A punto de cumplirse un mes del anuncio de excarcelaciones, familiares de presos políticos mantienen vigilias frente a cárceles del país y reclaman respuestas claras. ONG y parientes denuncian retrasos, falta de listas oficiales y un fuerte impacto humano, que incluye tres madres fallecidas en la larga espera y el reinicio de procesos judiciales de excarcelados.
Caracas. Gioconda Camacho sostiene una cartulina con la foto de su hijo, vestido con uniforme militar. A su lado está su esposo, José Cárdenas. En silencio, ambos observan al grupo concentrado en los alrededores del Palacio de Justicia este jueves, 5 de febrero, integrado por miembros del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve).
Su acento delata lo que luego confirman: son del estado Táchira. No obstante, llevan casi un mes en la capital a la espera de que su hijo, Jholmar Josué Cárdenas Camacho, salga de la cárcel de Rodeo I. Allí permanece detenido desde hace “dos años y tres meses”.
La esperanza de que liberaran a Jholmar se reavivó con el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 8 de enero pasado. Entonces, el funcionario dijo que realizarían “un número importante” de excarcelaciones en el país.
José Cárdenas narra que a su hijo se lo llevaron de su trabajo funcionarios no identificados, que no tenían una orden de aprehensión. Luego revisaron la casa familiar, sin presentar una orden de allanamiento.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó que Jholmar, junto con otras cuatro personas, estaba involucrado en un complot que denominó “caso Fortunato”. Los acusaron de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación.
La pareja reclama que al militar se le han violado todos sus derechos, pero las vejaciones también las padecen ellos. “A los familiares nos convierten en delincuentes, nos llevan encapuchados y nos sacan encapuchados, a hacer una visita de 20 minutos”, dice José. “Ni siquiera nos permiten darle un abrazo”, agrega Gioconda en voz bajita.
Como muchos otros allegados que sostienen que sus parientes son inocentes y están presos por motivos políticos, la familia Cárdenas Camacho se aferra a la oración y confía en que Dios meta su mano para ayudarles.
Un mes de sentimientos encontrados
Luego de que Rodríguez anunció las excarcelaciones —sin referirse a los detenidos como presos políticos—, cientos de familiares acudieron a centros de reclusión en todo el país con la expectativa de ver salir a sus parientes.
Pero el proceso no ha tenido la rapidez que muchos esperaban.
Las excarcelaciones comenzaron a darse poco a poco. Algunos de los que salieron lo hicieron de madrugada, trasladados a otros puntos de la ciudad, en vehículos con vidrios oscuros. En algunos casos notificaron previamente a sus familiares y en otros no.
En redes sociales han circulado fotos y videos de quienes han podido reencontrarse con sus familiares, en distintas regiones, que transmiten los sentimientos encontrados: alegría, tristeza, frustración.
El mundo también ha podido ver cómo muchas personas, en su mayoría mujeres, se instalaron hasta con carpas a las afueras de cárceles como El Rodeo I o Zona 7, para aguardar su momento de abrazar a sus seres queridos en libertad.
Zona 7, vigilia prolongada
Uno de los principales focos de esa espera ha sido la sede de la Policía Nacional Bolivariana conocida como Zona 7. La sede está ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda, dentro del área metropolitana de Caracas. El lugar es señalado por familiares y organizaciones como un centro que alberga a numerosos presos políticos en condiciones consideradas precarias.
Allí, desde días posteriores al anuncio del 8 de enero, decenas de familiares —principalmente madres, esposas y otros parientes, muchos provenientes del interior del país— levantaron un campamento improvisado con carpas y permanecen día y noche en vigilia. Sus exigencias se repiten: fe de vida de los detenidos, información clara sobre quiénes serían liberados y la excarcelación efectiva de todos los presos políticos.
Para finales de enero y comienzos de febrero, la protesta acumulaba semanas —29 días contados hasta este 6 de febrero— sin liberaciones concretas en ese centro, según denunciaban los propios familiares.
También reportaron condiciones inhumanas de reclusión, presunto maltrato, desnutrición, falta de atención médica y episodios de hostigamiento, con despliegues policiales, presencia de antimotines, cámaras apuntando al campamento y presiones para desalojar.
Tras 18 días continuos de vigilia, el 27 de enero las autoridades permitieron visitas familiares limitadas, en grupos pequeños y por cerca de 30 minutos, con requisitos de vestimenta como camiseta blanca y vaqueros azules.
Visitante inesperado
En ese contexto de presión sostenida, Jorge Rodríguez acudió personalmente la tarde de este 6 de febrero a las afueras de Zona 7 y dialogó con los familiares concentrados.
Allí aseguró que los presos políticos —o al menos los recluidos en ese centro— estarían “todos sueltos” entre el martes 10 y, como máximo, el viernes, 13 de febrero.
Algunos de los familiares presentes, desbordados entre el llanto, la preocupación y la confusión, interpretaron la declaración como una promesa de liberación total en ese recinto. Pero el funcionario no precisó si el compromiso abarcaba a todos los detenidos del país.
Con todo, la visita es una de las pocas ocasiones en que un alto funcionario oficialista se presenta en el sitio para hablar directamente con los parientes en medio de la protesta.
