La comisión mixta del Parlamento solicitará a corte de La Haya determinar la responsabilidad penal de Nicolás Maduro y toda la cadena de mando que intervino en la Operación Gedeón por el presunto crimen de asesinato del expiloto del Cicpc Óscar Pérez y su grupo insurgente.
Caracas. La comisión mixta de la Asamblea Nacional (AN) conformada para investigar las presuntas responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en la violación de derechos humanos y asesinato de 7 venezolanos integrantes de un grupo insurgente autodenominado Movimiento Equilibrio, un funcionario de la PNB y un colectivo, el pasado 15 de enero, aprobó su informe final este miércoles.
El legajo de 100 páginas fue remitido este 7 de marzo a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, con la solicitud de que se inicie de oficio una revisión preliminar de las pruebas suministradas, con miras a la apertura de una investigación de ese organismo sobre la presunta comisión del crimen de asesinato. Así lo informó la presidenta de la comisión mixta, Delsa Solórzano (UNT-Miranda).
El informe contiene una serie de pruebas recabadas por la comisión que le permitieron a esa instancia concluir que: i) Las víctimas fueron asesinadas con disparos de gracia en la cabeza y columna y no producto de un enfrentamiento; ii) que el Estado violó los derechos humanos de los familiares al impedirles realizar los actos funerarios de su elección; iii) que el Estado utilizó armas de guerra en la operación; iv) que el Estado violó los protocolos de preservación del sitio del suceso así como de resguardo de evidencias; v) que el funcionario policial Nelson Chirinos y el colectivo Heiker Vásquez “no fueron asesinados por el grupo de Óscar Pérez” y vi) que conforme al derecho penal internacional, el hecho califica dentro de la definición de masacre.
Entre los documentos incluidos en el informe que fue remitido a la CPI destacan: las actas de defunción de las 7 víctimas de la Operación Gedeón; un acta policial que da cuenta de los 8 funcionarios policiales supuestamente heridos en “un enfrentamiento” con el grupo de Pérez; y la cadena de mando de la operación conjunta del Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa y que estaba encabezada por Nicolás Maduro en su condición de comandante en jefe.
Además se incluyen las actuaciones de los diputados durante las investigaciones; la entrevista con el director de la morgue de Bello Monte; las declaraciones de los familiares de las víctimas; y los testimonios de personas que se encontraban cerca del sitio del suceso cuando ocurrió el ataque de las fuerzas del orden público contra la casa ubicada en El Junquito.
Las apreciaciones de expertos consultados por la comisión en materia penal y criminalística también fueron incorporados al informe enviado a la CPI; la evidencia sobre la actuación de un integrante de un grupo civil armado progobierno denominado Colectivo Tres Raices con doble identidad (Heyker Vásquez/Andriu Gárate) como parte de las fuerzas del Estado; y las comunicaciones nunca respondidas, remitidas por la comisión a la Fiscalía General, la PNB, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General Militar entre otros entes, solicitando información sobre la Operación Gedeón.
[irp posts=”80842″ name=”Heyker Vásquez también participaba en las OLP en el 23 de Enero”]La cadena de mando
La cadena de mando que la comisión solicitó a la CPI investigar está encabezada por Nicolás Maduro en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada y jefe del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, por tratarse de una operación conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el del Interior, donde participaron funcionarios de varios cuerpos de seguridad, la cadena de mando que la comisión pide investigar está integrada además por: Vladimir Padrino, ministro de la Defensa; Iván Hernández, director de la Dgcim; Sergio Rivero Marcano, comandante general de la GNB para el día del ataque; Manuel Acevedo, director del Dgcim; Remigio Ceballos, jefe del Ceofanb; Néstor Reverol, ministro del Interior; Gustavo González López, director del Sebin; Alfredo Pérez Ampueda, director de la PNB y Rafael Bastardo, director del FAES.
El acta policial
Parte del acta policial que reporta los nombres y tipo de lesiones de los 8 funcionarios de la PNB heridos del 15 de enero.
La comisión parlamentaria advirtió sobre las inconsistencias en la operación Gedeón, evidenciadas no solo en las versiones contradictorias ofrecidas por distintos voceros del Gobierno, sino también las detectadas en el acta policial a la que tuvieron acceso en la investigación.
El informe enviado a la CPI destaca que según el acta policial, los 8 funcionarios heridos en el suceso recibieron disparos rasantes en distintas partes del cuerpo, incluso en zonas del cuerpo, como el abdomen, que debían estar protegidas por chalecos antibalas.
Además, el acta señala que todos los heridos fueron atendidos de emergencia y dados de alta el mismo día. Sin embargo, tanto Nicolás Maduro como otros altos voceros del Estado afirmaron que varios de los heridos se debatían entre la vida y la muerte.
Más de 30 detenidos
La comisión también reportó la detención de más 30 personas en el marco de la operación contra el grupo de Óscar Pérez, entre ellos 10 funcionarios de la FANB.
Destacó el caso de dos mujeres de apellido Lugo (madre e hija), “que no tienen absolutamente ninguna relación con ninguno de los integrantes del grupo”, dijo Solórzano, a pesar de tener el mismo apellido de una de las víctimas.
Asimismo, entre los detenidos hay un funcionario activo del Cicpc que, según Solórzano, no conoció ni trató al expiloto Pérez: “Él está detenido por haber señalado en un chat que esa no era forma de matar a alguien”.
El informe también incluye los atropellos contra la familia de uno de los detenidos, en particular la agresión de la que fue objeto un niño de 3 años que fue amenazado con un arma de fuego en la boca.
Solórzano leyó la lista de detenidos, pero aclaró que varios nombres fueron omitidos a petición de las familias:
1. Joly de John González
2. Juan Carlos Urdaneta
3. Eva Lugo
4. Laura Lugo
5. Antonio Pérez Cisneros
6. William Aguado Sequera
7. Frank Cabaña
8. William Cabaña
9. Héctor Pedroza
10. Jeison Jiménez
11. Jairo Sánchez
12. Eduardo Añez
13. Oscar Rivas
14. Juan Putillas
15. Carlos Pérez
16. Reinaldo Rodríguez
17. Carola Hernández
18. Víctor Escalona
19. Vanesa Barroso
20. Heber Celis
21. Primer teniente Robert Escalona
22. Primer teniente Edgardo Pérez
23. Primer teniente Anderson Pérez
24. Primer teniente Gustavo Sandoval
25. Primer teniente Alberto Maita
26. Primer teniente Johander Ceibas
27. Primer teniente Simon Torres
28. Primer teniente Vladimir Aguilera
29. Primer teniente Kilber Quiñones
30. Teniente Carlos Arias
El articulado aplicable
El Estatuto de Roma, instrumento que rige las actuaciones de la Corte Penal Internacional y del cual Venezuela es signatario, establece que ese ente tiene competencia para investigar y condenar el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión.
En su artículo 7 numeral 1a, el Estatuto precisa que el asesinato es considerado un crimen de lesa humanidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
En su denuncia ante la CPI, la comisión mixta se apega a la presunción de comisión del delito de asesinato en el caso de la masacre de El Junquito.
Foto: Cortesía
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