “Si bien hasta el momento la misión no ha podido determinar la autoría de las muertes conforme a su estándar de prueba, las investigaciones iniciales arrojaron algunos indicios. Por ejemplo, la misión documentó la presencia de civiles armados disparando e interactuando con los cuerpos de seguridad o actuando en solitario en varias protestas”, explicó el informe.
- En cuanto a las detenciones, el documento se refiere a las aprehensiones ocurridas a activistas de la sociedad civil como Rocío San Miguel, y explica que tras las elecciones del 28 de julio de 2024, las autoridades pusieron en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente, al tiempo que continuaron las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil”.
- El informe refiere también las violaciones al debido proceso tras las detenciones postelectorales y agrega que en la mayoría de los casos a los que la Misión de la ONU tuvo acceso a las personas detenidas les imputaron con delitos graves tales como “traición a la patria”, “conspiración para destruir la forma política”, “terrorismo”, “asociación” e “incitación al odio”. A estas personas les negaron el derecho a designar un defensor de su confianza y a la mayoría los imputaron en audiencias telemáticas.
- La misión concluyó que, al menos, en siete casos registrados antes del 28 de julio ocurrieron hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.
- Asimismo, el documento detalla que tras la crisis postelectoral, la misión registró una multitud de casos de “requisas invasivas y de desnudez forzada de mujeres y niñas detenidas”.
- “Durante el período que abarca el presente informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión. Como parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, de forma consciente y planificada, acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica”, detalló el informe.
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