El abogado tenía preso más de un año, en el que su familia nunca pudo acceder a su expediente. Su esposa, Mariana González de Tudares, siempre afirmó que su detención fue una retaliación por la causa política de su padre.
Caracas. Durante la madrugada de este jueves, 22 de enero, excarcelaron a Rafael Tudares Bracho, informó su esposa Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana reconoce como ganador de las últimas elecciones presidenciales.
El abogado estuvo detenido 380 días y había sido condenado a 30 años de cárcel, luego de un proceso judicial minado de irregularidades y sin garantía de sus derechos.
La excarcelación se produce tres días después de que González de Tudares denunció que fue víctima de extorsión en al menos tres ocasiones. «Se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa», reveló en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Añadió que los episodios «se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender derechos humanos».
Detención arbitraria y desaparición forzada
El 7 de enero de 2025 Rafael Tudares Bracho llevaba a sus hijos a la escuela cuando un grupo de hombres encapuchados y vestidos de negro lo interceptó. A la fuerza, lo subieron a una camioneta color dorado y se lo llevaron, nadie supo a dónde, sometido así a una desaparición forzada.
En ese momento comenzó una dura lucha. Su familia lo buscó por distintos centros de detención, pero en ningún lado hubo respuestas. El 8 de enero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre el arresto de un alto funcionario del FBI de Estados Unidos, por presuntos planes conspirativos. En esas declaraciones, dijo que capturaron a Tudares.
“¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? ¿Por eso se llevaron a mi esposo? ¿De qué se le acusa?”, cuestionó Mariana González de Tudares, en el primero de sus pronunciamientos. Insistió que él no estaba vinculado a asuntos políticos ni había participado en ningún hecho de los que se le pretendían atribuir.
“Su secuestro es una medida de retaliación política”, afirmó a 48 horas de la detención arbitraria. “Sus hijos no merecen sufrir y cargar todas las noches con el trauma de lo que presenciaron”, escribió al cumplirse una semana. “No voy a descansar hasta que estés libre. Estoy luchando todos los días por ello. Confío en Dios en lograrlo. Ignacio, Martina, abuelita Are y yo estamos muy pendientes de ti”, publicó al cumplirse un mes de los hechos.
Un proceso judicial sin garantías
Fue a finales de febrero de 2025 cuando autoridades finalmente informaron a Mariana González que su esposo estaba recluido en el Rodeo I, pero al ir a buscarlo los custodios repetían: “no está aquí”, “no lo han traído para este lugar”.
Días después supieron que tuvo una audiencia de presentación ante los tribunales penales con competencia en terrorismo en la que no pudo designar un abogado de su confianza. “Le imputaron formalmente, y sin justificación alguna, los mismos delitos que se le imputan a mi padre, en un ‘supuesto grado de complicidad’”, describió su esposa.
Los abogados de la familia nunca tuvieron acceso a su expediente. El juicio se realizó el 28 de noviembre “en una sola y única audiencia” de más de 12 horas. Días después lo sentenciaron a 30 años de cárcel, la pena máxima en Venezuela.
Aún sin libertad plena
Mariana González de Tudares explicó que aunque lograron la excarcelación de su esposo, quien ya está de vuelta en su hogar junto a sus dos hijos, «aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena«.
Agradeció a quienes la apoyaron durante este esta lucha, incluyendo a las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos.
También mencionó al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá. «Siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias», dijo.
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