Impacto humano extremo en las vigilias
En medio de este proceso de excarcelaciones anunciado en enero, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos reportaron al menos tres muertes de madres de presos políticos entre enero y febrero de este año, ocurridas mientras esperaban la liberación de sus hijos o poco después de que estos fueran excarcelados.
Los casos se produjeron en el contexto de vigilias prolongadas frente a centros de detención como Tocorón, en Aragua, y la propia Zona 7, donde familiares —principalmente mujeres— han acampado durante semanas bajo desgaste físico y emocional.
Entre los casos documentados figuran el de Carmen Dávila de Yéspica, de alrededor de 90 años, madre de un médico detenido en Tocorón, quien falleció en un hospital horas después de la excarcelación de su hijo, sin haber llegado a conocer la noticia o el de Yarelis Mayerlin Salas Piñero, de 38 a 39 años, madre de un detenido en ese mismo penal, quien murió de un infarto durante una vigilia.
Completa la dolorosa lista Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, un periodista excarcelado con graves dolencias, quien sufrió un accidente cerebrovascular poco después de la excarcelación de su hijo y horas antes del reinicio del juicio en Caracas.
Incertidumbre prolongada
Organizaciones como Provea y voceros opositores calificaron estas muertes como un “daño irreversible” asociado a la persecución política y a la prolongada incertidumbre judicial, al sostener que el impacto no se limita a los detenidos sino que se extiende a sus familias.
Reportes independientes también señalan que, desde julio de 2024, al menos ocho presos políticos han muerto bajo custodia estatal, lo que agrava las alertas sobre las condiciones de reclusión y atención médica.
Además de fallecimientos, se han registrado descompensaciones y colapsos de salud de madres durante protestas y vigilias, así como casos de familiares detenidas tras denunciar públicamente abusos.
ONG especializadas advierten que el patrón combina detenciones arbitrarias, procesos opacos, demoras en beneficios judiciales y un entorno de presión que deteriora la salud física y mental de los parientes. Hasta febrero de 2026, también se reportan alrededor de 200 casos de presunta desaparición forzada, factor que incrementa la angustia de las familias.
Libertad por “pedacitos”
Mireya Sierra es una de las mujeres que pernocta a las afueras de Rodeo I. A su hijo, Diego José Mejías Sierra, y al padre de este, Diego José Mejías González, los detuvieron el 9 de febrero de 2025. Funcionarios armados se los llevaron en una camioneta negra sin placas.
“Estuvieron desaparecidos aproximadamente seis meses, sin conocer su paradero”,
recuerda.
Padre e hijo son los únicos dos civiles vinculados a un caso conocido como “Los Cadetes”, que señala a militares por una supuesta conspiración. La familia asegura que no tiene detalles de los cargos porque nunca ha podido ver el expediente.
A Mejías González lo excarcelaron el 27 de enero. Mireya estaba presente. “Estaba muy afectado obviamente, porque él salió en libertad, pero queda un pedacito de él ahí todavía. Lloró, lloramos ambos, pero confiando siempre en Dios de que esta pesadilla acabe”, relata.
Guerra de cifras y un llamado a la amnistía
La liberación de los presos políticos ha sido una demanda de la sociedad civil venezolana por años, así como de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La líder de la oposición María Corina Machado e incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también han dicho que es necesario para poder hablar de democracia en Venezuela.
El Gobierno sostiene que el anuncio del 8 de enero responde a una decisión de Nicolás Maduro —depuesto tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero, precedida por excarcelaciones en diciembre de 2025— y lo presenta como un gesto para retomar la paz y la convivencia.
En una de sus últimas declaraciones, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que han realizado más de 800 excarcelaciones desde diciembre.
En contraste, organizaciones como Foro Penal y Clippve calculan que aún hay entre 700 y 1000 presos políticos en Venezuela.
“Queremos que todos, todos salgan… Somos madres, hay esposas, hijos, hay abuelas, que estamos esperando. Ha sido fuerte, ha sido difícil, pero la fe, la esperanza y el amor es más fuerte que el cansancio”, dijo Dilsia de Flores, durante la actividad del Palacio de Justicia. A su esposo, Noel Flores, lo señalan de participar en la operación Gedeón.
Espera infinita
Hasta la fecha no se han publicado listas oficiales ni cifras totales de beneficiarios. El Gobierno de Delcy Rodríguez precisó que quedan excluidos quienes hayan cometido delitos graves como homicidio y narcotráfico.
El 30 de enero pasado, la Presidenta encargada anunció un proyecto de Ley de Amnistía. Este 5 de febrero, este fue aprobado por unanimidad en primera discusión.
Se espera que durante los próximos días la norma se someta a una consulta pública. Aunque durante su visita a Zona 7, el jefe del Parlamento adelantó que la norma sería aprobada el próximo martes, 10 de febrero.
Mientras ONG y víctimas solicitan ser incluidas para garantizar que el instrumento sea legítimo y conduzca a una verdadera reconciliación nacional.
El anuncio reactivó la expectativa de los familiares que permanecen a las afueras de los centros de detención. La promesa oficial abrió una ventana de posibilidad, pero en los campamentos la espera continúa, marcada por la incertidumbre, el desgaste y la esperanza de que los nombres pendientes también crucen la puerta de salida.
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