Los afectados siguen a la espera de la ayuda de los operadores de las maquinarias para rescatar a sus amigos y familiares tapiados, a una semana del doblete sísmico que afectó también al Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo.
Caracas. El movimiento de remoción de los escombros se ha detenido por completo en varias zonas de La Guaira. Hacia la parte alta de Caraballeda hay varias estructuras donde los rescatistas extranjeros, luego de hacer diagnósticos con sensores y drones, determinaron que no había señales de vida. Pusieron unos códigos y escribieron “no recuperable” y siguieron su ruta de rescate.
Esa frase hace mella en los sobrevivientes de los terremotos que azotaron a gran parte del país el 24 de junio, quienes hacen guardia en los alrededores de las ruinas y en donde saben que están enterrados sus allegados y amigos.
El martes, 30 de junio, llegó una maquinaria pesada a la urbanización Palmar Este. La gestionaron los vecinos. Al menos en dos de los edificios caídos hay 51 personas tapiadas, dicen los residentes que esa cifra la dieron los rescatistas de Estados Unidos que inspeccionaron el sitio: 13 en una residencia y 38 en la otra.
También fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a remover dos cuerpos, pero a mitad de la labor se quedaron sin gasolina y la máquina para cortar no funcionó.
Unos sin guantes y sin tapabocas, intentaban con una segueta cortar unas vigas; pero les era imposible. Además, el hedor impregnaba la zona y, por momentos, paraban las el proceso.
Quienes estaban en los alrededores preguntaban si había familiares de las personas que se presume estaban en el edificio de seis pisos, de los cuales cuatro quedaron sepultados, pero nadie respondía.
“Ahora quién sabe qué va a pasar con esos cuerpos cuando los saquen, hay que estar pendientes porque se extravían”, comentó una señora.
Más abajo, hacia el sector Los Cocos, en las OPP 26 y 27 cuentan los minutos, guardan silencio y sacan cuerpos sin vida. Las personas intentan el reconocimiento mientras los forenses ponen el código en la bolsa.
“Sucede que a veces creemos que son, pero a estas alturas es difícil reconocerlos; están quemados, hinchados. No quiero que lo lleven a una fosa común si no lo puedo reconocer”,
dijo una señora apostada en el sitio.
Eduardo Fernández también está allí por esa razón, porque no quiere que los cuerpos de su hermana Yenifer y de sus sobrinos, Germandeli, de 6 años de edad; Mía, de un año, y Yeimary, de tres años, se los lleven a un sitio donde no los pueda encontrar.
Norgi Bongiorno igual busca a su nuera, quien estaba en el piso cuatro de esas mismas torres. Ya la ubicaron, pero no pueden remover la viga principal y no quieren cortarla porque sienten que ya han sufrido mucho para hacer eso. Cada piso tenía ocho apartamentos con tres o cuatro habitantes: “Aún falta mucha gente por sacar”.
Esas torres no solo se cayeron, sino que se incendiaron, y muchos de los cuerpos que han sacado tienen las heridas agresivas de las llamas.
Los sobrevivientes que aún deambulan por la zona miran esas escenas. Se paran cuando piden silencio para ver si escuchan un signo de vida, pero albergan dolor e impotencia porque la tragedia sigue allí, atrapada bajo el cemento.
Entre la morgue y la supervivencia
Mientras unos hacen el periplo de ir de morgue en morgue, de cuidar los cadáveres entre los escombros para que no se desaparezcan, en las calles de Los Corales y Caraballeda la gente busca comida y ropa.
Es desoladora la imagen de los zapatos, vestidos, pantalones y camisas que dejan tirados en la acera, sin ningún orden ni un adecuado almacenamiento. Quien quiere se acerca, recoge lo que necesita y lo que no lo tira.
Esto deteriora y ensucia lo que han donado otros. Además, al no estar las prendas clasificadas por talla o por género se dificulta que lleguen a los más necesitados. Esto golpea aún más la dignidad de quienes lo han perdido todo.
Lo que ocurre en las zonas de desastre de La Guaira evidencia la flagrante vulneración de los protocolos internacionales para la gestión de víctimas. Las ayudas no llegan a todos a menos que se acerquen a los centros de acopio que aún se ven desorganizados .
Hay camiones con agua potable y hielo que se paran en los espacios como bombas de gasolina y reparten a todo el que se acerque. También hay organizaciones civiles que llevan food trucks y, de nuevo, atienden a quienes están por los alrededores. Hay familias que prefieren permanecer cerca de sus hogares destruidos para evitar robos y a ellas no llega directamente la ayuda.
El poco comercio que no sufrió daño trabaja a media máquina porque no hay luz en muchas zonas. También la vialidad está muy afectada, hay grietas, levantamiento de la capa asfáltica y hundimientos, caída del alumbrado público y de transformadores de luz.
La señal telefónica es débil de Caribe hacia Tanaguarenas, aunque hay empresas que apoyan con Wifi gratuito y con baterías para la recarga de los teléfonos.
En La Guaira la tragedia se mira por todos lados. Los derechos humanos no caducan cuando la persona muere. El Estado venezolano tiene la obligación jurídica y ética de garantizar la identificación fehaciente de los fallecidos, evitar las fosas comunes y proveer los recursos técnicos necesarios para rescates dignos.
Sin embargo, al dejar la recuperación en manos de la discrecionalidad o el bolsillo de los vecinos, y al someter a ciudadanos como Esther o Eduardo al laberinto de la burocracia forense, se incurre en una revictimización sistemática.
La emergencia no justifica el desorden. Detrás de cada código borroso pintado con marcador y de cada viga que no se puede mover por falta de gasolina, hay una violación al derecho a la verdad y a la reparación emocional de una comunida
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