Estados Unidos impuso sanciones a 16 altos funcionarios venezolanos acusados de obstruir elecciones y violar derechos humanos. La lista incluye a jueces, fiscales y militares involucrados en la represión y manipulación electoral.
Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 16 altos funcionarios y de rangos medios venezolanos, acusados de obstruir el proceso electoral presidencial y violar los derechos civiles y humanos en Venezuela.
La medida, anunciada este jueves, 12 de septiembre, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se enmarca en la Orden Ejecutiva 13692 y afecta a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y militares, de inteligencia y con puestos administrativos en el Gobierno.
Entre los sancionados destacan figuras clave relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro, quien ya fue sancionado por la OFAC en 2017. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, declaró al dar a conocer el nuevo esquema de sanciones que estas acciones buscan “exigir cuentas a Maduro y sus cómplices” por la represión contra los ciudadanos venezolanos y la negación de elecciones libres y justas.
Los perfiles de los sancionados revelan una red de altos cargos implicados en la manipulación del proceso electoral y la represión de la oposición, puntualizó la OFAC en un comunicado.
Crónica Uno resume los perfiles de los 16 funcionarios sancionados por Estados Unidos. Estos perfiles ofrecen una visión detallada de los cargos que ocupan y las acciones que han llevado a su designación por parte de la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense.
Jueces y fiscales
1. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta: magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional. Apoyó la decisión de revisar y “certificar” la victoria de Maduro en las elecciones. Sancionado por Canadá en 2019 por socavar la democracia.
2. Malaquías Gil Rodríguez: presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Acusado de “obstruir la democracia” al ratificar la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado. Sancionado por Canadá en 2018 por corrupción y violación de derechos humanos.
3. Juan Carlos Hidalgo Pandares: vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Ex general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del Ejército. También acusado de poner trabas a la candidatura de Machado.
4. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez: presidenta del TSJ desde enero de 2024 y presidenta de la Sala Electoral. “Certificó” la victoria de Maduro, a pesar de las acusaciones de fraude electoral y las omisiones legales del CNE, como la publicación de los resultados desglosados mesa por mesa.
5. Fanny Beatriz Márquez Cordero: vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Participó en la “certificación” de la victoria de Maduro.
6. Edward Miguel Briceño Cisneros: juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo. Emitió la orden de captura contra el excandidato opositor Edmundo González Urrutia.
7. Luis Ernesto Duenez Reyes: fiscal del Ministerio Público que solicitó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia.
8. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta: fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado. Acusada de iniciar procesos penales con motivaciones políticas contra opositores. Sancionada por la Unión Europea, Reino Unido y Suiza en 2020.
Del CNE y la AN
9. Rosalba Gil Pacheco: rectora del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Acusada de establecer reglas restrictivas para observadores electorales y declarar a Maduro ganador sin las debidas auditorías.
10. Antonio José Meneses Rodríguez: secretario General del CNE. Acusado de imponer nuevas normas restrictivas para testigos electorales de la oposición. Firmó el documento que inhabilitó a María Corina Machado.
11. Pedro José Infante Aparicio: primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) por el oficialismo. Lideró la comisión que investigó a miembros de la oposición.
Policías y militares
12. Domingo Antonio Hernández Larez: comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acusado de represión y hostigamiento sistemático contra civiles.
13. Elio Ramón Estrada Paredes: comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Lideró detenciones de manifestantes pacíficos y acoso a simpatizantes de la oposición.
14. Johan Alexander Hernández Larez: comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital de la Guardia Nacional Bolivariana. Implicado en la represión y detención de ciudadanos en protestas.
15. Asdrúbal José Brito Hernández: director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Identificado como torturador en informes de la Organización de Naciones Unidas y líder de una campaña de acoso contra opositores, llamada “operación tun tun”.
16. Miguel Antonio Muñoz Palacios: subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Líder del “Grupo Pitbull”, acusado de secuestros y asesinatos por motivos políticos.
Más de 140
Estas sanciones se suman a las ya impuestas anteriormente a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas. Las medidas implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedad de los sancionados en Estados Unidos, así como la prohibición de transacciones con ellos por parte de ciudadanos estadounidenses.
El Departamento del Tesoro subrayó en una nota de prensa que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento de los sancionados. Sin embargo, la magnitud y el alcance de estas medidas reflejan la creciente preocupación de Washington por la situación política en Venezuela y su determinación de presionar al régimen de Maduro para que permita un proceso electoral transparente y respete los derechos humanos.
Para la líder de la oposición, María Corina Machado, estas sanciones confirman que “la comunidad internacional observa con atención” el desarrollo de la crisis poselectoral en Venezuela. Mientras, la oposición venezolana, amenazada por la persecución y detención de sus principales líderes y el exilio forzado de otros, entre ellos Edmundo González Urrutia, busca nuevas estrategias para enfrentar al gobierno de Maduro en un contexto cada vez más represivo.
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