El mensaje de Delcy Rodríguez transmitido el 8 de abril pasado se centró en anuncios económicos y sociales sin detalles de ejecución inmediata. La intervención incluyó reformas tributarias, cambios en vivienda y protección social, con dudas sobre su impacto inmediato.
Caracas. En una alocución de aproximadamente 28 minutos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este miércoles, 8 de abril, un mensaje a la nación caracterizado por su brevedad y por una serie de anuncios económicos y sociales que reordenan la agenda pública, aunque sin precisiones sobre su implementación inmediata.
Con este formato, Rodríguez reafirmó su distanciamiento de los discursos extensos que marcaron las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El pronunciamiento tuvo lugar en medio de una alta expectativa política, en un contexto donde se anticipaban posibles anuncios de impacto económico o electoral, lo que incrementó la atención sobre cada uno de sus planteamientos.
En el ámbito político se había especulado que la alocución serviría para anunciar un aumento del salario mínimo a partir del 1º de mayo o incluso una eventual convocatoria a elecciones presidenciales para finales de este año 2026. Estas expectativas circularon en diversos espacios políticos y mediáticos, evidenciando la incertidumbre en torno a decisiones económicas y electorales de alto impacto.
Aunque la economía concentró el eje central del mensaje, el esperado ajuste salarial no fue desarrollado en detalle. Al limitarse a la frase “realizaremos un ajuste responsable de las remuneraciones”, la mandataria prolongó la incertidumbre de los venezolanos sobre la recuperación de su poder adquisitivo.
El salario mínimo, referencia básica del ingreso formal en el país, continúa siendo un indicador clave para medir la percepción de la situación económica de la población.
Nuevo modelo tributario
Tras reiterar el llamado a que cesen todas las sanciones económicas contra la economía, Rodríguez anunció la instalación de un Consejo Nacional de Economía “para recibir propuestas y establecer un nuevo modelo tributario para Venezuela, que haga justicia social y que nos haga más competitivos”.
Rodríguez insistió en la necesidad de “un modelo tributario más eficiente”, una demanda también planteada por distintos gremios empresariales nacionales, entre ellos Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y las cámaras de industria y comercio regionales.
Estos gremios agrupan al sector privado formal y suelen participar activamente en los debates sobre políticas fiscales y productivas.
“Yo espero que de este Consejo Nacional de Economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país”,
recalcó.
Asimismo, aprovechó la ocasión para promulgar la Ley de Simplificación de Trámites, aprobada por la Asamblea Nacional, y aseguró que empleará todas las facultades que le otorga esta normativa para agilizar las actividades económicas del país.
La simplificación de trámites, es decir, la reducción de procesos administrativos, busca facilitar la actividad empresarial y productiva.
Reforma del mercado inmobiliario
Otro anuncio relevante fue la solicitud al poder legislativo de una reforma del mercado inmobiliario, con el fin de incorporar al sistema unas 500.000 viviendas que, a su juicio, “están congeladas” debido al fenómeno migratorio registrado en la última década.
“Yo pido que (estas viviendas) se pongan a disposición del mercado para que se les brinde la garantía del Estado venezolano para que esos inmuebles puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria, de quienes han formado una familia y no pueden comprar un inmueble, para que puedan tener acceso a un mercado inmobiliario adecuado y puedan alquilar con total seguridad”, expresó.
El planteamiento apunta a la baja oferta habitacional disponible para compra o alquiler. Cabe recordar que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) ha solicitado desde 2025 una reforma integral del marco legal, en especial de la Ley de Arrendamiento y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.
El sector busca mayor seguridad jurídica para propietarios, porque consideran que las normas actuales, desprotegen al propietario y paralizan la oferta. También buscan incentivar el alquiler, especialmente para jóvenes y el retorno de migrantes y dinamizar el mercado de compraventa ante la crisis económica actual.
A través de su canal en Telegram, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento reformará las leyes del sector inmobiliario, aunque sin ofrecer detalles.
“Seguiremos legislando para modernizar el Estado, garantizando que las instituciones respondan con la celeridad que los tiempos actuales exigen”, señaló en la publicación.
Protección social
“Hoy en Venezuela hay más pensionados que cotizantes en las pensiones. Se necesitarían 38 millones de trabajadores activos para sostener este modelo, más de la población que tiene hoy Venezuela, lo cual nos llama a la reflexión para buscar el camino correcto para mantener la protección social, para que se mantenga el espíritu de la justicia social para los pensionados”, dijo la encargada del Ejecutivo.
Rodríguez explicó que 91% de las pensiones es financiado por el Estado venezolano y solo un 9% por el sector privado nacional. El sistema de pensiones sigue siendo el principal mecanismo de ingreso para las personas jubiladas.
Pese a este señalamiento, la mandataria no mencionó que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) perciben actualmente Bs. 130, equivalente a 0,27 dólares, y que a través del sistema Patria se les asigna un bono de guerra económica de Bs. 26.580, igual a 58,38 dólares según la tasa del BCV, autoridad encargada de fijar la tasa oficial del país.
Del mismo modo, Rodríguez pidió al ministro del Trabajo avanzar en la formalización laboral para evitar la precarización de los salarios y las pensiones. La precarización implica condiciones de empleo inestables o con bajos ingresos.
“Según los resultados de la encuesta realizada en la página del Sistema Patria, existe precarización en la jornada del trabajo, en las vacaciones y en otros derechos de los trabajadores, por lo que es necesario formalizar para que se preserve el poder adquisitivo de los trabajadores activos así como la posibilidad de las pensiones para los que han alcanzado el beneficio”,
admitió.
“Peregrinación” antibloqueo
En conjunto, la alocución se desarrolló como una sucesión de anuncios económicos y sociales sin detalles operativos inmediatos, lo que dejó abiertos varios interrogantes sobre su aplicación concreta y sus efectos en el corto plazo.
El discurso transitó entre planteamientos de reforma, llamados institucionales y referencias a sanciones internacionales, manteniendo un tono declarativo más que ejecutorio. Este tipo de intervención suele generar expectativas sobre su implementación futura.
La única acción concreta, al final del mensaje, fue al revelar que a partir de este 19 de abril se llevará a cabo una “gran peregrinación” para exigir el fin del llamado bloqueo y las sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos.
“Convoco a una gran peregrinación por el fin de las Sanciones Contra Venezuela desde el 19 de abril al 1 de mayo. Todos los sectores económicos, políticos, sociales, unamos nuestras voces en un solo clamor”, dijo.
Aseguró que una vez cesen las sanciones y se desbloqueen los recursos de Venezuela en el exterior, serán destinados al “impulso productivo de la industria de hidrocarburos para garantizar incrementos salariales a las trabajadoras y trabajadores, así como la rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos”.
Más allá de las palabras y la puesta en escena, el contenido del discurso dejó abiertas distintas etapas de desarrollo institucional que deberán definirse posteriormente.
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