La falta de agua en Caracas revela profundas desigualdades sociales, agravadas por los racionamientos de Hidrocapital y la desinversión en infraestructura. Norberto Bausson, especialista en servicios públicos, enfatiza que las irregularidades en el servicio afectan especialmente a las mujeres. El acceso depende del poder adquisitivo, lo que convierte un derecho básico en un privilegio.
Caracas. Cuando el agua llega a Lomas de Oro, en el kilómetro 7 de El Junquito, no se anuncia. No hay aviso ni horario. Puede tardar semanas, incluso meses. Pero Carlos siempre está preparado. Hace 10 años que vive allí y ha aprendido que el primer día del racionamiento —ese en que por fin abren las válvulas— es el único en que el bombeo tiene fuerza suficiente para subir a las casas de esa comunidad asentada entre montañas.
Por eso instaló un dispositivo que él mismo llama “ladrón”. Este método de bombeo casero le permite captar el agua apenas empieza a fluir. Al frente, en la misma calle, Rosangela y su hijo observan esa rutina desde otra realidad. No tienen cómo pagar los 300 dólares que cuesta instalar ese mecanismo.
“Aquí el agua llega a veces, porque el bombeo es tan débil que no sube. Por eso, invertí en un “ladrón”, un sistema de bombeo que me permite agarrar agua el primer día que llega”, relata Carlos.
El día en que reactivan el suministro, en casa de Rosangela no suena ninguna bomba. El agua simplemente no sube. A veces, junto con su hijo, se asoma al portón para ver si algún vecino puede compartir un poco. Llenan tobos, los cargan hasta su casa. Cada tanto, repiten el recorrido. No hay otra forma.
“Tenemos que ir con los tobos a casa de algún vecino a agarrar agua para poder cocinar o bañarnos”, confiesa Rosangela, quien pueden pasar hasta 21 días sin recibir una gota.
Esto ocurre en el contexto del Plan de Racionamiento de la Hidrológica de la Región Capital, C. A. (Hidrocapital), empresa estatal encargada del servicio en Caracas y zonas aledañas. Este esquema establece cortes programados que, originalmente, podían durar entre 48 y 72 horas, pero actualmente en sectores como El Junquito los lapsos de espera se extienden a semanas enteras sin suministro.
En esta zona del suroeste caraqueño, el agua no llega igual para todos. Se filtra por las grietas de la desigualdad, como una metáfora de cómo la escasez separa, en lo más cotidiano, a quienes pueden sortearla de quienes apenas la resisten.
Desigualdes por la crisis
Desde hace casi una década, el racionamiento marca la vida de los vecinos. Algunos instalan tanques plásticos. Otros, cuando logran reunir recursos, cavan tanques subterráneos. No faltan quienes apelan a camiones cisterna, aunque sea una vez al mes. Cada quien sobrevive como puede.
La socióloga Mirla Pérez ha estudiado el impacto de esta distribución desigual en Caracas. Explica que la crisis hídrica no golpea igual en todas partes, y revela jerarquías tan visibles como dolorosas.
“Es necesario distinguir entre quienes, con suerte, reciben el agua dos horas al día o una vez a la semana y quienes la esperan por meses o años”.
Para la especialista, el problema no solo es técnico, sino económico: no todos tienen los recursos para responder a la escasez. Las alternativas están condicionadas por el poder adquisitivo. Mientras unos instalan bombas, tanques o pagan cisternas, otros apenas pueden almacenar lo poco que cae del grifo.
La desigualdad en el acceso al agua se cruza con otras formas de exclusión: pobreza, territorio, nivel educativo. Pérez habla de biopoder: la capacidad de las instituciones de controlar recursos básicos y, con ello, limitar derechos.
“El control sobre recursos básicos implica una limitación de derechos”.
Las más afectadas
Norberto Bausson, experto en servicios públicos, añade otra arista: la carga recae con más fuerza sobre las mujeres. En muchos hogares, ellas se encargan de buscar el agua, acarrearla, dosificarla. A veces, incluso dejan de ir al trabajo o a la escuela para cumplir con esas tareas.
“En la mujer se vulnera aún más los derechos y se incrementa la desigualdad. Ellas son responsables de trabajar fuera de casa como de las tareas domésticas, lo que crea una carga”,
alega.
