“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador sénior sobre Brasil de HRW. La organización defensora de Derechos Humanos manifestó su preocupación porque las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos a ese país.
Caracas. Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera.
Casi 90 % de esos niños tiene entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe que difundió este jueves.
Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso.
Las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos a ese país“, dice el informe.
“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador senior sobre Brasil de HRW.
Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños que llegan solos la protección urgente que necesitan.
Algunos niños y niñas no acompañados terminan viviendo en las calles, donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas, concluyó Human Rights Watch. Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a la organización defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues estatales, que tienen capacidad para alojar hasta 15 niños y 13 adolescentes (femeninas). En estos casos, el director del albergue actúa como tutor, y de esta forma pueden ir a la escuela y conseguir documentos de identidad que les permiten acceder al sistema de salud pública.
Sin embargo, los dos albergues públicos para menores de entre 12 y 17 años que hay en Roraima estaban tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez del estado dispuso que ya no reciban a más niños o niñas.
Desde entonces, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de las Naciones Unidas que fueron creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos. Los albergues se crearon como parte de la Operación Acogida (Operação Acolhida), una iniciativa del gobierno federal brasileño —con apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales— para responder a la llegada masiva de venezolanos. Sin embargo, representantes de la ONU dijeron a HRW que esos albergues no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados.
Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos.
El 8 de octubre de 2019, Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un joven venezolano de 16 años, fue hallado estrangulado en una calle cercana al albergue de la ONU en Boa Vista donde vivía. Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista. Fue asignado a un albergue de la Operación Acogida luego de la decisión judicial del 13 de septiembre, según dijo una funcionaria de Protección de la Niñez en Emergencias de Unicef a Human Rights Watch. Representantes de la ONU creen que podría haber sido asesinado por una pandilla delictiva. “Los adolescentes venezolanos son presa fácil para las pandillas que quieren reclutarlos”, expresó la funcionaria.
Unicef abrirá albergues
Unicef prevé abrir dos hogares transitorios para 10 niños y niñas no acompañados cada uno en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses, conforme a un acuerdo suscrito con autoridades federales y del estado de Roraima. Con todo, para que el proyecto resulte sostenible las autoridades federales y estatales brasileñas deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación, sostuvo Human Rights Watch.
Unicef también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas no acompañados con familias venezolanas y brasileñas. Para esto, las autoridades brasileñas tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible.
En su decisión del 13 de septiembre sobre la sobrepoblación en los albergues estatales, el juez otorgó al estado de Roraima un plazo de 10 días para presentar un plan para albergar a niñas y niños venezolanos no acompañados.
En respuesta, Roraima elaboró un plan que prevé algunas mejoras en los albergues y la apertura de dos hogares transitorios por parte de Unicef. El gobierno del estado de Roraima no respondió a varios pedidos de reunión e información enviados por HRW para tratar este tema.
Si bien el plan que solicita el juez es un paso crucial, la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños y niñas venezolanos no acompañados no debería recaer únicamente en el estado de Roraima, y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento, dijo la ONG de Derechos Humanos.
El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados. En esta tarea deberían colaborar organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan allí. También deberían garantizar que estos niños tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales.
Política de puertas abiertas
Brasil ha mantenido una política de puertas abiertas con los venezolanos que huyen del hambre, la falta de asistencia médica básica o la persecución en su país. Las estadísticas del gobierno brasileño indican que, en septiembre, más de 224.000 venezolanos vivían en ese país.
Más de la mitad pidió asilo, mientras que el resto solicitó la residencia. En junio, la agencia federal de refugiados de Brasil (Comité Nacional para los Refugiados, Conare, en portugués), declaró que existe una “violación grave y generalizada de los derechos humanos” en Venezuela, una declaración legal que agiliza el trámite para otorgarles asilo.
La gran mayoría de los venezolanos entra a Brasil a través de Roraima y muchos se quedan allí porque el estado no está bien conectado con el resto del país. La llegada de venezolanos ha desbordado los servicios de salud estatales y municipales, las escuelas y los servicios sociales para niños vulnerables, conforme indicaron autoridades estatales a Human Rights Watch.
Lea completo el informe de HRW aquí.
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