Espacio Público: En 2015 se registraron 287 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

Los funcionarios del Estado fueron los principales hostigadores de los comunicadores. 90% de las víctimas son periodistas y fotógrafos. Exigen al Estado garantizar la libertad de expresión

Redacción Espacio Público/@espaciopublico

Caracas. La Organización No Gubernamental Espacio Público, registró en su informe que entre enero y diciembre de 2015 se registraron 284 violaciones a la libertad de expresión. Pese a que el número presenta una reducción de 50,43% con respecto al 2014 (fecha en la que se realizaron las protestas estudiantiles de febrero y marzo), y los principales .

El mayor porcentaje de víctimas son hombres, que representan el 58% (120 ciudadanos), y las mujeres alcanzan un 41% (84 personas). En el año 2015 las mujeres se ubican como víctimas en un alto porcentaje de incidencia, la más elevada desde 2005 cuando fue de 47%, entre 2006 y 2014, esta osciló de 23% a 38%.

“2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total de casos registrados desde el año 2002”, señala el informe.

Espacio Público señaló que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre fue el momento en cual se incrementaron el mayor número de las violaciones a la libertad de expresión. Entre el 2  y 6 de diciembre se registraron 38 casos: 31 de intimidaciones, 4 amenazas y tres agresiones.

Para la ONG, los cuerpos de seguridad fueron quienes más agredieron e intimidaron a los reporteros y fotógrafos. 65 de los 239 casos registrados fueron ejercidos por estos organismos. Los funcionarios públicos también amedrentaron y hostigaron a los comunicadores, pues se contabilizaron 53 casos. Durante el año 2015, Diosdado Cabello, quien era entonces la Asamblea Nacional, encabezó la lista de funcionarios que más hostigaron y amenazaron a los reporteros.

“El 39,62%, es decir, 21 de 53 arremetidas contra la libertad de expresión por parte de funcionarios fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas” afirmó Espacio Público.

La intimidación y hostigamiento verbal, señalan, son patrones concurrentes en la construcción del miedo a expresarse, son los precursores que delatan el propósito de la política pública: silenciar las críticas públicas,  objetivo que se impide cuando las víctimas denuncian lo sucedido y la acción colectiva vence el miedo a comunicarse.

La censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, 47 ocasiones que representan el 16% de las violaciones. Los dueños o directiva de medios de comunicación fueron censores en el 34,78% del total de casos. El 90% de las víctimas son periodistas y fotoreporteros.

A nivel de restricciones legales se aprobó el 10 de diciembre la Ley de Comunicación del Poder Popular la cual  establece que se le dará prioridad a los “Medios de Comunicación para el Poder Popular” sobre el espectro Radioeléctrico Nacional. Esta medida es contraria a los estándares de derechos humanos de libertad de expresión ya que no brinda un trato justo y equitativo a todos los tipos de medios de comunicación, sean estos públicos, privados o comunitarios.

Otra medida que constituye una restricción legal es la reforma la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), por parte del presidente Maduro, el 30 de diciembre de 2015, un día antes del vencimiento de la Ley Habilitante.

Espacio Público afirma que “el contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su realización”, así como la necesidad de diálogo y debate, como una herramienta democrática que fortalecerá la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora de la calidad de vida.

La ONG concluye que el Estado abandonó “las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela”.

La preeminencia de un discurso político polarizador, señalan, especialmente inducido desde el Ejecutivo pero al que contribuyen diversos sectores de la sociedad venezolana, que coloca a los diversos actores en un juego de enemigo o amigo intensifica el encono o animadversión, reduciendo las posibles opciones de diálogo e intercambio, especialmente entre las élites políticas, que son necesarias para la sociedad venezolana.


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