Bausson apunta que las zonas más altas de la ciudad, como El Junquito o San José de Cotiza, son las más golpeadas. “Las comunidades altas son las más afectadas”.
Allí, el agua sube con menos fuerza. En San José, por ejemplo, hay sectores donde solo llega una noche a la semana. En otros, fluye por apenas tres días. Es el caso de Gisela Villegas, trabajadora administrativa de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien ha reorganizado su semana según el servicio, pues el suministro solo llega los miércoles a partir de las 11:00 p. m.
“No voy al trabajo los jueves porque debo hacer los oficios de la casa. Mientras uno ve desde el domingo cómo en la parte baja botan el agua”, denuncia.
Derechos vulnerados
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que el agua y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Esto implica que se debe disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico.
Pero en Venezuela, según el informe Declive de los Servicios Públicos de la ONG Caleidoscopio, el 80 % de la población no cuenta con agua potable de forma continua. Muchos deben comprarla o buscarla por otros medios. Hay quienes lavan la ropa en casa de algún vecino; otros tienden mangueras de una vivienda a otra para abastecerse.
Pérez subraya que el derecho al agua no está garantizado ni en barrios ni en urbanizaciones. El suministro irregular afecta a todas las clases sociales y pone en riesgo el acceso seguro para el consumo humano.
El servicio intermitente profundiza la crisis y reduce el acceso garantizado a agua para consumo.
Dinámicas comunitarias
Pérez detalla que la falta de acceso al agua potable afecta de manera significativa las dinámicas diarias de las personas en comunidades vulnerables, lo que genera desigualdades extremas.
“Quienes dependen de la recolección de agua de lluvia experimentan una limitación severa. Estos problemas del servicio pueden desestabilizar relaciones familiares y afectar la salud”,
puntualiza la investigadora del Instituto de Investigaciones de Faces.
En contraste, las personas en áreas urbanas, aunque pueden tener limitaciones en la calidad y regularidad del suministro, enfrentan una dinámica diferente que no implica el mismo nivel de desgaste.
Aunque en algunas zonas urbanas hay cortes menos severos, la escasez desgasta. Para Pérez, el acceso al agua es tan determinante que se considera un punto de partida para salir de la pobreza.
“Tener agua potable en una vivienda es el primer punto para salir de la pobreza”.
Alternativas excluyentes
En algunos municipios se han buscado alternativas. En Chacao, por ejemplo, la perforación de pozos se ha convertido en una respuesta al colapso del sistema. Según el alcalde Gustavo Duque, se han construido más de 30 pozos que benefician a más de 15.000 residentes de esa localidad del este de Caracas.
Nancy Rodríguez, vecina de Bello Campo, cuenta que desde entonces tiene agua de forma permanente. “Antes vivíamos con más de cinco días sin el suministro”.
Sin embargo, Bausson advierte que esta solución, aunque eficaz a corto plazo, es coyuntural y desigual, pues implica otras distorsiones y suma otras maneras de exclusión.
“Los pozos funcionan, pero cuando se hacen de forma irregular se crean problemas en el acuífero y contaminas el agua que será distribuida”.
Insiste en que estos proyectos deben tener supervisión técnica, hacerse en zonas adecuadas y con planes de mantenimiento.
La situación, para él, muestra el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Venezuela, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 6 de la ONU, centrado en garantizar agua limpia y saneamiento.
Desde 2010, al menos cinco planes nacionales de rehabilitación hídrica han sido anunciados, pero ninguno ha logrado restablecer la capacidad operativa de los sistemas Tuy I, II y III, responsables del 70 % del abastecimiento del área metropolitana.
Para el especialista, Venezuela atraviesa un estado crítico en materia hídrica, no solo por la evidente precariedad de su infraestructura —obsoleta y colapsada tras años de abandono—, sino también por la ausencia de políticas públicas sostenibles que garanticen un acceso equitativo al agua.
La falta de soluciones integrales para una emergencia que afecta a millones de personas no solo agrava la emergencia actual, sino que también evidencia cómo el acceso al agua se ha convertido en un privilegio que refleja la fractura social del país.
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