El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios de Venezuela cercanos a Nicolás Maduro, y a quienes acusó de proclamar “falsamente” la victoria del mandatario chavista en las elecciones del 28J.
Caracas. El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves, 12 de septiembre, a 16 funcionarios “afiliados” a Nicolás Maduro por proclamar “falsamente” al mandatario chavista como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.
Estados Unidos acusó a estos 16 funcionarios, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, de “impedir” que los comicios del 28J fueran transparentes y de que se publicaran resultados precisos y confiables.
A través de un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que el chavismo, en el poder desde 1999, reprimió e intimidó a la oposición democrática de Venezuela “en lugar de respetar la voluntad del pueblo” que se expresó en las urnas.
Esto, afirmó Blinken, es “un intento ilegítimo” por parte del chavismo “de aferrarse al poder”.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela”, prosiguió el secretario de Estado en el texto.
Las sanciones, que por ahora solo son de visado, restringen el ingreso de estos funcionarios venezolanos a Estados Unidos.
Entre togas y lacrimógenas
Entre los sancionados resaltan la presidenta del TSJ, y los magistrados del máximo tribunal Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo y Fanny Márquez.
Además, las sanciones recaen sobre el juez Edward Briceño, y los fiscales Luis Ernesto Dueñez y Dinorah Bustamante Puerta.
Asimismo, Estados Unidos sancionó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, y los rectores del CNE Antonio Meneses y Rosalba Gil.
Por último, también fueron sancionados el jefe del CEOFANB, Domingo Hernández Lárez; el comandante de la GNB, Elio Ramón Estrada; el comandante de la REDI Capital, Johan Hernández Lárez. Asimismo, el listo incluye al director de investigaciones criminales de la DGCIM, Asdrúbal Brito Hernández, y el director del SEBIN, Miguel Muñoz.
Una medida que se esperaba
Las sanciones se esperaban desde que la oposición denunció un supuesto fraude en los pasados comicios presidenciales y Estados Unidos anunció que evaluaba acciones contra el Gobierno venezolano.
Entonces, el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González, aseveró que las elecciones fueron “fraudulentas”. Días después, respaldó la publicación en una página web (resultadosconvzla.com) de miles de supuestas copias de las actas de la elección. Estos comprobantes, que reflejan el 83, 5% del escrutinio, las recabaron los miles de testigos opositores en todo el país.
Según estas actas, González habría ganado las elecciones de forma abrumadora, con casi 7 de cada 10 votos.
Pero la Fiscalía y el TSJ, que convalidó los resultados que ofreció el CNE -que dieron como ganador a Maduro con más del 51 % de los votos-, apuntaron que estas actas eran forjadas.
Posteriormente, el Ministerio Público acusó a González y otros líderes opositores de supuesta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.
Además, libró una orden de aprehensión después de que el opositor se negara a acudir a una entrevista en la Fiscalía hasta en tres ocasiones.
González está en Madrid desde el domingo pasado, tras abandonar Venezuela para evitarle “dolor y sufrimiento” al pueblo, según dijo en una carta abierta.
Dirigentes de la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional tacharon de “exilio forzado” la salida de Venezuela del excandidato opositor.
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